En las últimas horas quedó en claro cuál es la principal consecuencia política de la explosiva renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en el Congreso: crece el riesgo de que, en una reacción espejo, también la oposición se divida entre los "blandos" que quieren votar el acuerdo con el FMI bajo cualquier circunstancia y los "halcones" que proponen no votar nada que no tenga el respaldo del kirchnerismo.

Las diferencias se empezaron a esbozar apenas se produjo la ruptura que llevó a la crisis política del oficialismo. Y era lógico: ante la perspectiva de que la bancada legislativa del kirchnerismo pudiera no convalidar en el Congreso al acuerdo con el Fondo, a Alberto Fernández le resultaría indispensable el apoyo de la oposición.

En otras palabras, Juntos por el Cambio quedó en la situación incómoda de tener que ocupar un rol de árbitro. Es un dilema de difícil resolución: si prevalecieran los "halcones", entonces eso sería lisa y llanamente la caída del acuerdo con el Fondo, un default de hecho y una crisis financiera. Algo que, para usar palabras del ministro Martín Guzmán, equivaldría a "dar un paso a lo totalmente desconocido, abrir la puerta a la angustia".

En ese caso, juntos por el Cambio estaría empujando al peronismo a una crisis terminal -y algunos especulan una elección adelantada-, pero el costo político sería altísimo: desde el mundo empresarial y financiero vendrían reproches por la turbulencia económica generada.

Si, en cambio, se impusiera la visión del sector "institucionalista" que pide hacer un salvataje al acuerdo con el FMI y a la presidencia de Alberto Fernández, también se corren riesgos políticos que muchos rechazan. Supondría que Juntos por el Cambio pasaría a ser, ante la opinión pública, co-responsable de un eventual fracaso del plan económico, mientras el kirchnerismo podría alegar que había advertido la crisis que vendría.

Es por este motivo que, contra lo que pueda parecer a primera vista, la pelea del Gobierno no es una situación festejada dentro de la oposición, que ansía que haya alguna señal de Cristina Kirchner en el sentido de que acompañará el proyecto.

"Es la primera vez que un presidente pierde el control de los bloques. Veníamos diciendo que había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo, con respecto al acuerdo con el FMI", protestó el diputado radical Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio y la UCR.

Más explícito, el senador radical Alfredo Cornejo avisó: "Si Cristina y Máximo no ponen la firma, no se la puede corresponsabilizar a la oposición".

Por su parte Silvia Lospennato, diputada del PRO, envió un mensaje algo ambiguo, al recordar que "Hasta el 10 de diciembre de 2023 este sigue siendo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa. No son gobierno y oposición. Son todos corresponsables del éxito o fracaso de su propuesta política 2019/23".

Por un lado, esto implica denunciar una estrategia política del kirchnerismo para evadir responsabilidades. Pero por otra parte da a entender que la oposición no tomará acciones que puedan atentar contra la normal terminación de la gestión del Presidente.

Y, fuera de micrófono, hay dirigentes que dicen sin tapujos que no se imaginan al bloque legislativo de la oposición votando en contra del acuerdo con el FMI. El solo hecho de que el mercado haya reaccionado con una suba del dólar blue y con una caída de bonos tras la "bomba" de Máximo sirvió como recordatorio del precario equilibrio que transita la economía.

En realidad, las diferencias de matices son perceptibles desde hace tiempo. Por ejemplo, ante la convocatoria de Guzmán para explicar los términos de la negociación, el gobernador jujeño Gerardo Morales había sido objeto de críticas por parte de quienes sostenían que la oposición no debería concurrir. "Nosotros contrajimos la deuda y lo menos que podemos hacer es ir y escuchar", había dicho el gobernador radical.

¿Un escenario imposible?

Más allá de los pronunciamientos formales de los dirigentes, cuando se analiza el debate en la base militante de la oposición, ahí queda más en evidencia la divergencia de criterios entre quienes quieren evitar "la trampa" de quedar como sostén político de Alberto y los que advierten sobre la gravedad potencial una crisis económica y política del Gobierno.

Lo cierto es que uno de los temas preferidos de los analistas en este momento es si es imaginable en la Argentina la situación de un peronismo dividido en el que el kirchnerismo pase a ocupar un rol abiertamente opositor mientras Juntos por el Cambio ayuda al Presidente a transitar el final de su mandato.

Los antecedentes históricos muestran que eso sí ha ocurrido en otros países que firmaron acuerdos con el Fondo, y en los que la coalición gobernante se quebró. El caso de Grecia en la década pasada es el más recordado: un gobierno de izquierda terminó haciendo el ajuste contra el que se había pronunciado, al firmar un acuerdo de duras metas fiscales, que terminó por generar una ruptura interna.

En Argentina, las fisuras en las coaliciones gobernantes han sido una constante, aunque nunca en una situación de semejante gravedad.

Por lo pronto, desde el kirchnerismo siguen llegando señales que intranquilizan al ambiente político. Referentes como Leopoldo Moreau que avisan que tratarán de cambiar puntos del acuerdo que negoció Guzmán -algo a lo que el Presidente se opone-; diputados que ya avisan que votarán en contra, como los que responden al sector liderado por Juan Grabois; y frases altisonantes como la de la controvertida ex diputada Fernanda Vallejos, quien dijo que la derrota peronista en 2023 es un evento "con altas probabilidades" por culpa del acuerdo con el FMI.

De manera que una ruptura oficialista ya es vista como un hecho difícil de revertir. En cambio, no está tan clara la situación de la oposición. Y es en este momento que toma relevancia la invitación diferenciada que había hecho Alberto Fernández luego de las elecciones legislativas.

En aquella ocasión, al anunciar el envío al Congreso de un plan plurianual que sería la base para un acuerdo con el Fondo, el Presidente había intentado meter una cuña en la oposición al dejar en claro que su convocatoria al diálogo no incluía a todos.

Al celebrar el Día de la Militancia ante una Plaza de Mayo colmada de un peronismo no K, el Presidente había dicho que su llamado era para sectores de la oposición "que no expresan odio ni boicotean", una categoría en la que incluyó, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, pero no a Mauricio Macri.

"Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo haciendo negocios", agregó. En todo caso, lo que eso demuestra es que la eventualidad de una fisura en la oposición ha sido siempre un escenario que el peronismo mira con deseo, porque naturalmente mejora su chance electoral con vistas a 2023.

Peleas por la justicia, motivo de cohesión interna

Mientras Alberto Fernández monitorea la crisis política desde su gira por Rusia y China, el clima de confrontación sigue subiendo de temperatura en el país.

Además de la discusión por el FMI, se recalentó la vieja discusión sobre la reforma judicial y la denuncia opositora de un intento de intromisión por parte del Gobierno. La marcha realizada el martes a la plaza Lavalle para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema empezó como una iniciativa del kirchnerismo más radicalizado, pero los medios gubernamentales trataron de transformarlo en una causa de unidad que compensara las peleas internas por la economía.

También el tema funciona como motivo de cohesión entre los opositores: los repudios a la marcha vinieron desde todos los sectores. Pero, además, hubo una convocatoria a una "contra marcha", el próximo jueves, en la misma plaza y a la misma hora, a donde concurrirán para manifestar su apoyo a la independencia de los jueces y fiscales.

Esa situación vuelve a poner la relación entre peronismo y oposición como un desafío para mostrar la mayor convocatoria callejera, algo que ya se había visto durante toda la saga de los "banderazos".