Mientras el expresidente del Emsur, Eduardo Leitao, logró un falló en su favor para que la Municipalidad de General Pueyrredon dicte acto administrativo definitivo al reclamo por el pago de vacaciones no gozadas en 2018 y 2019, en paralelo avanza un reclamo judicial similar de un conjunto de exfuncionarios entre los que se destaca el exintendente Carlos Arroyo.

El expediente administrativo adjuntado a la causa que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 arrojó datos sorprendentes, en donde por su condición de funcionario electo la situación de Arroyo difiere de la de los otros demandantes, donde se destacan el exsecretario de Gobierno, Alejandro Vicente, la exsecretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, el exsubsecretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, y la exsubsecretaria de Educación, Susana Rivero.

En una actuación del 3 de diciembre de este año, la Dirección de Liquidación y Control de Haberes consideró que “no existen en esta Municipalidad antecedentes de pago de licencias no gozadas de quienes hayan desempeñado cargo electivos”. Además, “el intendente municipal se encuentra excluido por el artículo 47 de la Ley 14.656 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades)”, por lo que se giró el expediente administrativo a la Subsecretaría Legal y Técnica para que informe sobre la procedencia del reclamo. A la fecha, esa actuación está pendiente.

Previamente, en enero el Departamento de Control de Personal había establecido que a Arroyo le correspondían 21 días de licencia de 2018 y 19 de 2019, aunque luego la Subsecretaría de Coordinación Administrativa se negó a valorizar el monto de esas licencias por lo mencionado a posteriori por la Dirección de Liquidación. Diferente fue el trámite del resto de los funcionarios, donde sí se realizó dicha valorización.

Asimismo, se desprende otro dato curioso y que evidencia un trato diferencial hacia Arroyo: el 11 de septiembre, el subsecretario de Coordinación Administrativa, Mauro Martinelli (designado esta semana como reemplazante del exsubsecretario de Legal y Técnica, Franklin Llan de Rosos), dictó una acto por el cual se citó al exintendente para que se presente ante la Dirección de Personal para  que, muñido de su DNI, certifique su firma.

Un mes después, se contempló su situación por tratarse de una persona en situación de riesgo ante el Covid, por lo que un notificador se presentó en su domicilio personal de Belgrano al 4600 para realizar el trámite.

Todas esas actuaciones forman parte de la causa que ahora seguirá analizando el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1, Simón Isaach, quien ya cuenta con la jurisprudencia sentada por su par Marcelo Fernández, quien ya reconoció la mora de la Municipalidad en el caso de Leitao.