La jueza Pérez Casado dictó ayer, a última hora de tarde y en paralelo al inicio de la reunión en la cartera laboral entre funcionarios nacionales y los trabajadores de Cresta Roja, la quiebra de la empresa avícola en un fallo en el que también consideró “necesario y urgente disponer la intervención de autoridades estatales para colaborar con el Juzgado”, a fin de encontrar una solución definitiva al conflicto.

Una vez finalizada la reunión que encabezó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, los delegados de los trabajadores de Cresta Roja se mostraron “predispuestos” a levantar el acampe en la autopista Ricchieri.

“Vamos a acercarnos al corte y vamos a comunicarle a los compañeros el tema de quiebra”. indicó el delegado Cristian Villalba, que consideró que la medida judicial y el compromiso del Ejecutivo llevan el conflicto “a un punto para comenzar de nuevo”, a la vez que recalcó “el compromiso de no abandonarnos y buscar la mejor salida posible”.

“Hay compromiso político para acompañar a los trabajadores". Por su parte, Triaca explicó: “Nos juntamos con los compañeros (en relación a los trabajadores) y analizamos el fallo de la jueza y las medidas que establece”, y anticipó que hoy habrá una nueva reunión en el juzgado de Pérez Casado.

Al mismo tiempo, el titular de la cartera laboral remarcó: “Les hemos trasmitido a los trabajadores que esta Gobierno nacional y el provincial no los va a abandonar y que estaremos atentos a sus requerimientos”.

En este sentido, informó que a los programas Repro de 4.000 pesos otorgados por Trabajo, se sumará una suma fija de 6.000 pesos por trabajador, a lo que se agregará la entrega de bolsones del Ministerio de Desarrollo Social para “que pasen las fiestas en familia, mientras se alcanza una solución definitiva”.

“Hay compromiso político para acompañar a los trabajadores en esta instancia que es de mucho sufrimiento”, indicó Triaca.

Incidentes. El fallo judicial y el diálogo en el Ministerio de Trabajo llegaron luego que por la mañana la Gendarmería Nacional desplegara un operativo para desalojar el piquete que los trabajadores de Cresta Roja realizaban sobre la autopista Ricchieri. 

El accionar policial dejó como saldo con un obrero detenido, mientras que Carlos Mansilla, delegado gremial, recibió una decena de perdigonadas en la espalda, que le provocaron graves heridas y por las cuales fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y otros trabajadores recibieron también heridas de distintas consideración, aunque no de gravedad.

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, había anticipado más temprano que los manifestantes "no podían perjudicar así a otros trabajadores" y en declaraciones a radio Blue afirmó que "el derecho de unos termina donde empieza el derecho de otros".

Burzaco ratificó que el Gobierno trabaja en un protocolo para actuar en caso de cortes de rutas y precisó que su línea central será "entender que hay un derecho a manifestarse pero también hay otros derechos".

"Los cortes totales están prohibidos por ley, con un marco de razonabilidad hay que buscar una solución para que la ley se cumpla", manifestó.