Entre el 18 de diciembre y el 31 de enero, se llevó a cabo, como ocurre cada año, la Feria Judicial, con lo cual, en dicho lapso, se suspendió el funcionamiento de los tribunales y el transcurso de los plazos procesales. 

Con la novedad de la imputación al ex titular de Hacienda, Hernán Mourelle, en el marco de la denuncia por acoso sexual, ¿qué otras causas están aún pendientes de resolución? 

Nombramientos

Fue una de las novelas durante la transición, a fines del 2019. Se trata de la investigación que se inició a través de la denuncia penal del Fiscal General, Juan Manuel Pettigiani, en torno a las designaciones irregulares de personal durante el último tramo del gobierno del ex intendente Carlos Arroyo.

 En este marco, la Unidad Funcional de Instrucción, Juicio y Elevación N°10 avanza en la causa y sigue incorporando elementos probatorios, luego que varios actores institucionales denunciaran públicamente esos nombramientos por fuera de la Ley de Responsabilidad Fiscal N°13.295. Dicha normativa, a la cual el Municipio adhirió, establece la prohibición de tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente durante “el último semestre del año de fin de mandato del Departamento Ejecutivo, exceptuando aquel cuya causa originante exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio”.

 La última novedad al respecto surgió el pasado 27 de enero, cuando la UFI de Delitos Económicos ingresó un pedido en Mesa de Entradas del Concejo Deliberante solicitando una copia certificada del Expediente N°2233-2019, donde se tramita un pedido de informes al Ejecutivo sobre los “nombramientos y/o contrataciones de personal, permanentes o transitorias, en planta política o permanente entre el 10/06/2019 y el 05/11/2019”, tanto en la Administración Central, como en los Entes Descentralizados y Obras Sanitarias.

La iniciativa fue presentada en noviembre por el entonces bloque de Unidad Ciudadana, aunque de acuerdo a la información constante en los registros legislativos, el expediente se encuentra desde aquel entonces a la espera de tratamiento en la comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana, presidida en ese momento por el actual titular del HCD, Ariel Bordaisco.

En la causa también ya realizaron su aporte desde el actual Ejecutivo municipal. Más precisamente, en las últimas semanas dio su declaración testimonial el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich. En noviembre, cuando estalló la polémica, el “Ruso” había hablado de una “retirada a la cowboy” por parte del arroyismo, con nombramiento de “familiares y amigos”.

Además de Rabinovich, ya brindaron sus declaraciones testimoniales ante la Justicia la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González; el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Gilardi; y el ex edil Tarifa Arenas (Unidad Ciudadana).

Estacionamiento de Playa Grande

Otra causa que involucra al ex intendente Carlos Arroyo y que fue una novela sin resolución durante casi todo 2019.

El ex jefe comunal, a mediados de abril del año pasado, pretendió rubricar un acuerdo con la firma Playa Azul S.A para montar una confitería bailable en las instalaciones del Estacionamiento Playa Grande, en donde el concesionario acumulaba dos infracciones por falta de obras en el lugar y se aproximaba a una tercera, lo cual conduciría a la caducidad del contrato con la comuna. Sin embargo, Arroyo impulsó este acuerdo, a cambio de que la empresa desembolsara unos $80 millones en obra pública.

Esto originó la reacción del resto de los concesionarios de Playa Grande. En particular, Sergio Goransky, titular de Playas del Sol SA y Cubro Sol SA, denunció al ex jefe comunal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público el pasado 4 de diciembre. También hizo lo propio con el ex secretario de Educación, Luis Distéfano, quien refrendó con su firma el acta transaccional.

La investigación del caso recayó también en la UFI 10. El último movimiento en la causa fue el llamado para prestar declaración testimonial al ex secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; el ex titular de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro; y la ex presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler.

Tammbién fueron llamados a declarar la directora de Recursos Turísticos del Emtur, Mónica Rábano y el actual subsecretario de Legal y Técnica,  Franklin Llan de Rosos, entre otros. No sólo ellos: además fueron convocados por el fiscal los concesionarios de Playa Grande, Héctor Nocelli (gerente del Ocean Club), Gerónimo Granel (abogado de la Normandina), Matías Iriarte, Daniel De Francesco, Jorge Aristegui y Esteban Ramos.

Por su parte, el intendente Guillermo Montenegro, apenas asumido en funciones, suspendió los efectos del polémico acuerdo. En concreto, la Justicia deberá determinar si Arroyo cometió algún delito al avanzar con la autorización para que se establezca un boliche en la cochera de Playa Grande.

Prestanet

A fines de 2017, Consumidores Financieros Asociación Civil presentó una denuncia colectiva contra Prestanet por las tasas usurarias aplicadas a los créditos, donde interviene el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 15. Allí dan cuenta de la aplicación de intereses por encima de lo fijado por el Banco Central, por lo que piden la devolución de las sumas extras, una multa del triple de ese valor y una corrección a futuro.

La empresa en cuestión pertenece a la familia de Emiliano Giri, ex funcionario municipal y hombre fuerte del Pro en la ciudad. Según la presentación, “la red de comercialización se extiende en zonas o sectores de la población con bajos niveles de bancarización, lo que potencia el negocio, al no tener que enfrentar una competencia significativa por parte de los bancos. Conociendo esta ventaja respecto de  cocontratantes, la demandada cobra tasas de interés exageradas, abusivas, que llegan hasta el 177 % de Costo Financiero Total”.

La Justicia dio curso a la demanda y, a fines de 2018, publicó un edicto por el que convocó a todos los clientes de Prestanet que crean haber sido estafados, situación que actualmente se está analizando.

Si bien la presentación se formuló en octubre de 2017, a comienzos de 2019 la defensa de Giri intentó dar de baja la causa luego que la denunciante, la Asociación Civil Consumidores Financieros, fuera quitada en diciembre de 2018 del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores mediante la Resolución 133/2018 de la Secretaría de Comercio. 

El abogado representante de Prestanet, Leopoldo Brandiz, planteó judicialmente la falta de legitimación de la asociación civil para entablar una demanda colectiva por haber sido apartada de ese registro. Ante ello, el juez Marcelo Fernández requirió un dictamen de la Fiscalía General que finalmente ratificó la legitimidad de Consumidores Financieros en dos instancias.

La última de ellas fue a comienzos de octubre de 2019. En la misma, a partir de un informe de la dirección de Defensa del Consumidor dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se dio por sentado que la asociación igualmente se encontraba inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de Defensa del Consumidor y Usuarios. Asimismo, en el primero de los informes incorporado a la causa, del 15 de mayo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la marginación del registro nacional no tiene incidencia porque “al momento de la promoción del presente reclamo judicial -27/10/2017- su matrícula estaba vigente”, de acuerdo al dictamen al que accedió La Tecla Mar del Plata.

En concreto, el pasado viernes 1 de noviembre, el titular del Juzgado Civil y Comercial N°15 del Departamento Judicial de Mar del Plata resolvió “desestimar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por Red de Prestamos SA”, más conocida como Prestanet. De este modo, la investigación proseguirá su curso, aunque sólo se podrán receptar o validar denuncias de préstamos otorgados en territorio bonaerense.

Como contrapartida, Giri presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial que rechazó la excepción de falta de legitimación activa de Consumidores Financieros Asociación Civil.  La presentación fue elevada por el abogado defensor, Leopoldo Branderiz, en función de lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial, por lo que ahora el expediente será abordado por alguna de las salas de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. Por el momento, el juez Héctor Casas dispuso el pase de la causa a la Fiscalía General, para que tome vista de la última resolución.

Bonificaciones Docentes

Mientras el Ejecutivo actual ya concretó la reanudación de las bonificaciones docentes, la causa judicial continúa pendiente de resolución en la Suprema Corte bonaerense.

En concreto, el máximo tribunal aún debe expedirse sobre la causa por competencia de poderes que el ex intendente Carlos Arroyo inició contra el Concejo Deliberante en 2018, luego que éste impulsará el rechazo al veto de la ordenanza que restituía el beneficio a los docentes.Tras un año de una lenta tramitación por parte de las autoridades judiciales, la presentación efectuada a mediados de noviembre por el Concejo Deliberante reclamando un “pronto despacho” en la causa, no parece haber movido un milímetro a la Suprema Corte de su posición de ajustarse a los tiempos de la política.

Manifestación de los docentes municipales

Es que ante el cambio de postura del gobierno tras la asunción de Montenegro, el conflicto sería superado y la causa quedaría abstracta.Pero esos no fueron los tiempos que guiaron al Concejo Deliberante, que el pasado 13 de noviembre y a través de su abogada Carolina Morteo, planteó que “habiendo transcurrido el plazo establecido por el art.262 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, vengo por la presente a solicitar el pronto despacho de esta causa”.

Ese artículo establece un plazo de 30 días en el que los jueces deben fallar a partir de su intervención en conflictos entre poderes, plazo por demás excedido ya que la denuncia se presentó el 13 de diciembre pasado y la Suprema Corte comenzó a tratar el expediente cinco días después.

En tanto, el 25 de septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia bonaerense le puso un freno al intento del gobierno municipal de dilatar el fallo en la causa de las bonificaciones docentes, luego de la presentación de 15 nuevas pruebas documentales que, de haber sido aceptadas, hubieran significado la suspensión del llamado de autos para resolver.

En concreto, la causa se inició en diciembre de 2018, cuando el Legislativo intentó frenar la quita del Código 59 a los docentes municipales. En efecto, el Ejecutivo local presentó su denuncia ante la Suprema Corte bonaerense por conflicto de poderes con el Concejo Deliberante. Fueron dos los argumentos centrales de la presentación realizada por el abogado Miguel Oroz, contratado por la Municipalidad.

Por un lado, que no es competencia del Concejo modificar un presupuesto ya aprobado “Si nos remitimos a un examen de las normas que regulan esta cuestión en el plano legislativo y reglamentario, se advierten numerosas disposiciones que impiden al Honorable Concejo Deliberante modificar el presupuesto una vez que éste se encuentra aprobado, y que en todo caso, a esos fines la iniciativa corresponde al Departamento Ejecutivo”, sostuvo el Ejecutivo en la denuncia.

En segundo término, discutió el procedimiento por el que se aprobó por insistencia la ordenanza. “Finalmente un aspecto vinculado al desarrollo irregular en el trámite de sanción, que afecta seriamente la validez de lo actuado por el Honorable Concejo Deliberante. Adviértase, que la sesión del 04/12/2018, tenía un único y excluyente objetivo, que era exigir a los Auxiliares del Departamento Ejecutivo (Secretarios de Economía y Hacienda como de Educación), que brindaran explicaciones acerca del Decreto 2272/2018, emitido en fecha 25/10/2018, por el Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon, por el cual se reglamentó el pago de las bonificaciones a los docentes.

En tanto, desde el Concejo, con el patrocinio de la letrada Carolina Morteo, sostuvo que, en realidad, la figura de competencia de poderes es una maniobra para limitar su iniciativa. Entre otras consideraciones, el HCD negó que “exista un caso configurativo de verdadero conflicto de poderes, sino de un intento jurisdiccional de suspender la ejecución de dos Ordenanzas sancionados por el HCD en ejercicio de su competencia”.

“La realidad es que esta bonificación la vienen percibiendo los docentes municipales desde el año 1989, en forma pacífica y continua, siendo reconocida y abonada por todos los gobiernos municipales desde esa época, incluso por el actual D.E. Municipal durante los dos primeros años y nueve meses de su gestión”.“Ese decreto causó un profundo malestar en los docentes municipales, pues ---implica una reducción de sus haberes de Aproximadamente $6.000 mensuales, ocurrida en pleno transcurso del ciclo lectivo 2018”, concluyó el escrito de Morteo.