Mientras que el oficialismo optó por el silencio a la hora de responder qué hará a partir del fallo, la oposición reeditará sus reparos oportunamente planteados y ratificará el reclamo para derogar el tributo.

Cuando se habla de oposición, se enrola a los ediles de La Cámpora y los que asumieron por el PJ, mientras que resta conocer cuál será la postura del Frente Renovador, cuyos integrantes tuvieron hasta aquí miradas contrapuestas sobre el mismo entuerto. Mientras que el edil Gustavo Ballent, de la mano de Mauricio D’Alessandro, secundado por Raúl Escudero y quien efectivamente presentó el amparo, Sebastián Romay, apelaron a la vía judicial aludiendo a la inconstitucionalidad, Beatriz Fernández (asesorada por el exedil Carlos Mansilla) no creía en dicha inconstitucionalidad, sí mostraba diferencias en cuanto a los montos.

Frente al escenario, se anunciaban frenéticas reuniones entre distintos referentes para aunar criterios y una postura a presentar en sociedad. Mientras que el arco opositor irá por la derogación habrá que aguardar recién a mañana, para cuando el Ejecutivo citó a conferencia de prensa a media mañana para ventilar su posición frente al cachetazo judicial.

Tanto el jefe comunal como sus principales funcionarios se excusaron de opinar sobre la medida cautelar del máximo Tribunal bonaerense, señalando que durante el fin de semana analizarían los pasos a seguir que serían informados el lunes.

Satisfacción camporista

Los concejales del bloque PJ-FPV, en tanto,  valoraron positivamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar al amparo presentado por el letrado tandilense, el massista Sebastián Romay, para que se declare la inconstitucionalidad de la denominada Tasa Complementaria de Protección Ciudadana.

Los ediles que presentaron un proyecto de derogación de dicha Tasa en febrero pasado, entienden que existe una superposición de recursos públicos debido a que la prestación de seguridad que realiza la nueva Policía Local en nuestra ciudad es financiada con recursos económicos provenientes del tesoro provincial, según consta en la Ley 13.482 a la que adhirió el Municipio de Tandil.

La Tasa Complementaria de Seguridad Ciudadana fue aprobada en el mes de diciembre. En aquella oportunidad los concejales del PJ-FPV votaron en contra de su creación aunque no pudieron evitar que el proyecto fuera aprobado con los votos de los ediles del Frente Cambiemos  (UCR – PRO) y del Frente Renovador. La negativa de los concejales del FPV se debió a que entendían que se trataba de la imposición de un pago adicional  a un servicio de seguridad que ya era financiado por la Provincia de Buenos Aires debido a que la denominada Policía Local depende de la Policía Bonaerense y sus recursos devienen de partidas asignadas a esa fuerza.

El edil Rogelio Iparraguirre destacó que “a la semana siguiente de aprobada la Tasa en el Concejo Deliberante mi compañero de bancada, Darío Méndez, presentó un proyecto de ordenanza que proponía la derogación de la Tasa y que fue apoyado con la firma de los seis concejales que en ese momento formábamos parte del bloque” indicó. La presentación de ese proyecto se realizó “a raíz de la aprobación que se había hecho en la Legislatura bonaerense y que habilitó un nuevo ciclo de endeudamiento externo en la Provincia de Buenos Aires que destinaba al Municipio de Tandil, 110 millones de pesos de los cuales 32 millones debían ser destinados a Seguridad, un monto muy similar a los 35 millones de pesos que pretendía recaudar el fisco municipal con la imposición de la tasa aprobada en el Legislativo”.

“Desde el bloque del PJ-FPV valoramos muy positivamente que la Corte Suprema de Justicia Bonaerense haya hecho lugar al amparo que pone freno a los que consideramos una Tasa injusta que obliga a los contribuyentes tandilenses a una suerte de triple imposición tributaria ya que, por un lado, están pagando el tributo local para un servicio de seguridad que también paga el vecino cuando abona los impuestos provinciales y, además, se debe agregar que el Municipio de Tandil también cuenta con los millonarios recursos financieros que le corresponde luego del endeudamiento aprobado meses atrás” resaltó Iparraguirre.

El concejal remarcó que la voluntad de su espacio sobre este tema siempre fue “agotar todas las instancias de diálogo que habilita el debate político en el Legislativo porque entendemos que allí está expresada la voluntad del pueblo de Tandil y las distintas miradas que tenemos en relación la administración pública”.

En el mismo sentido la concejal María Eugenia Poumé destacó que “cuando no existen mecanismos y alternativas para resolver esas diferencias en el marco de la política y, más aún, cuando se entiende que una decisión puede oponerse a los principios de la Constitución provincial, es comprensible que se realicen presentaciones judiciales para evitar los abusos fiscales a los que puede someterse a la ciudadanía desde un Ejecutivo que cuenta con mayoría automática en el Concejo Deliberante”.

Por su parte su compañero de bancada, el concejal Darío Méndez, indicó que “nos opusimos porque entendíamos que no se podía seguir cargando sobre las espaldas de los contribuyentes” resaltó el edil y afirmó que “propusimos la derogación porque la Provincia giró, mediante endeudamiento, fondos afectados para Seguridad en casi el mismo monto que se pretendía recaudar”.