Para poner un freno a concursos opacados por la falta de transparencia y teñidos de nepotismo, la defensora civil N´ 4, Natalia Buira, pidió ayer al Consejo de la Magistratura la suspensión inmediata de los procedimientos de selección de jueces y fiscales.

En cuanto a los procesos que ya están avanzados, Buira requirió que se vuelvan a convocar, ya que están "viciados" al "no garantizar los principios de igualdad y no discriminación". En contrapartida, en muchos casos, primaron los lazos familiares, el padrinazgo político y el acomodo.

Soledad Fiorillo Saravia, esposa del procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, es ya una ganadora cantada para ser la jueza de la Sala Quinta de la Cámara Civil y Comercial. En esa convocatoria fueron admitidos 16 aspirantes, sin embargo la semana pasada, diez candidatos, la mayoría jueces de primera instancia con vasta experiencia, renunciaron.

La irritación entre magistrados y abogados crece a medida que se confirman las ternas y los elegidos por el Gobernador para cubrir cargos en la Justicia y el Ministerio Público. El 23 de junio, El Tribuno publicó los nombres que el oficialismo pautó para ciertas vacantes. Hasta ahora esos planes se cumplen al pie de la letra.

A Ramiro Michel Cullén, cuñado del secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, le reservaron la Fiscalía de la Cámara Civil, Comercial y Laboral del Distrito Norte. Hebe Samsón, pareja de Guillermo Félix Díaz, presidente del Consejo, y hermana del juez de Corte Ernesto Samsón, se quedaría con la Sala Segunda de la Cámara Civil.

La presentación de Buira contará en los próximos días con el aval de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una entidad reconocida a nivel nacional e internacional.

Para transparentar los concursos, Buira consideró necesario reformar la ley provincial 7016, que establece las atribuciones del Consejo de la Magistratura, las bases y puntuaciones de los concursos, y el reglamento interno de ese órgano selector. Las futuras modificaciones, sostuvo, deberán adecuarse a las recomendaciones y buenas prácticas en la selección de magistrados que elaboró la ACIJ (ver algunas propuestas en el recuadro).

La defensora solicitó la adhesión a su presentación a los colegios de Abogados y Magistrados de Salta e instó a sumarse otras entidades civiles.

Un hecho vergonzoso desde donde se lo mire, por Hugo Krasnobroda

La segura designación de la esposa del procurador General de la Provincia, quien no tiene ningún antecedente como jueza de primera instancia, confirma lo que todos sospechaban: en Salta, la Justicia está lejos de ser un órgano independiente.Esa situación, que para el Gobernador parece ser natural, no hace más que profundizar el subdesarrollo institucional que se aprecia cotidianamente en varias facetas de la gestión. Ocurre en el caso de las torturas policiales, donde el Gobierno no hace nada; en el bochorno del Tren a las Nubes, donde aún se desconoce cuanto costará la estatización; y en la total ausencia del Estado ante las subas desproporcionadas en las facturas de gas.Es vergonzoso que un concurso que se caratule de transparente pueda tener los resultados puestos con más de 45 días de anticipación. Si a eso se le agrega que hubo personas que ni se presentaron y otras que renunciaron a la competencia con anterioridad, el escándalo toma ribetes aún más impensados. ¿Tanto trabajo tendrán las personas que dimitieron al concurso antes de que empiece? Los magros índices de Salta en materia de empleo y salarios muestran diametralmente lo contrario. Es evidente que no quisieron perder tiempo ante una derrota a la que consideraban inevitable.Se dirá que los familiares de los funcionarios tienen el mismo derecho que cualquiera para ser nombrados en la Justicia, pero eso no es más que un argumento de forma: los abogados del interior y los que no tienen contacto con el Grand Bourg corren en clara desventaja. De no ser así, ¿cómo se explica que Maximiliano Troyano se haya convertido en fiscal pese a obtener el puntaje más bajo en su terna? La respuesta parece ser solo una: por ser del riñón del gobernador Juan Manuel Urtubey, un caso similar al que parece estar ocurriendo ahora con la esposa de Pablo López Viñals.Lo de poner familiares de funcionarios en puestos clave no pasa solo en la Justicia, ya que los senadores Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore tomaron el mismo camino en el Senado de la Nación. ¿No existe ninguna persona idónea para asesorar a los legisladores por Salta que no sean de su entorno familiar? Hasta ahora, ninguno de los dos se dignó a decir ni una sola palabra sobre esa revelación.

Colegio de Abogados: "Se sufren atropellos e imposiciones

Anoche, el Colegio de Abogados de Salta difundió un pronunciamiento sobre las actuaciones del Consejo de la Magistratura. La entidad reconoció la labor de los consejeros representantes de la abogacía electos por la mayoría aduciendo que "mantienen independencia de pensamiento y libertad de acción para intentar balancear el sistema". No obstate, advirtió la institución, que "estos esfuerzos no alcanzan cuando se sufren atropellos e imposiciones infundadas, sirvientes a intereses políticos ajenos a la importancia y trascendencia que reviste la función de designar los magistrados".El Colegio, que preside Eduardo Romani, expuso entre sus preocupaciones que el abogado litigante "es menospreciado en su profesión, por ser valorado de manera dispar frente a los aspirantes que provienen de la carrera judicial". Por otra parte, cuestionó que en publicaciones periodísticas se "reste mérito a postulantes por cuestiones familiares sin que se tenga presente su trayectoria y capacidad". Cabe recordar que llamativamente, algunos parientes de funcionarios obtienen los mejores puntajes en la entrevista, la instancia más subjetiva de los concursos.

"Idoneidad, única condición para ocupar cargos"

Natalia Buira, defensora oficial N° 4, realizó ayer una presentación ante el Consejo de la Magistratura para pedir la suspensión de los concursos hasta que se logren procesos transparentes. La letrada requirió a los consejeros una respuesta "en aras de transformar la democracia formal en una real y efectiva".A continuación, El Tribuno reproduce gran parte de ese documento: "En atención que la transparencia y la igualdad en la selección de postulantes a ocupar cargos tanto en la magistratura judicativa (jueces) como en la magistratura requirente (defensores y fiscales) de nuestra Provincia se encuentra bajo fuerte sospecha y cuestionamiento de la comunidad local, peticiono que el Consejo de la Magistratura de forma urgente proceda a suspender todo concurso - aún los que se encuentran en trámite - hasta tanto se transparente el proceso de selección de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para lo cual resulta necesario modificar la ley provincial Nº 7016 y el Reglamento Interno del Consejo adecuándolos a las "Recomendaciones y Buenas Prácticas en los Procesos de Selección de Magistrados" elaborado por el Programa Concursos Transparentes - http://concursostransparentes. acij.org.ar, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización que goza de reconocimiento nacional e internacional, y que fueran publicadas en marzo de 2013.Podrá intentar el Consejo, como ya lo hizo, endebles defensas para pretender justificar su cuestionada actuación, sin embargo lo cierto es que se precisa con urgencia la plena vigencia de principios republicanos siendo uno de ellos la transparencia de los actos de las instituciones creadas por la Constitución. También se requiere con urgencia la defensa irrestricta del siguiente derecho constitucional: la idoneidad como única condición para ocupar cargos públicos. Además, la efectivización de los dos principios fundamentales que deben guiar el accionar del Consejo: igualdad y no discriminación, principios estos que obligan a desterrar complicidades, que basadas en el amiguísimo, nepotismo, politización y en el acomodo terminan imponiendo en la terna y finalmente en la designación, al candidato previamente ungido por los sectores del poder dominante, convirtiendo así el proceso de selección en un mero paso formal previo a la designación. Cabe resaltar que con este modo de proceder se deja de lado la capacitación continua del candidato a ocupar un cargo en la magistratura local, como asimismo su trayectoria y compromiso demostrado con la independencia y la efectivización de derechos humanos fundamentales, como la integridad ética del mismo. Son la idoneidad, la independencia, la contribución a la efectivización de derechos humanos fundamentales, la integridad moral y una alta sensibilidad social demostradas, notas que deben conformar el perfil de los candidatos a ocupar la magistratura local. En contraposición se ha podido observar que magistrados seleccionados por el Consejo presentan como características la debilidad y la obsecuencia a la hora de acusar y de juzgar a los poderes políticos o económicos de nuestra Provincia y escasa o nula sensibilidad social al momento de defender o decidir sobre derechos humanos fundamentales de personas y grupos en situación de vulnerabilidad extrema.El Consejo no puede argumentar que produciría daño a la sociedad esperar unos muy escasos meses hasta que se produzcan los cambios en la ley y en el reglamento interno, ya que no resulta necesario ni se pretende modificar la Constitución Provincial que solo habla de la creación de este órgano, de su composición y duración del mandato de sus integrantes. Ya que si éste fuera un argumento esgrimido por el Consejo para no suspender los procesos de selección de magistrados hasta transparentarlos, se debe tener en cuenta que es mucho mayor el daño que se causa a una comunidad designando magistrados vitalicios que no son ni idóneos, ni independientes, ni demuestran sensibilidad social con los sectores más vulnerabilizados y excluidos de la ciudadanía por previa vulneración severa de sus derechos fundamentales.El Consejo podrá ensayar defensas de su actuar, lo cierto es que la desconfianza de la ciudadanía en su conducta se instaló por obra no de ninguna campaña de difamación sino por su propia actuación en la misión constitucional encomendada.Se debe en consecuencia proceder de forma urgente a transparentar los procesos de selección de magistrados con un adecuado control ciudadano sobre los mismos, que se logra a través de una suficiente participación ciudadana.El mismo gobernador de la Provincia ha hablado de transparentar las instituciones pero para que este llamado no se convierta en un discurso vacío debe procederse a la acción concreta tendiente a lograr tal cometido. Este es el momento propicio para producir esta anhelada transparencia ya que como se ha reconocido desde la Presidencia del Consejo a través de un comunicado de prensa, asistimos por primera vez desde el retorno de la democracia en nuestro país a la mayor operación de renovación de jueces, fiscales, defensores en la Provincia.El mismo Consejo ha manifestado en dicho comunicado que la magnitud de este proceso responde a la reforma del Código Procesal Penal de Salta, que ha modificado la estructura y las funciones de los órganos del fuero penal, y a la importante cantidad de renuncias por jubilación de magistrados dando lugar a una inusitada cantidad de concursos públicos para la selección de postulantes a los cargos vacantes, así como el inicio de los correspondientes concursos para la cobertura de subrogancias temporarias. Producir la anhelada transparencia en esta Institución después que ya se hubieren cubierto todos los cargos vacantes sería simplemente burlar a la ciudadanía provincial.Lo que se peticiona hace a una verdadera democratización de la Justicia ya que los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público no obtienen su legitimación a partir de un proceso de elección democrática como ocurre con los integrantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino que la legitimidad de los magistrados descansa en la Constitución, en los procesos transparentes e igualitarios de selección y designación de los mismos y en sus cualidades de idoneidad e integridad. Por su parte los integrantes de Los Poderes Ejecutivo y Legislativo se encuentran sujetos a una renovación periódica mediante el voto popular, en cambio, los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público duran en sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan con sus obligaciones constitucionales.La trascendencia de la selección y designación de magistrados se debe a que por la actuación de los mismos se tornan efectivos o se vuelven meras ilusiones los derechos fundamentales de las personas: el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la libertad, a la propiedad, a la intimidad, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la cultura, a un medio ambiente sano y tantos otros derechos. Son los mismos magistrados los que tienen en sus manos decidir sobre la tenencia de hijos, la disolución del vínculo matrimonial, las cuotas alimentarias, los derechos laborales, las indemnizaciones por daño, la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas en su proceso penal, las reparaciones debidas a las víctimas de delitos, las violaciones a derechos de un grupo de personas, el incumplimiento de obligaciones constitucionales por parte del Estado Provincial o Municipal y tantas otras cuestiones vitales que se ventilan en los tribunales.Por esta presentación se busca transparentar los procesos de selección de magistrados provinciales y con ello hacer efectivos los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, democratizando la Justicia con una efectiva participación ciudadana en dichos procesos.Una vez transparentados los procesos de selección de magistrados, deberá levantarse la suspensión y llamarse nuevamente a concurso de aquellos procesos en trámite avanzado y que se encuentran viciados por la opacidad de los mismos, la falta de transparencia, la vulneración severa de los principios de igualdad y no discriminación y la idoneidad como única condición para ocupar cargos públicos".