El gobierno de María Eugenia Vidal dio el último paso formal para la aplicación de un aumento del 38% en el servicio de agua y cloacas que presta Aguas Bonaerenses (ABSA) en 79 distritos de la provincia.

La empresa estatal pidió hoy llevar el valor del metro cúbico de agua de $ 8,04 a $ 11,10, durante una audiencia pública de apenas dos horas que se realizó en La Plata.

En la audiencia, el gobierno recibió las críticas de las asociaciones de defensa al consumidor y de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que pidieron suspender la suba y cuestionaron la calidad del servicio.

El presidente de ABSA, Raffaele Sardella, sostuvo que "la suba se debe al incrementos de los costos durante el último año" y que "la actualización de las tarifas se solicita para mantener el equilibrio económico, financiero y operativo alcanzado".

Desde ABSA defendieron el incremento propuesto al sostener que al 41% de los usuarios le representará un aumento menor a $ 200 por mes, mientras que al 31% le significarán una suba menor a $ 100. En tanto, el 1% de los usuarios deberá pagar más de $ 400 extra.

Aunque su resultado no es vinculante, la ley obliga a ABSA a señalar las razones por las cuales desecha o considera las consideraciones presentadas por los participantes.

En tanto, con la realización de la audiencia pública el Gobierno bonaerense ya quedó habilitado para autorizar la suba a la empresa, aunque no necesariamente está obligada a otorgar el incremento solicitado. De este modo, las subas podrían viabilizarse en los próximos meses, ya que ABSA ya emitió las facturas de enero y febrero.

Las asociaciones de usuarios y la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionaron los aumentos y reiteraron advertencias sobre la calidad del servicio que atiende a 786 mil usuarios en la provincia.

El único intendente que estuvo en la audiencia fue Fernando Gray (Esteban Echeverría) quien además ejerce la presidencia del PJ bonaerense. Gray cuestionó los trabajos realizados solo en distritos de Cambiemos: "Yo leía un listado de obras, y veía que el 95% fueron realizadas en distritos de Cambiemos. El agua segura y la inversión deben ser para toda la provincia, y no solo a los que están determinados con un intendente de determinado partido", dijo.

"Ustedes dicen que bajaron los reclamos pero eso es mentira. Cómo va a venir un vecino mío desde Esteban Echeverría a La Plata a hacer un reclamo. Deberían tomarse dos colectivos y un tren para llegar acá. Les bajan los reclamos porque no están en los distritos", dijo.

El presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, estuvo en la audiencia.

También las críticas fueron duras desde las asociaciones de consumidores. "Tan solo dos horas y media demandó el trámite donde se escucharon largas intervenciones de las autoridades hablando de una realidad inventada, sobre una empresa que brinda un pésimo servicio y sin inversiones reales", aseguró Henry Stegmayer, titular de la asociación Consumidores Responsables.

Stegmayer argumentó que son "públicamente conocidos los problemas de calidad del agua en ciudades como La Plata, 9 de Julio y Bahía Blanca". También mencionó "la falta de presión en otros puntos de la concesión ante la llegada del verano, la falta de funcionamiento de la mayoría de las plantas depuradoras de líquidos cloacales, y la falta de expansión del servicio hacia los sectores más vulnerables".

En tanto, el concejal del PJ de La Plata, Fabián Lugli, explicó que "hoy nos explicaron la inversión que quieren hacer, pero como siempre la tienen que pagar los vecinos y el servicio sigue siendo muy malo". Además consideró que es "exagerado" aumentar un 38 por ciento.

Por su parte, Jorge Ruesga, secretario de Servicio Públicos de la Defensoría, aseguró "este aumento es un disparate en este contexto social que se está viviendo en la provincia y el país, porque es un servicio esencial y básico.