La audiencia pública de la luz tuvo versiones muy diferentes acerca de cuánto deben aumentar las boletas, pero según los cálculos realizados por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), la factura promedio de los mendocinos no debe subir más de 16%. Si bien la decisión final será del gobernador Alfredo Cornejo, el porcentaje informado por el organismo controlador fija el “techo” para la actualización de la tarifa.

Las distribuidoras de electricidad presentaron estudios que demuestranincrementos superiores al 90% en el componente de la factura que responde alValor Agregado de Distribución (VAD), 132% si se suman otros conceptos como “ingresos no percibidos”. Sin embargo, el cálculo del EPRE difiere y solo justifica un ajuste del 68%, lo que implicaría un aumento sobre la factura promedio del 16%.

Ese porcentaje alcanzaría al 85% de los usuarios, y para el 15% restante (los de mayor consumo eléctrico), se calcula un incremento promedio del 22%. De esta manera, si el Ejecutivo aplica los porcentajes calculados por el EPRE, un usuario de categoría Residencial T1 R1, a la que pertenecen la mayoría de los hogares mendocinos (240.979 usuarios), pasaría de pagar una factura de $ 768,4 a una de $ 834,3 (8,6% más). En la categoría siguiente, Residencial T1R2, el aumento sería del 14,5%, por lo que los 198.280 hogares que la integran, pasarían a pagar una factura cercana a $ 2.439,60.

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Con el incremento pretendido por las distribuidoras, el impacto en las facturas hubiera sido del 45%, por lo que un usuario T1 R1 hubiera pasado a pagar más de$ 1.100, y un T1R2 más de $ 3.000. La diferencia entre los montos porcentuales pretendidos por las compañías y los calculados por el EPRE tienen que ver en losimportes que carga cada uno a la hora de hacer sus cálculos.

Al respecto, la titular del organismo, Jimena Latorre, explicó que si bien las empresas usan criterios regulados a la hora de presentar sus estructuras de costos, el lapso temporal que están pidiendo no corresponde con el que se utiliza para actualizar ingresos y otros costos. “No podemos hacer un índice prospectivo de la tarifa, ni cargarle una visión de futuro que tengan los empresarios. El criterio es la inflación publicada a mes vencido”, señaló.

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Por otro lado, la funcionaria comentó que las empresas pretenden cargar a la tarifa ingresos no percibidos por períodos en los que la tarifa estuvo congelada y “el EPRE ha decidido no hacer lugar a ese reconocimiento, en entendimiento de que no corresponde cargarlos a los usuarios en este momento”. Ante la negativa del organismo, los reclamos se iniciaron por vía judicial, pero la Justicia todavía no comunica su decisión.

En esos criterios se basan las diferencias de actualización de costos entre los que piden las empresas y los que reconoce el Ente provincial, que pone el techo a la actualización porcentual que después fijará el Ejecutivo.

Junto con los aumentos solicitados por la prestación del servicio, las empresas sumaron pedidos por ingresos no percibidos “por la falta de actualización de los Valores de la Revisión Tarifaria Ordinaria 2018/2023 desde enero de 2018 hasta julio de 2018”.

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Los productores nucleados en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) participaron de la audiencia pública. En su turno expresaron su descontento por los aumentos en las tarifas de electricidad, “debido a que repercuten profundamente en los productores que utilizan pozos para regar sus producciones”.

La exposición de Acovi estuvo a cargo de Nicolás Vicchi, subgerente de la entidad, quien propuso que se considere un financiamiento especial para proyectos asociativos energéticos, a fin de disminuir la carga impositiva del servicio. Además pidió reglamentar la ley provincial de fomento a la generación distribuida de energía que otorga beneficios fiscales, para aliviar a los productores.