Si el primer semestre fue complicado para el transporte público de pasajeros, el segundo lo es aún más porque la presión de los empresarios y del sindicato de los colectiveros se incrementó.

Resulta que los empresarios, que hasta la fecha recibieron más de 60 millones de pesos en concepto de subsidios del gobierno nacional, reclaman un incremento del boleto dado que, según ellos, cumplimentaron los requisitos para aplicar una suba ya aprobada el año pasado.

Y para lograr tal fin el martes durante la reunión de la Comisión Mixta presentaron un informe de costos que determina un valor exorbitante para la zona, incluso mucho más elevado que el pasaje del servicio interprovincial: 5 pesos.

Si bien los ediles no rechazaron el informe, dejaron en claro que por el momento no hay espacios para poder avanzar con incremento de las tarifas tal como lo están pidiendo los empresarios.

Además desde el Concejo se pidió una auditoria para estudiar la cantidad de tarjetas vendidas y la cantidad de puestos de ventas. Esta medida se tomó para manejar otros números que no sean el de los empresarios.

A esta puja se le suma la posición de la UTA que directamente pidió que a partir de este mes los choferes dejen de cobrar el pasaje y solo se use las tarjebus, lo que implicaría que todo aquel que quiera viajar deberá comprar el plástico.

Y como aún no existen muchos puntos de ventas se podría dar una irrupción de pasajeros que podrían pugnar por adquirir una antes de que entre en vigencia el pedio que realizó la semana pasada el sindicato.

Esta medida ya era abarajada por las autoridades tanto provinciales como municipales, que habían anticipado un posible para de la UTA con el objetivo de liberar a los choferes del cobro del boleto.

A su vez de las entidades que representan a los usuarios reiteraron que el servicio dista mucho de ser eficiente como que los empresarios reclamen un inmediato incremento del precio del boleto.

“Recolectamos denuncias todos los días de los pasajeros por el servicio que prestan las empresas, incumplen con los horarios y también dejan muchas veces a los pasajeros varados”, señalaron.

Por otra parte, el concejal radical Alejandro Aradas determinó que “voy a seguir insistiendo en que el mayor de los problemas que existe es la desinformación sobre los números que se manejan en el transporte público y la falta de control del poder político”.

“Tanto la provincia como el municipio deberían tener una oficina de control y estudios de costos para saber y confrontar precios con los empresarios”, determinó el edil que es uno de los pocos que se oponer terminantemente a otorgar nuevos incrementos a los empresarios.

Él junto a Saúl Medero vienen planteando la necesidad de revertir la falta de controles para determinar el número de pasajeros que usan el servicio, la prestación del mismo y el cumplimiento de las empresas.