Fue uno de los pocos anuncios del Gobernador el primero de mayo. Pero para concretarlo deberá arrancar casi de cero. Francisco Pérez prometió enviar a la Legislatura un proyecto de ley de ética pública para transparentar la función pública, una política en la que Mendoza ha retrocedido y, de hecho, no tiene nada: el Presupuesto provincial no destina recursos para el control y la prevención de la corrupción; no hay organismos de prevención y los funcionarios no rinden cuentas. Tanto, que en las últimas décadas no hubo ningún funcionario de peso juzgado por casos de corrupción, a pesar de que casos no faltaron.

Pérez no dio detalles sobre cómo quiere implementar su idea; si crearán un organismo nuevo o simplemente regularán la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios. Por lo pronto, Mendoza no adhiere a la ley nacional de ética pública, una norma que reglamenta el accionar de los funcionarios pero que su aplicación es errática, pues nunca se creó la comisión que debía controlar.

Mendoza está renga en cuanto a los controles. Los organismos que existen tienen potestades limitadas, mantienen las mismas autoridades desde hace décadas y no hay avances. Uno de los organismos que podría cumplir el rol de control y prevención de la corrupción es Fiscalía de Estado. Esa repartición tiene un presupuesto de 83 millones, de los cuales 67 millones son destinados a pagar juicios y el resto se diluye en pago de sueldos, sin posibilidad de mejorar la planta de investigadores, incorporar tecnología, por nombrar algunos rubros.

Pero además hay otro problema: el fiscal de Estado, Joaquín De Rosas, está suspendido y a la espera de que sea enjuiciado, sospechado justamente de no haber cumplido con su rol y haber favorecido a empresarios usando el poder que da la fiscalía. En su reemplazo está Javier Fernández, quien ha levantado el perfil de la Fiscalía, pero al ser un fiscal subrogante no tiene el mismo poder.

El Tribunal de Cuentas de la provincia también tiene problemas por la falta de renovación de sus cuadros técnicos y también por el poco alcance de sus informes: ese organismo sigue sin expedirse sobre temas relacionados con la corrupción. Ese organismo tiene un presupuesto de 43 millones de pesos.

Por eso Mendoza le destina menos de 60 millones de pesos a controlar un presupuesto de más de 25 mil millones de pesos.

Un antecedente

El antecedente a tener un organismo relacionado con el control y prevención de la corrupción ocurrió durante la gestión de Arturo Lafalla con la Inspección General de Gobierno. Allí había varios funcionarios que hoy son más que conocidos. La IGG era conducida por Alejandro Cazabán, quien luego tendría una larga carrera como funcionario público, y en el estaff de agentes de control estaba Marcelo Costa, actual ministro de Hacienda.

En esa repartición había una oficina de información pública. El Gobernador y todos los funcionarios hacían públicas sus declaraciones juradas y las de sus parientes. Incluso aún se puede conseguir en la web esa información. Pero la IGG tenía un poder endeble, porque no fue creada por ley. Cambió el Gobierno y desapareció. Roberto Iglesias le agregó secretismo a las rendiciones de cuentas del patrimonio de los funcionarios públicos y sólo presentan sus declaraciones juradas ante Escribanía de Gobierno, pero bajo secreto.

La intención de esas políticas de transparencia es hacer un seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios mientras están en sus cargos, pero también posteriormente para saber si se enriquecen ilegalmente usando la función pública. En Mendoza ningún organismo ni la justicia han investigado el salto patrimonial de algunos funcionarios, incluidos los gobernadores.

A nivel nacional es la Oficina Anticorrupción quien recibe y acumula las declaraciones juradas de los funcionarios. Y esa documentación está a disposición de quien la solicite, pero se retira personalmente en Buenos Aires.