Los principales candidatos a diputados nacionales por Córdoba en la elección legislativa del próximo domingo 22 mostraron –a pedido de este medio– las declaraciones patrimoniales de sus bienes e inversiones.

Esta práctica democrática, que se repite desde 1993, permite conocer el patrimonio de los postulantes a una banca, el incremento que tuvo en relación con años anteriores y cuál es el destino de sus ahorros.

La mayoría de los candidatos respondió al pedido de La Voz, aunque dos de ellos –Alejandra Vigo, segunda postulante de Unión por Córdoba (UPC), y Liliana Olivero, cabeza de lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT)– enviaron la declaración que presentaron ante las autoridades fiscales como funcionaria y legisladora provincial, respectivamente. Alberto Beltrán, de Primero la Gente, no respondió el cuestionario.

La sociedad manifiesta un fuerte descreimiento hacia la clase política en la Argentina. Sin embargo, lo que está en juego en pocos días más es la elección de nueve representantes de Córdoba, quienes se sumarán en la Cámara de Diputados de la Nación a otros nueve legisladores que fueron elegidos para el período 2015-2019.

Se trata de representar los intereses de los cordobeses en un cuerpo multipartidario, por lo que sus antecedentes patrimoniales cobran fuerza ante las múltiples negociaciones que se abrirán para solucionar los problemas que exhibe la Argentina. Los proyectos en discusión suelen acordarse –en más de una ocasión– a través de favores políticos y económicos.

La demanda de transparencia y honestidad en funcionarios y legisladores fue creciendo en la sociedad, que adjudica a la corrupción y las malas prácticas la falta de soluciones concretas para desterrar la pobreza, entre otros problemas.

Las declaraciones permiten observar, además de su crecimiento o decrecimiento en bienes y recursos, las distorsiones sobre las remuneraciones en el Estado. El vicegobernador de la Provincia tiene un sueldo neto que es algo más del 60 por ciento de la remuneración de un funcionario judicial de segunda categoría. Los diputados provinciales perciben la mitad de lo que cobra un legislador nacional, sin incluir otros beneficios personales.

La práctica de las declaraciones patrimoniales no agota las acciones que son necesarias para combatir la corrupción. Pero constituye un paso positivo para generar transparencia y una paulatina restauración del vínculo entre la sociedad y sus representantes.

Esa articulación es clave para sostener la confianza en los partidos políticos y, por ende, en la democracia representativa. Lo contrario alienta los sueños de quienes pretenden el poder hegemónico, que no es la elección de la mayoría de los argentinos.