Mauricio Caminos

El oficialismo tomó nota del clima adverso en el Senado para apurar la sanción de la ley Bases y del paquete fiscal y ya admite en los pasillos del Congreso que el debate se va a estirar más días de lo previsto. Iniciado el segundo día del plenario de comisiones donde se discute la ley ómnibus de Javier Milei, el cronograma libertario prevé que haya dictamen la semana que viene y que la sanción se pateé al 23 de mayo, justo dos días antes de la firma del Pacto de Mayo en Córdoba, supo elDiarioAR de fuentes parlamentarias. El plan original era que los senadores firmen el despacho este jueves, para ir al recinto la semana próxima. 

Uno de los escollos que encontró La Libertad Avanza para un tratamiento exprés en la Cámara alta fue el pedido de Unión por la Patria para que invitados especiales puedan opinar al respeto de la ley Bases en el plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto. Esos oradores se presentarían el martes que viene. El kirchnerismo ya adelantó que va a invitar a los líderes de la CGT y las dos CTA, que mañana harán un paro general. Al respecto de la medida de fuerza, en el Senado prevén igual la realización de la reunión de comisiones.

Pero el obstáculo principal que encontró el Gobierno para apurar el dictamen es la discusión que se abrió con los senadores opositores, sobre todo con los bloques a priori dialoguistas o aliados, como son el PRO, la UCR y los federales. Ayer martes surgieron las primeras diferencias con respecto al RIGI (el régimen de promoción de grandes inversiones) y el fin de la moratoria previsional. Este miércoles el debate se centró en la reforma laboral y los cambios en la política energética. 

El oficialismo aún no tiene abroquelado el poroteo de votos tanto para la firma del dictamen como para la sanción de las leyes. Y si hay cambios en los textos, los proyectos deberán volver a Diputados para una sanción definitiva. En ese caso, tanto la ley Bases como el paquete fiscal quedarían para después del 25 de mayo. Con los cambios de fecha, aún es una incógnita si el Gobierno mantendrá o también pospondrá la presentación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el recinto, ya agendado para el miércoles 15.  

“Mañana no va a haber dictamen. La idea es dictaminar el miércoles o jueves próximo. Y sesión casi seguro el 23”, apuntaron a elDiarioAR en un importante despacho del oficialismo. Lo mismo concidieron otras fuentes parlamentarias consultadas.

Si bien ayer y hoy se hicieron presentes en la Cámara alta importantes funcionarios como el ministro del Interior, Guillermo Francos, la rosca en el Senado la conduce la vicepresidenta Victoria Villarruel. De ella dependerá finalmente asegurar una sesión a favor de la Casa Rosada.

Este miércoles de hecho la vice recibió en su despacho a la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) y la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro): el tema fuela posibilidad de incluir en la Corte Suprema a mujeres, justo cuando el Gobierno impulsa las candidaturas de Ariel Lijo Manuel García Mancilla. En la reunión estuvieron las juezas Susana Medina y Teresa Day de la AMJA.

La segunda jornada de reunión de comisiones tuvo este miércoles varios momentos de tensión. La senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el senador Mariano Recalde (CABA), ambos kirchneristas, cuestionaron al secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la reforma laboral incluida de la ley de Bases y que obtuvo la media sanción la semana pasada en Diputados. 

Para Fernández Sagasti, el plan del Gobierno es la “flexibilización tributaria, laboral y ambiental” y continuó: “Se beneficia a los evasores, se les saca las multas, las demandas penales; se crea un sistema de blanqueo, pero se elimina la mal llamada moratoria jubilatoria”. En esa línea, cargó contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Se están manoteando el fondo de sustentabilidad, la plata de los jubilados. La plata de los jubilados va a estar en las manitos de (Luis) Caputo, peligrosísimo. Si hay alguien que le gusta la timba es ‘Toto’ Caputo”. 

Minutos antes, Recalde fustigó contra Cordero y la reforma: “Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas —como en los '90 que fracasó— van a conseguir resultados diferentes”.

“Es cierto que en otras oportunidades se han intentado modificaciones a las normas de trabajo, que no se han logrado y esta vez en un aspecto que han sido tamizadas por todo el debate previo que se ha tenido dentro y fuera del Congreso”, admitió Cordero, que igualmente defendió el proyecto oficialista: “Lo que se busca desde el Estado con la presentación de estas normativas es la generación de empleo y seguridad jurídica”, planteó.

“Quiero que sepan que estas multas que se están derogando están en esa Ley de Empleo: nacen en la ley que se critica y hoy cuando se intenta derogar, se protesta. Leyes que fueron evolucionando e involucionando a través del tiempo, llevando a lo que yo denomino un incentivo a la informalidad”, advirtió el secretario de Trabajo, para quien “uno puede construir un esquema normativo ideal que luego cuando contrasta con la realidad no se visualiza”.

Para Cordero, “si las normas no acompañan, si son riesgosas y crean un riesgo exagerado o imposible de ser controlado, esas normas impiden la contratación, porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa”. El secretario de Trabajo dijo que los agravamientos indemnizatorios fomentan la informalidad y espetó directamente al senador Recalde: “¿No lo entendiste?”, le retrucó, y luego planteó: “Hoy ese trabajador informal cobra 3 veces la indemnización de un trabajador normal, con las normas como están hoy”.

Otra de las discusiones la protagonizó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con el senador Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos), que tiene un lugar clave porque preside un bloque de tres peronistas no-kirchneristas, integrado además por la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola. El senador reclamó por la deuda que mantiene la Nación con las generadores de energía. 

Según especificó Kueider, el Gobierno lleva “cinco meses de deuda” y aseguró que a las empresas entrerrianas se les hace “imposible operar”. Rodríguez Chirillo salió rápido de la encrucijada y sostuvo que están “trabajando” en ese sentido. 

El funcionario justificó la suba de tarifas que lleva adelante el Gobierno. “Tanto en gas como en electricidad teníamos un tema acuciante que era el tema de tarifas. Tuvimos que hacer una recomposición y una reasignación de subsidios. Pero en materia de electricidad, en generación encontramos situaciones muy particulares, donde los precios de generación de electricidad son muy elevados. Y que son contratos dolarizados elevados, celebrados en un momento donde el país tenía un riesgo país elevado, alta inflación y al durar muchos años los seguiremos pagando durante los próximos años, y es uno de los temas a revertir”, argumentó.

Rodríguez Chirillo sostuvo que “la generación que se encuentra instalada no funciona correctamente en su totalidad y se acerca mucho a la demanda máxima, que a veces crece de modo tal que hemos tenido que agotar en el verano todos los puntos de conexión para traer energía de todos los países vecinos”.