urgen dos interrogantes sin una respuesta que se ajuste a la lógica y a la experiencia: cuál sería el motivo de que existan tantas empresas públicas y privadas creadas para prestar un mismo servicio; y cómo las mismas empresas son dirigidas por empleados y jefes que, a su vez, debían ser controlados por ellos mismos; todo ante la vista del Tribunal de Cuentas municipal que debió objetar este enmarañado conflicto de intereses”.

El párrafo, un extracto del procesamiento dictado el miércoles por el juez federal Ricardo Bustos Fierro contra Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, parece anticipar el nuevo capítulo judicial de la causa: la responsabilidad política en el crecimiento de la estructura del Surrbac.

Ayer, siete allanamientos a Crese y a directivos de esa firma evidenciaron que la mirada de la Justicia comenzó a indagar en esa trama (ver página 6).

Lo que sigue es un repaso de los nombres propios que durante los dos mandatos de Ramón Mestre tuvieron injerencia funcional en los servicios de higiene urbana; y el derrotero que los llevó a permanecer bajo el paraguas del Estado. Para la reconstrucción se utilizaron decretos, actas de licitaciones, expedientes del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas y actas societarias. No hay errores en la cronología, sólo que los protagonistas de la trama suelen ir y venir por ella.

Esop. Es el último organismo creado por Mestre y concentra en sus filas a toda la conducción del Surrbac. Lo controla el Tribunal de Cuentas. (La Voz)

Génesis

El primer directorio radical de Crese lo ocuparon dos históricos integrantes de la estructura de Ramón Mestre padre: Alberto Castagno y Oreste Godino, presidente y director técnico de la empresa, respectivamente.

Ambos esperan la resolución del juez de Control Esteban Díaz Reyna, quien debe definir si irán a juicio, junto al líder del Surrbac detenido Pascual Catrambone, por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

La fiscal provincial Patricia García Ramírez les imputa haber contratado a la constructora Krates, que sería de Catrambone aunque inscripta a nombre de testaferros, todos empleados de Crese en ese momento y ahora en la nómina del Ente municipal de Servicios y Obras Públicas (Esop), para la realización de tareas en el predio de enterramiento, que entonces estaba administrado por Crese.

Coincidentemente, Catrambone era el director obrero de la Crese, y para el Tribunal Superior de Justicia su rol tenía idénticas responsabilidades que los funcionarios públicos Castagno y Godino.

Estos últimos compartieron muchas funciones en la larga trayectoria por la administración pública, en Córdoba y Corrientes, cuando el mestrismo desembarcó en aquella provincia. También fueron funcionarios de la Municipalidad de San Francisco, donde se desempeñaron como secretarios de Finanzas y Obras Públicas durante el último período de la gestión de Hugo Madona, la que antecedió a la llegada de Martín Llaryora a aquel municipio.

Castagno se retiró de la actividad pública. Godino, en cambio, es el actual secretario de Obras Públicas de Río Ceballos.

En este cargo surfeó otra imputación: por defraudación calificada. Fue uno de los pocos funcionarios que pasó por tal trámite judicial en la historia del fuero Penal Económico, aunque finalmente fue sobreseído.

Al mismo tiempo, Crese contrató a otra empresa vinculada a la familia Catrambone, Higyse, pero la Fiscalía determinó que esa compañía es propiedad de Agustín, el hijo del líder sindical, y de otro empleado de Lusa, pero no de Pascual Catrambone, por lo que solicitó que Agustín sea sobreseído. Luego, Higyse mantuvo el vínculo comercial con el Ente municipal de Servicios y Obras Públicas (Esop). El juez Díaz Reyna también debe resolver si archiva la causa, como solicitó la fiscal.

La primera estructura

En el inicio de la gestión Mestre, cuando la recolección fue tercerizada en Cotreco y Lusa, Gabriela Faustinelli ocupaba la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos; cargo al que renunció el 10 de diciembre de 2015, cuando Mestre comenzó su segundo mandato. Desde entonces se desempeña como asesora de higiene urbana, tarea por la que cobra 87.900 pesos.

En febrero de 2014 se conformó la empresa Cormecor. Tenía como misión construir una planta para el tratamiento de residuos sólidos, con el cual, se prometió, la ciudad dejaría de enterrar la basura en el colapsado predio de Piedra Blanca.

El esquema de poder que se consolidaría con los años desembarcó en la primera asamblea de accionistas, con una fuerte presencia del Surrbac: los gremialistas Catrambone y Daniel Ayerbe, Marcelo Urreta (abogado del gremio y apoderado del partido Acción para el Cambio, sello con el que compitió Tomás Méndez en las elecciones de 2015) y el contador Juan Manuel Riba, imputado en la causa de lavado de dinero que instruye la Justicia federal, firmaron el acta constitutiva.

De los radicales que conformaron Cormecor, dos sobrevivirían hasta estos días: su actual presidente, José Aiassa, y Marcelo Ambroggio, vicepresidente. Un tercero se sumaría como síndico: Eugenio Márquez, quien fue apoderado de Mario Negri durante la pelea de los radicales a principio de este año, cuando estalló Cambiemos.

Aiassa era por entonces gerente de la Lotería de Córdoba. Durante varios años, incluso, ejerció ambos cargos y cobró sendos salarios, pero en febrero de 2017, en medio de una tormenta, debió renunciar a la Lotería: había autorizado el juego electrónico instantáneo Quiniela Ya, lo que desató fuertes críticas de Ramón Mestre, quien ordenó a los inspectores municipales que clausuraran las agencias. Aiassa se fue de la Lotería, donde tenía una extensa carrera, pero se quedó en Cormecor como custodio de las acciones de la Municipalidad de Córdoba, a instancias de Mestre.

Episodio dos

En el segundo período de Mestre, la Secretaría de Ambiente se recicló en Servicios Públicos. Allí desembarcó Julio Waisman. No pesó en su contra la fallida gestión, años atrás, como director general de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, entre diciembre de 2007 y mayo de 2009, durante el mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

Tampoco lo invalidó haber integrado la conducción de Crese durante la gestión de Daniel Giacomino. Recuerda la memoria 2012 de la empresa que tras el fracaso de Inviron Corporation, Waisman y los otros dos directores renunciaron. El exintendente intentó privatizar el destino final de la basura en Inviron, una compañía estadounidense que prometía crear gas de la basura. Final de la historia: la basura se sigue enterrando.

Antes de ser designado subsecretario de Higiene Urbana, Francisco Guzmán tuvo un acto de lealtad extrema con Ramón Mestre: en febrero de 2014 asumió durante siete minutos su banca de concejal para votar el aumento del boleto urbano. En diciembre del año siguiente, sería designado en el cargo con el que se retirará el próximo 9 de diciembre.

Las designaciones en el esquema de higiene urbana fueron también parte de la rosca en el Foro de Intendentes de la UCR: dos intendentes tuvieron cargos después de abandonar sendas comunas en diciembre de 2015: Carlos Tassi, de La Francia, y Norberto Bergami, de General Roca, fueron designados, respectivamente, directivos de Cormecor y Crese.

Casi todo lo importante en el marco de la gestión de la basura ocurrió, durante la gestión Mestre, en verano. El 18 de enero de 2016 se ponía en marcha el Esop, último organismo creado por el intendente, encargado del barrido y de la operación del predio de enterramiento de Piedra Blanca.

Esop, la última ficha

En el Esop recalaría la conducción y dirigencia del Surrbac. Al absorber la mayoría de los empleados del sistema, despejó el camino de la privatización del servicio de recolección.

El primer presidente del Esop fue Luis Brower de Koning, y lo secundaron Armando Guadalberto Mayor y César Ferreyra. Luego, Mayor dejaría el ente municipal para regresar al Tribunal de Faltas Municipal, donde se desempeña como presidente de la Cámara de Apelaciones.

Brouwer de Koning renunció en octubre de ese 2016. Lo reemplazó César Ferreyra, secundado por Enrique Imberti, exfuncionario de Crese. Imberti es el único de aquel triunvirato que sobrevivió a los vaivenes y aún es parte del ente.

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Otra vez en enero, pero de 2019, Mestre movería las fichas al desplazar a Ferreyra, quien se convertiría en asesor del intendente, tarea por la que cobra 91.600 pesos. Su salida se produjo luego de que La Voz publicara que la cúpula del Surrbac cobraba del Esop sin ir a trabajar. Lo reemplazó Alfredo Sapp, quien anoche recibió su diploma de concejal de la ciudad.

Quién controla la “maraña” de empresas y de entes

En el procesamiento a Saillén y a Catrambone, el juez federal Bustos Fierro plasmó un supuesto “mirar para otro lado” de los vocales de los dos Tribunales de Cuentas que intervinieron durante la creación y crecimiento de la “enmarañada” estructura que come de la basura. Al Tribunal de Cuentas le corresponde revisar las compras y contrataciones de Crese y Esop.

En ambos períodos, el radicalismo ejerció la mayoría, siendo la legisladora electa Verónica Garade Panetta quien ocupó el organismo durante ocho años ininterrumpidos. En los últimos cuatro años, la UCR también estuvo representado en el Tribunal de Cuentas por Estanislao Cortes Olmedo y Carla Abugauch.

La oposición –entre en 2011 y 2015 a cargo de delegados de Olga Riutort y en los últimos cuatro años, en manos de integrantes de ADN, el partido de Tomás Méndez– objetó distintos expedientes vinculados al esquema de basura, pero sin que la observación lograra revertir la mayoría automática.

Crese

Los radicales Juan Carlos Forneris y Pablo Cáceres se mantuvieron durante los últimos años como integrantes de la comisión fiscalizadora de la empresa estatal Crese.

Los bloques opositores del Concejo Deliberante se repartieron las tres sillas restantes en esa comisión. Entre 2011 y 2015 Julio Páez, por el espacio de Olga Riutort; Mario López Amaya, por Unión por Córdoba; y Mónica Melone, por el radicalismo. Desde 2017, Melone siguió su carrera en el Estado como secretaria del Tribunal de Cuentas Municipal, cargo que desempeña actualmente.

Las sillas de la oposición volverían a repartirse en 2015, tras la irrupción de Méndez en la política de la ciudad y el sacudón al mapa político. Así, el bloque ADN impondría a Ángel García, un abogado de la estructura de Marcelo Pascual. Una curiosidad respecto de García: ejerce su profesión en Cruz del Eje.

Unión por Córdoba sentó en la empresa a Bernardo Knipscheer, actual pareja de Natalia de la Sota. Había ocupado el mismo cargo entre 2009 y 2011, durante la gestión de Daniel Giacomino, también como representante del peronismo en la sindicatura. Anoche, Knipscheer recibió su diploma de concejal electo, cargo que asumirá en 22 días.

En su última memoria, el presidente de Crese recomendó liquidar la empresa, que no tiene empleados, pero sí deudas.

Cormercor

El peronismo, por su parte, mantiene desde 2014 el control sobre tres importantes sillas en Cormercor: las que ocuparán hasta diciembre los intendentes Rodrigo Rufeil (La Calera) y Facundo Torres (Alta Gracia) y la asesora letrada de la comuna de Los Aromos, Ivana Persichelli.

En respectivas asambleas, Crese y Cormecor ratificaron los salarios de directores y síndicos que no cobran otro salario del Estado: están atados a los de los funcionarios del Ejecutivo municipal.

Un servicio mal visto y bien pagado 

Tres empresas privadas se encargan de la recolección.

Los reclamos por el servicio fueron de tal magnitud que Rodrigo de Loredo, durante la campaña electoral por la intendencia, difundió una encuesta de 22.588 casos en la que se concluía que el 19 por ciento de los vecinos consideraba que la recolección de basura sería el principal desafío que deberá afrontar el intendente que viene. En algunos barrios, como en Nueva Córdoba o Alberdi, ese porcentaje era mayor y trepaba al 25 y 30 por ciento, respectivamente.

Cuatro funcionarios allanados ayer por orden de la justicia federal

Norberto Bergami

Presidente de la Crese desde 2016. Exintendente de General Roca. Pidió que la empresa sea liquidada.

Enrique Imberti

Actual director del Esop, pero antes, durante cinco meses, fue director de la Crese.

Pablo Cáceres

Síndico por el radicalismo de la empresa Crese desde su creación, durante la gestión de Giacomino.

Crese

Ayer fue allanada la sede de la empresa estatal, en 27 de Abril al 700. Allí también funciona el Esop.

Aldo Vargas

Director técnico de la Crese, designado junto a Bergami. Exconcejal capitalino en el primer mandato de Mestre.