La fiscal Corfield investiga una red de espionaje ilegal llevada adelante por el extitular de Asuntos Internos de la Bonaerense Guillermo Berra, quien tenía estrechos lazos con la exgobernadora. Intendentes, funcionarios y jueces eran investigados por esta red.
En medio del escándalo por el espionaje realizado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora una situación similar salpica a la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien durante su mandato siempre fue la protegida por los grandes medios nacionales.
Mientras gobernó la provincia de Buenos Aires, los periodistas de renombre que entrevistaban a Vidal solo hacían destacar las supuestas virtudes de la “Leona”, como les gustaba llamarla, y dejaban que alegremente repitiera su monólogo sin ni siquiera osar a incomodarla o hacerle una repregunta.
Luego de perder por una abultada diferencia en las elecciones del año pasado y no lograr la reelección, muchos intentaban preservarla como una supuesta presidenciable para la oposición, lo que definitivamente se empezaría a desmoronar a partir de las últimas revelaciones que investiga la Justicia platense.
Berra y sus asuntos “no tan internos”
Todo comenzó al conocerse el llamado a indagatoria de Guillermo Berra, hombre de suma confianza de la exmandataria bonaerense y extitular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, por una causa judicial por presuntas tareas de inteligencia y hostigamiento.
El exfuncionario policial fue citado a indagatoria por la titular de la UFI 15 de La Plata, la fiscal Cecilia Corfield, en el marco de una causa por “abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí y peculado”.
La Justicia sospecha que desde el organismo se realizaban tareas de espionaje e inteligencia contra policías, fiscales, jueces, intendentes y referentes políticos.
La investigación comenzó a partir de la denuncia del excomisario Néstor Omar Martín, quien no solo señaló a Berra, sino también a su pareja, María Rosario Sardiña. Según Martín, estas personas sostenían un “plan sistemático de persecución y hostigamiento a funcionarios policiales que ejercieron altos cargos”.
Según consta en las denuncias, fue el 20 de septiembre de 2016 cuando, siempre según la fiscal, Berra y Sardiña, “abusando de los deberes de su cargo, obtuvieron información y practicaron, ya sea personalmente o por terceros dependientes, tareas de inteligencia sin intervención judicial alguna respecto de Néstor Omar Martín y su grupo familiar”.
A raíz de esto, la fiscal Corfield ordenó en octubre del año pasado un allanamiento a las oficinas de Asuntos Internos, donde se secuestró material informático, entre ellos discos duros y diversa información.
Con esos datos en la investigación pudo establecer que, entre 2016 y 2019, Berra y Sardiña habrían obtenido información y almacenado datos “sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”.
La lista de personas espiadas es extensa e incluye también a empresas. Entre los nombres resaltan los del actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; el exalcalde de Berazategui Juan Patricio Mussi; el exjuez penal platense César Melazo; e incluso el entonces jefe de asesores del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, Marcelo Rochetti.
Además, se incluyen a varios otros intendentes, funcionarios de la Justicia y del poder político. En el expediente judicial también se investigan las tareas de inteligencia realizadas sobre la fiscal de juicio de La Plata, Silvia Langone, quien representó al Ministerio Público en el debate oral por la triple fuga de General Alvear de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci.
En total serían más de cien personas sobre las que se libraron órdenes de servicio desde Asuntos Internos con el fin de realizar “tareas encubiertas y averiguaciones discretas, en horarios discontinuos”.
La Justicia presume la existencia de una vasta red de inteligencia sobre toda la dirigencia bonaerense, mediante la cual Guillermo
Berra y María Rosario Sardiña respondían directamente a la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Por todo esto, ambos denunciados deberán presentarse en la fiscalía platense el próximo 29 de junio frente a Cecilia Corfield.
Conte Grand: otro de los grandes implicados
Recordemos que este tipo de denuncias no son las primeras contra funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. En marzo pasado, el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, presentó una demanda contra el cuestionado, y aún en
su cargo, procurador general, Julio Conte Grand, uno de los funcionarios preferidos por Vidal.
En ese momento Ferrari denunció haber sufrido “un plan” de desprestigio en su contra a través de la utilización de “causas armadas” y “operaciones de prensa”.
El funcionario judicial de Lomas de Zamora aseguró que había sufrido “aprietes” a través de “un cúmulo de maniobras” puestas en marcha “desde las entrañas del propio Ministerio Público”.
También afirmó que Conte Grand habría hecho uso de “cierta prensa para atormentar a los propios subordinados, fuera de lo que es el marco institucional”.
Asimismo, además de lo que el fiscal general describió como “una campaña de desprestigio público”, agregó en su denuncia el hecho de haber sido “perseguido” con una causa armada en su contra, “que fue desestimada por la fiscalía de San Martín por inexistencia de delito”.
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