El ministro jefe de gabinete de la provincia de Misiones, Ricardo Escobar, informó ayer que al operativo del Renatea que la semana pasada descubrió trabajo esclavo en un campo perteneciente al ex gobernador Ramón Puerta, se sumó una inspección en un campo de Corrientes, cuyo propietario es Francisco José Wipplinger, padre del diputado provincial opositor Claudio Wipplinger (Trabajo y Progreso), donde también se detectó trabajo en condiciones irregulares. Escobar criticó que los responsables sean justamente políticos que pretenden conducir los destinos de la provincia

El Renatea realizó inspecciones en el campo de la empresa FJW, que corresponde a las siglas Francisco José Wipplinger, dueño de la transportista y de un diario misionero. En una estancia de 17 mil hectáreas en Corrientes, encontraron a 15 trabajadores en situación de informalidad y dos menores de edad, por lo que también se procedió a realizar la denuncia penal por trata laboral y trabajo infantil.

La estancia de Wipplinger está ubicada en Corrientes. El operativo se inició a partir de la denuncia de trabajadores ante el Renatea. Como toda estancia, está dividida en predios. La inspección se realizó sobre un primer perímetro de 80 hectáreas, cercano a la Ruta Nacional 120, en el kilómetro 35. Allí se encontró a cinco trabajadores sin agua potable, ni energía eléctrica, ni elementos de trabajo legales para la forestación. Tampoco había baños ni lugar de aseo. Dormían sobre los colchones en el piso. Y la comida, que era descontada del sueldo que recibían los peones, había que ir a buscarla a cuatro kilómetros del casco de la estancia. En el casco había otras nueve personas que también fueron relevadas por el Renatea.

Wipplinger es un empresario del transporte, dueño de un diario provincial y padre del diputado provincial opositor Claudio Wipplinger; ex socio político de Puerta.

En la finca contigua, Estancia Las Palmas, de Pablo Enrique y Nadin Tayar, se relevó la situación de 15 trabajadores dedicados a la actividad forestal y ganadera, encontrándose en iguales condiciones de precarización laboral.

El delegado provincial del RENATEA Ramón Enriquez, sostuvo que la no registración de personal detectada en los campos de Ramón Puerta y del padre del diputado Wipplinger, serían delitos que conllevan multas, y advirtió: "Como también constatamos explotación infantil y trata laboral, estamos presentando denuncias ante el procurador de la provincia quien las canalizará a través del fiscal que corresponda –en el primero de los casos– y ante el Juzgado Laboral Federal –en el restante–. Las multas son bastante considerables, en algunos casos pueden llegar al millón de pesos", comentó.

Enríquez agregó que "la cuestión de la sanción que corresponda por las infracciones de trata laboral o de explotación infantil la determinará la justicia". «