Hace más de un año vienen reclamando la regularización de la relación laboral y había un compromiso de las autoridades de que este año podrían acceder a contratos que les garantizaran mayor estabilidad, sin embargo los despidieron sin previo aviso.

Los empleados fueron desvinculados de la institución dependiente de la Subsecretaría de la Niñez, adolescencia y familia del Ministerio de la Comunidad, el último día hábil del 2014.

El 30 de diciembre unos 6 trabajadores del Centro de Atención Integral Juvenil -CAIJU- sito en Yunká 260, dependiente de la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de la D/ra Graciela Parola cuyo organismo depende del Ministerio de la Comunidad actualmente a cargo del Ministro Telesforo Villalba fueron despedidos de la institución, sin mayores explicaciones y en una reunión informal en la que simplemente se le comunicó que los contratos no serían renovados. Entre los despedidos se encuentran psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y operadores. “Hace años que venimos realizado el trabajo como empleados del Estado precarizados bajo la modalidad monotributistas ahora desechados. Teníamos la promesa de pasar este año por lo mínimo a ser jornalizados, sin embargo decidieron deshacerse de nosotros, personal capacitado y con experiencia, disminuyendo así la cantidad de trabajadores en un área altamente sensible”. El CAIJU es una institución que trabaja con niños y jóvenes, de entre 16 y 18 años, en conflicto con la ley penal. Posee dos dispositivos, el de residencia, a cargo del regente Carlos Chávez, donde se alojan a los presuntos infractores, jóvenes judicializados. Además de un área donde se articula tareas con la comunidad, con las familias, las comisarías y otras instituciones el cual está a cargo de la lic. Rosalia Cazal.

Los trabajadores despedidos cumplían funciones similares a otros de planta permanente, algunos de ellos, desde el 2009, situación que también da cuenta de una clara discriminación. “Con mucho esfuerzo, en medio de la precariedad laboral y la falta de recursos de todo tipo venimos trabajando en la inclusión, la socialización y la prevención viendo los estragos que ocasionan las adicciones y su vinculación con el delito”, y agregaron que esta medida además de violentar los derechos laborales adquiridos también atenta contra las tareas que vienen realizando con los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.