Por María Florencia Coria.

El escenario político de Villa María, y por extensión de la provincia de Córdoba, se ha visto sacudido por un movimiento inesperado. El ministro de Cooperativas y Mutuales y exintendente, Martín Gill, figura clave en el gabinete del gobernador Martín Llaryora, ha solicitado una licencia sin goce de sueldo aduciendo “temas personales”. Esta decisión llega en medio de un creciente escrutinio judicial y político, generando ondas expansivas en todo el espectro político provincial.

Desde el silencio estratégico del accastellismo hasta la dura crítica de la oposición, la situación, ocurre en la antesala de una nueva visita del gobernador a la ciudad, plantea interrogantes sobre el impacto político de este movimiento, en un contexto de creciente tensión.

 Una espada de Damocles sobre Gill

El sábado, Gill presentó una nota solicitando una licencia sin goce de sueldo por “motivos personales”, en un momento donde enfrenta dos causas judiciales que afectan su carrera política. La más significativa de estas es la acusación de violencia de género, que aún no tiene fecha de juicio y cuya elevación fue apelada por la defensa del exfuncionario. Este caso, junto a una investigación nacional reactivada por el juez Julián Ercolini, ha puesto a Gill en el ojo de la tormenta, con sectores de la oposición exigiendo su renuncia.

La defensa del ministro argumenta que la licencia es una medida “prudente” mientras avanzan los procesos. También sostiene que, al ser funcionario público, la prescripción de la causa (la denuncia del año 2023) está suspendida, lo que ha permitido que el proceso judicial avance sin plazos fatales. Esto ha dado lugar a una espera, que, según su equipo legal, justifica el pedido de licencia. La defensa también insiste en que Gill siempre ha estado a disposición de la Justicia.

Sin embargo, esta explicación parece insuficiente para acallar las voces críticas que ven en esta movida una admisión tácita de la gravedad de la situación. No obstante, adelantaron que la intención es reincorporarse a la función pública próximamente.

Silencio del accastellismo

El silencio del accastellismo en torno a este tema es sintomático de las fracturas que comienzan a evidenciarse dentro del oficialismo provincial. El espacio liderado por el actual intendente de Villa María, Eduardo Accastello, ha optado por una postura de no intervención, fuentes cercanas declararon que no harán ninguna valoración porque no corresponde. Esta cautela puede interpretarse como un intento de distanciarse de Gill sin antagonizar abiertamente con el gobernador Llaryora.

La oposición al ataque

La reacción de la oposición no se ha hecho esperar, capitalizando rápidamente la situación. La concejal del bloque Juntos por el Cambio, Natalia González, ha sido particularmente incisiva: “no basta tomar licencia, aquí debería haber renunciado, y desde el primer día”. González ha presentado proyectos de declaración y notas directas al juzgado de control, en un intento por mantener la presión y exigir celeridad en el proceso judicial.

“Anhelo como mujer, como funcionaria, y también como militante por los derechos de nuestras mujeres, una pronta respuesta de la justicia, no es posible una indefinición judicial ante tremendo hecho denunciado. La justicia tardía no es justicia” reflexionó.

Visita de Llaryora

La inminente visita de Llaryora a Villa María adquiere una relevancia política inusitada. Lo que en principio estaba programado como un acto administrativo rutinario, el lanzamiento de la Guardia Urbana local, se ha transformado en un momento clave para el posicionamiento político del gobernador. Llaryora se enfrenta a un delicado equilibrio entre mostrar firmeza ante las acusaciones y no desairar a un aliado político de peso.

El gobernador, hasta el momento, se ha mantenido firme en su respaldo a Gill, resistiendo las presiones de la oposición que piden su apartamento definitivo del gobierno provincial.

Esta combinación de factores expone la delicada situación en la que se encuentra el mandatario, quien deberá gestionar su presencia en Villa María con habilidad política para no verse arrastrado por la turbulencia que rodea a Gill. Al mismo tiempo, las expectativas sobre el lanzamiento de la Guardia Urbana y la necesidad de mostrar avances concretos en seguridad podrían ofrecerle una oportunidad de desviar la atención de las polémicas judiciales que giran en torno a su ministro de licencia.

Este episodio pone de manifiesto las tensiones latentes dentro del peronismo cordobés post-Schiaretti. La crisis Gill podría actuar como catalizador para realineamientos políticos dentro del oficialismo provincial, poniendo a prueba la estrategia de Llaryora de mantener un equilibrio entre las diferentes facciones del peronismo cordobés.