El Senado mendocino aprobó el proyecto del diputado Jorge Difonso por el cual se establece una sanción social, además de penal, a las personas que cometan el delito de toma de tierras en Mendoza.

El proyecto de Difonso establece que las personas que lleven adelante una toma de tierras pierdan la posibilidad de obtener designaciones y beneficios sociales que reciban del Estado mendocino o de los municipios.

En los fundamentos del proyecto resalta que "resulta preocupante el creciente número de casos de usurpación y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas en La Plata, La Matanza, San Francisco, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz. Así también, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, de que existen algunos casos que ya ocurrieron en el sur de nuestro país, incluso con la venta de tierras usurpadas".

Por eso sostiene Difonso que es necesario anticiparse a estas situaciones y evitar que ocurran casos similares a a las toma de tierras ocurridas de la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones efectuadas al programa Séptimo Día que se emite por El Siete, el legislador remarcó: "El Estado de Mendoza se pone a la vanguardia en esta problemática. Lo que buscamos es una sanción social. Planteamos la quita de cualquier tipo de refinanciaciones fiscales o créditos a las personas físicas o jurídicas que pueden servirse de una situación de usurpación. Y también establecemos que las personas que hagan una usurpación no puedan ser incluidas en operatorias del IPV. Hay familias que hacen todos los trámites legales y son postergados por este tipo de incidentes que muchas veces van acompañados por violencia y por engaños".

Se han registrado cerca de 50 intentos de tomas en todas las regiones de Mendoza. "La movilidad de estas acciones tiene dos ejes: el político, porque las tomas están coordinadas por dirigentes políticos; y en otras, hay una especulación económica porque el mismo lote se vende o se alquila", finalizó.

El texto aprobado, este martes, dispone como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.

Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.