Algunos dejaron el cargo cuando acabó el mandato de José Alperovich. Otros siguen formando parte del Poder Ejecutivo (PE), hoy bajo las riendas del gobernador Juan Manzur. Se trata de 28 funcionarios y ex funcionarios que, tras el cambio de gestión, iniciaron los trámites administrativos para cobrar las sumas correspondientes a los días de Licencia Anual Ordinaria (LAO) no tomados y al proporcional del Sueldo Anual Complementario no devengado en 2015. Según registros del Tribunal de Cuentas (TC), el monto global reclamado suma $ 5,4 millones.

Cada uno de estos expedientes de pago es sometido a un control preventivo del ente de contralor, integrado por Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales). Hasta ahora, 15 de los solicitantes obtuvieron el visto bueno para percibir esos ingresos. Los recursos ya ejecutados por licencias anuales alcanzan $ 2,8 millones. El Tribunal de Cuentas les requirió documentación respaldatoria adicional a 10 funcionarios y ex funcionarios, a quienes les correspondería un total de $ 2,2 millones. Rechazó tres planteos por vacaciones no gozadas, cuyo monto suma $ 394.000.

Un decreto no publicado

Los requerimientos de pago fueron realizados sobre la base del decreto N° 185/3 (ME), firmado el 1 de febrero de 2016. Este documento no fue publicado en el sitio web de Leyes y Decretos de la Provincia ni en el Boletín Oficial. Según se desprende de acuerdos del Tribunal de Cuentas, esa normativa establece requisitos para el cobro de las vacaciones no gozadas y del aguinaldo proporcional. Entre otros papeles, cada solicitante debe presentar la acreditación de que la suspensión de la licencia fue por “razones de servicio” y por orden del superior jerárquico; el último recibo de sueldo; y el acto administrativo de cese de funciones. Aclara que las erogaciones serán efectuadas en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Este instrumento no es exclusivo de la gestión de Manzur. En 2011, a poco de culminar su segundo mandato, Alperovich rubricó el decreto N° 3.811 13 (ME). A diferencia de la actual, esta normativa no disponía el pago en seis cuotas.

Entre quienes lograron cumplimentar con los trámites dispuestos por el decreto N° 185/3 (ME) aparecen dirigentes de primera línea del alperovichismo.

La senadora por Tucumán Beatriz Mirkin (FpV) logró el aval del Tribunal de Cuentas para percibir $ 317.000. La ex ministra de Desarrollo Social reclamó ese monto por 30 días de licencia correspondientes a 2013, 35 días a 2014 y 29 días a 2015. También superó los controles el actual legislador Marcelo Caponio, apoderado local del FpV. El ex secretario de Gobierno y Justicia sumó $ 103.000 por vacaciones no gozadas.

El ex presidente del Ente Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón, recibió el martes pasado la aprobación a su requerimiento de $ 209.000 por licencias no tomadas. El ex vicepresidente y actual titular de la repartición, Sebastián Giobellina, había concretado el trámite el 7 de marzo (le correspondieron $ 172.000).

Otros ex funcionarios alperovichistas que aparecen en los registros del TC, y cuyos pagos ya habían sido consignados por LA GACETA, son: el ex ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Jorge Gassenbauer ($ 214.000); el ex director del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) y actual ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández ($ 123.000); la ex interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social (Ipsst), Nelly Ganim ($ 361.201), y el ex subinterventor de la repartición, Juan Carlos Arroyo ($ 320.580).

Entre quienes conservaron el cargo y superaron los controles preventivos del TC figuran: el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván ($ 274.000); el secretario de Transporte y Seguridad Vial, Benjamín Nieva ($ 202.000); el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer ($ 130.000); y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, César Nieva ($ 257.000).

El Tribunal de Cuentas les requirió documentación complementaria a otros funcionarios que culminaron su mandato el año pasado.

Algunos de ellos fueron designados otra vez por Manzur, como el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, quien solicita $ 433.000; y la subinterventora de esa repartición, Noemí Ferrioli, quien reclama $ 381.000.

También hay trámites pendientes de agentes que acabaron su gestión, como el ex director del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, Ángel Adrián Cuneo Vergés ($ 265.000); el ex ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijoó ($ 216.000); el ex interventor del IPLA, Daniel Esteban Sosa Piñero ($ 267.000); la ex secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare ($ 346.333); y el ex secretario de MiPyme y Empleo, Julio Miguel Cerviño ($ 253.000).

El TC rechazó los pedidos de Lilia Mirna de Fátima Dip (del Ministerio de Desarrollo Social, solicitaba $ 95.000); de René Luis Arias (ex director de MiPyme y Empleo, gestionaba $ 90.000),y de Luis Serafín Griffo (ex secretario de Obras Públicas, solicitaba $ 208.000).

Según fuentes oficiales, la mitad del Presupuesto Provincial 2016, que suma $ 42.000 millones, está destinada a sueldos. Así, en comparación con los $ 21.000 millones globales para haberes de 2016, los $ 5,4 millones solicitados por vacaciones no gozadas parecen una cifra menor. Para algunas reparticiones, sin embargo, significa un monto elevado. Por ejemplo, representa el 50% de la planilla de personal de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del PE.