Mauricio Caminos

El pasado martes 13, Victoria Tolosa Paz apenas pudo celebrar sus primeros dos meses como ministra de Desarrollo Social. La decisión del Gobierno de dividir en dos el bono de $13.500 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo terminó de romper su vínculo con las organizaciones oficialistas de la UTEP, el gremio de la economía popular donde tributan desde el Movimiento Evita de Emilio Pérsico hasta el MTE de Juan Grabois.

Molesta con el trato público que tuvo de los dirigentes sociales –hubo quienes la acusaron de ser “peor” que Carolina Stanley, la ministra en tiempos de Mauricio Macri–, el miércoles Tolosa Paz intentó hacer las paces. Hubo cruces telefónicos con la cúpula del Evita y la UTEP –Esteban “Gringo” Castro es su secretario general–. Fueron los últimos intentos para acercar posiciones, que ya se habían desencontrado en reuniones personales del lunes pasado y el jueves del feriado de la semana anterior. 

Pero ninguna de las dos posiciones cedió: los piqueteros oficialistas reclamaron que el bono sea de al menos 14 mil pesos cada cuota. Tolosa Paz rechazó la contraoferta y les dijo que Sergio Massa no le giraba más fondos. La polémica entonces pasó a las calles: el viernes, las organizaciones hicieron su primera marcha contra el mismo Gobierno al que pertenecen, movilizándose al edificio de la 9 de Julio con los murales de Evita y al Palacio de Hacienda. 

Para los movimientos sociales todo lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social en materia presupuestaria es insuficiente

Victoria Tolosa Paz, ministra

Esta semana, los piqueteros redoblarán la apuesta: el martes –en un nuevo aniversario del estallido del 2001– irán a distintos locales de grandes supermercados. El jueves tienen prevista una jornada de lucha federal. A esa agenda de cortes de las bases del Frente de Todos se podrían sumar otras manifestaciones de las agrupaciones opositoras: desde la Unidad Piquetera amenazan con acampar en el microcentro el miércoles y también la Nochebuena del 24.

“Nos preocupa que no se pueda resolver algo que en números del presupuesto nacional no es nada, y que para muchas familias es mucho”, apuntó a elDiarioAR un referente de la UTEP al terminar la movilización del viernes. En una cuenta rápida, el bono oficializado representa más de 17,5 mil millones de pesos. 

El truco de Massa de dividirlo en dos cuotas –una en diciembre y otra en enero– no es ocioso: las partidas actuales de Desarrollo ya están agotadas y necesita de giros vía DNU. Que una parte se pague ya el año que viene se computaría dentro del Presupuesto 2023.

“Es el peor aguinaldo en los últimos 8 años”, cuestionó otra voz piquetera. El Potenciar Trabajo entrega unos 30 mil pesos por 4 horas de contraprestaciones diarias en cooperativas a 1,3 millones de personas. Muchos de esos beneficiarios pertenecen a las organizaciones –el Evita es la mayor, con unos 120 mil–, aunque también hay planes manejados por los municipios, las provincias, asociaciones civiles y hasta la Iglesia. 

La cúpula de la UTEP que definió el plan de lucha contra el Gobierno: hubo piquetes el viernes pasado y habrá protestas el martes y jueves próximos. TélamEl divorcio con Tolosa Paz

La ruptura entre Tolosa Paz y los piqueteros parece no tener retorno, según recogió este medio en distintas fuentes que transitan los pasillos de Desarrollo Social y los territorios del conurbano. Cristalizado en los últimos días, el divorcio viene de semanas previas, al calor del escándalo por las supuestas irregularidades en los beneficiarios del Potenciar. 

La primera estocada contra la ministra vino del corazón del cristinismo. La vice tiene una tirria histórica con Tolosa Paz: distintas fuentes coincidieron en que el polémico informe de la AFIP de que había 250 mil incompatibilidades fue un “carpetazo” de Carlos Castagnetto, ex segundo de Alicia Kirchner. A eso se sumaron idas y vueltas de la propia ministra: primero anunció que las irregularidades eran solo unas 3.000, pero luego determinó dar de baja unos 20 mil. En el medio pidió sumar requisitos de incompatibilidad en el programa –que hubiera elevado el número de irregulares a casi 200 mil–. Ese minué enrareció el clima interno de una cartera por demás loteada. 

Tanto las orgas de la UTEP como La Cámpora manejan importantes despachos propios. Uno de los más opulentos es justamente la secretaría que administra los planes, la de Economía Social, que conduce Pérsico. La otra es la de Inclusión Social, a cargo de la camporista Laura Alonso, oficina que entrega la Tarjeta Alimentar. Ambas cajas representan más de mil millones de pesos en el Presupuesto 2023, casi el 90% de todo lo que recibirá el ministerio. Tolosa Paz tiene la lapicera pero no la botonera.

En ese contexto, la crisis interna comenzó a rebasar en los primeros días de diciembre, cuando la ministra demoró el pago del Potenciar, hasta tanto el juez Julián Ercolini –que investiga las supuestas irregularidades– la habilitó a que acredite los haberes. En paralelo hubo otra demora que no tuvo repercusión: según confió una fuente a elDiarioAR, también se pospuso unos días el pago de la Tarjeta Alimentar, que entrega entre $12.500 y $25.000 de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene cada titular del beneficio. 

“No es bueno que tantas familias no puedan estar tranquilas a fin de año. La ministra no tiene sensibilidad social”, consideraron en una de las tribus oficialistas. “Ella incumplió todos los acuerdos que hicimos apenas llegó”, comentaron en otra de las agrupaciones piqueteras. En su momento, cuando reemplazó a Juan “Juanchi” Zabaleta, en los movimientos se habló de que si usaba el cargo como trampolín a una futura candidatura en La Plata, podrían acompañarla.

El diputado nacional y jefe de la CCC, Juan Carlos Alderete, a la izquierda, en la reunión del lunes pasado con Laura Alonso, funcionaria de La Cámpora a cargo de la Tarjeta AlimentarUna interna loteada

Ahora todas las bases del FdT parecen alineadas contra Tolosa Paz. En una foto que buscó enviarle un mensaje interno, Alonso se mostró esta semana con Juan Carlos Alderete, máximo referente de la Corriente Clasista y Combativa, otros de los pesos pesados de la UTEP. La postal hace sentido en el marco de la última reunión que Pérsico tuvo con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado –que este medio desarrolló hace dos semanas–.

Discursivamente, los dirigentes que en público la culparon del ajuste en los planes fueron los que están en la mesa chica de la UTEP: Castro, Gildo Onorato (también del Evita), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) y Norma Morales (Somos-Barrios de Pie). Ninguno tiene un cargo ministerial.

Victoria Tolosa Paz parece una ministra de Cambiemos, ni Carolina Stanley se animó a tanto

Norma Morales, dirigenta nacional de Somos-Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP

Los cañones apuntaron a Tolosa Paz, pero se enfocaron menos en el Presidente y Massa –en definitiva, quien maneja el grifo de los recursos públicos–. Hubo una escenificación cuidada, porque los funcionarios que ejecutan las partidas del ministerio son de las mismas organizaciones que se movilizan en las calles. Además de Pérsico y Alonso, en la cartera están Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie, o Ramona Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana y referente del MTE de Grabois, entre un sinfín más de casos.

Con la venia del presidente Alberto Fernández, la ministra, por ahora, se mantiene firme en su cargo. Desde su entorno no respondieron a las consultas de elDiarioAR, pero en declaraciones televisivas buscó remarcar cierta ambición de las agrupaciones como justificación de los piquetes. “Para los movimientos sociales todo lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social en materia presupuestaria es insuficiente”, dijo con un claro tono de fastidio el miércoles por la noche en América 24. Negó que haya un “ajuste” a los planes y puntualizó en los fondos que repartirán tanto Pérsico –590 mil millones– como Alonso –400 mil millones–. 

El cruce de acusaciones parece dejar más a las claras que su cargo cumple un sugestivo rol interno de chivo expiatorio. Alguien tiene que hacerse cargo del costo político del ajuste del Gobierno que todos integran. Esa contradicción explica un revés de la polémica por los planes: pese a que la movilización del viernes terminó frente al Palacio de Hacienda, la alianza entre el tigrense y el Evita –el mayor accionista de la UTEP– no se deterioró en estos días, más bien todo lo contrario, según supo este medio: hay ahí un pacto de caminar juntos el 2023. Y, aunque con menos luces, aún se mantiene la relación con el Presidente, que hace pocas semanas firmó un decreto para que las agrupaciones se hagan cargo de la obra pública de bajo costo: Fernando “Chino” Navarro, mano derecha de Pérsico y funcionario de la Jefatura de Gabinete, se reunió un largo rato y en más que buenos términos con Fernández el jueves.