La grosería política de Aníbal Fernández (“las calles estarán regadas de sangre y de muertos si gana la oposición”) anticipó la suciedad en la que se desplegará la campaña electoral. Tal vez el ministro de Seguridad se pegó un tiró en el pie, porque la gravedad de esa frase solo es comparable con la quema del cajón de Herminio Iglesias en 1983, que condenó al peronismo a una devastadora derrota frente al radical Raúl Alfonsín. Pero ¿de dónde saca Aníbal Fernández que la oposición optará en el gobierno por políticas que tendrían semejantes consecuencias? ¿O, acaso, el ministro tiene agentes infiltrados entre los opositores, les hackeó los teléfonos o les colocó micrófonos en sus oficinas? La pregunta es pertinente porque el Gobierno actual usa los servicios de inteligencia para los menesteres domésticos de la política como si fuera una práctica normal. Y no es normal ni legal. Existe un servicio de inteligencia paralelo, con la policía aeronáutica (PSA) como principal mano de obra, bajo la jefatura de personajes ligados al cristinismo puro y duro, como Rodolfo Tailhade o Leopoldo Moreau.

¿Pruebas? El exministro de Seguridad de la Capital Marcelo D’Alessandro, que renunció luego de que hackearan sus teléfonos, denunció ante la Justicia que Tailhade adelantó que sus conversaciones y chats habían sido intervenidos, antes de que se conocieran los chats y las conversaciones. ¿Cómo supo Tailhade de ese hackeo a D’Alessandro antes de que se conociera públicamente el contenido del hackeo? D’Alessandro había participado de un viaje con jueces a Lago Escondido, un bello lugar cerca de Bariloche, que es una propiedad privada y también un edificio que puede contratarse como hospedaje. Una foto, seguramente proporcionada por las cámaras de seguridad de la PSA, hizo público ese viaje, cuando la delegación saludaba en el aeropuerto a dos directivos de un medio de comunicación. El kirchnerismo construyó un escándalo en el que imaginó conspiraciones y conjuras en su contra. El enfurecido oficialismo escondió a propósito que en el mismo avión privado, y en la misma delegación, viajó el entonces jefe de asesores de Alberto Fernández, Julián Leunda. ¿Podía haber una conspiración contra el Gobierno o la vicepresidenta delante del principal asesor del Gobierno? Improbable, si no imposible. La única alternativa es que la visión conspiranoica de la vida de Cristina Kirchner haya concluido que Alberto Fernández participaba también del complot. Pero el coraje no es un atributo del Presidente. Lo cierto es que esa foto, difundida por los medios periodísticos oficialistas, expuso la presencia de dos jueces: Julián Ercolini, el primer magistrado que procesó a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública (que luego terminó con la condena a seis años de cárcel), y Carlos Mahiques, juez de la decisiva Cámara de Casación, la última instancia penal de la Justicia. El viaje de los jueces fue posiblemente un error, pero ninguna prueba los vincula con un delito o una confabulación.

Hace poco, en el contexto del bufonesco juicio político a la Corte Suprema, del que participan activamente los diputados Tailhade y Moreau, se interrogó durante tres horas al ministro de Justicia en tiempos de Macri, Germán Garavano. Le preguntaron repetidamente sobre el número de conversaciones telefónicas con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un exasesor de Macri actualmente exiliado en Uruguay. Garavano les recordó a los diputados, ya molesto, que la lista de esas conversaciones estaba dentro de una causa penal y que ellos no podían usar esa información. El momento más tenso del interrogatorio sucedió cuando el presidente del bloque kirchnerista, Germán Martínez, le preguntó desde cuándo conocía a la fiscal Daniela Dupuy. Ella fue nombrada fiscal cuando Garavano fue designado juez. Se conocen desde hace muchos años. ¿Por qué tanta insistencia con Dupuy? La fiscal, con prestigio de buena magistrada en los tribunales, es la que lleva adelante la investigación sobre el hackeo de teléfonos a jueces cruciales para las causas de corrupción de Cristina Kirchner. Dupuy sigue la pista del hackeo telefónico de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ambos integrantes del tribunal oral que condenó a prisión a la vicepresidenta, y a los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, miembros de la sala de la Cámara de Casación que debe revisar aquel juicio oral por la obra pública. Dupuy llegó a identificar al hacker: un joven de 22 años, Ezequiel Nuñes Pinheiro, que vive en Misiones; la fiscal investiga ahora la ruta del dinero para establecer quién le pagó para hacer ese trabajo. Garavano estalló en esa parodia de juicio político delante de los inquisidores Tailhade y Moreau: “¡Pero qué tiene qué ver Dupuy con el juicio político a la Corte Suprema!”. Nada. Entre la fiscal y el máximo tribunal del país no hay ni hubo ninguna conexión. Un legislador opositor concluyó: “Tanta insistencia indica que Dupuy les está tocando los talones a los autores intelectuales del hackeo”.

El caso más paradigmático de falso escándalo y de calumnia contra un magistrado lo sufrió el fiscal Carlos Stornelli cuando armaron una causa en su contra en Dolores en base solo a una foto de él tomando un café con otro hombre. Ninguna grabación telefónica de él, ninguna prueba que lo inculpara. No obstante, el juez Alejo Ramos Padilla, confeso militante kirchnerista, lo procesó por “extorsión”, decisión que luego fue revocada por las instancias superiores. Stornelli venía de investigar el llamado “caso de los cuadernos”, la más prolija biografía de la corrupción del kirchnerismo. Luego, el fiscal fue filmado y fotografiado por los servicios de inteligencia mientras saludaba a personas en la puerta de su despacho. Maniobra que fue abortada por la denuncia de un testigo. La persecución a Stornelli llegó a tal punto que hasta se publicó una foto de su esposa con sus dos hijas menores de edad. El acoso a Stornelli no tuvo límites ni medidas. Los favores se pagan: Ramos Padilla fue luego ascendido a juez federal de La Plata con la función clave de juez electoral de la provincia de Buenos Aires.

La “comisión Moreau”, como llaman a la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia, cerró la puerta con llave desde que la oposición comenzó a indagar sobre la supuesta existencia de una “mesa militar” en la AFI (ex-SIDE). La presencia de militares en los servicios de inteligencia interior está prohibida por las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia nacional. Esa mesa se habría creado durante la gestión de Agustín Rossi al frente de la AFI, donde llegó luego de ser ministro de Defensa y de convivir varios años con militares. Rossi había aceptado que existían en la AFI algunas personas que antes habían revistado como personal civil de inteligencia en las Fuerzas Armadas (PCI, en la jerga militar). Pero el kirchnerismo calló para siempre luego del último pedido de informes de la oposición, en enero pasado. En ese reclamo opositor se requería que se informara si el coronel retirado Marcelo Granitto y el exjefe del Ejército César Milani (de quien Granitto era muy cercano en las tareas de inteligencia) habían ingresado a la sede de los servicios de inteligencia de Buenos Aires o del exterior. Pedía que le precisaran cuántas veces lo habían hecho, si es que lo habían hecho, y por qué. También pedía que se le informara si habían sido contratados por el servicio de inteligencia los coroneles retirados Augusto Cayo, Enrique Tonazzi, Leopoldo Lobo y Sergio Skobalski, y que precisaran dónde trabajan, qué funciones cumplen y desde qué fecha prestan servicio. Silencio. El kirchnerismo no respondió ninguna de esas preguntas y, encima, clausuró las sesiones de la comisión de seguimiento de los servicios de inteligencia, que integran como representantes de la oposición los senadores Alfredo Cornejo y Daniel Kroneberger y los diputados Cristian Ritondo, Miguel Bazze e Ignacio Torres.

Aníbal Fernández forzó los límites del espacio en el que la política respeta normas de convivencia más o menos pacífica. Ellos nunca se miran en el espejo de su propio desastre. El desplante a la oposición en aquella comisión bicameral es una derrota del sistema político. Y el hecho de que todos los argentinos estén bajo la sospecha de servicios de inteligencia que se mueven en las cloacas del Estado es otro síntoma de una democracia abrumada y corroída. El país vive en una esfera injusta, donde el poder equivale a la ley.