Los días posteriores a las indagatorias del magistrado, su secretario, tres abogados y un martillero denunciados por desviar fondos judiciales inmovilizados a través de procesos ejecutivos falsos, dejó la sensación de que cada uno buscó despegarse de las maniobras, pero salpicando a los otros.

Mientras que el secretario se despachó con que su superior tenía el absoluto control de los expedientes cuestionados, el magistrado apuntó al desorden administrativo del Banco Municipal (tiene el control de las cuentas) y a las facilidades que encontraron los abogados para generar conexidad con los expedientes con fondos inmovilizados.

Los acusados son el juez Civil y Comercial Alejandro Pedro Martín, su secretario, Ricardo Lavaca, los abogados Martín Sugasti, Luciano García Montaño y Jorge Heter y el martillero Oscar Kovalevski, a quienes les endilgan estafas reiteradas, defraudación, falsificación de instrumento público y asociación ilícita.

El accionar. A través de juicios ejecutivos, el grupo orquestaba la manera de absorber los fondos de las cuentas judiciales inmovilizadas desde hace años por remates, deudas fiscales, sucesiones o embargos. Pero el Banco Municipal encaró un rastreo y detectó los movimientos.

"¿Qué pasó?", es la pregunta obligada de abogados y operadores de Justicia que caminan por los pasillos de los Tribunales provinciales. Y apunta al resultado de las declaraciones indagatorias del caso que sacudió la estructura judicial y puso en evidencia graves maniobras defraudatorias.

En general, los abogados negaron los hechos, como en el caso de Heter y García Montaño. Su defensa pedirá mayor claridad de la imputación y podrían ampliar la indagatoria.

Sugasti dijo desconocer las maniobras, aunque reconoció haber cobrado una cuenta inmovilizada a modo de favor a García Montaño —quien le entregó el oficio— y con quien dijo tener una relación "fortuita y aislada". El martillero Kovalevski rechazó los cargos y se negó a responder preguntas.

A su turno, Martín se sometió a la indagatoria y contestó los requerimientos de la jueza de Instrucción Mónica Lamperti y el fiscal Carlos Covani.

La estrategia del juez fue despegarse del grupo, quedar como una víctima de las desprolijidad administrativa del banco y del sistema judicial de registro de expedientes (Mesa de Entradas Unica de Tribunales), que les permitió a los abogados chequear las causas en las que había cuentas inmovilizadas para inventar los juicios ejecutivos que luego cobraban a través de las órdenes de pago.

Desafío. Pero no será fácil para la defensa del funcionario probar que estuvo al margen. Es que esos oficios con las órdenes de pago de los cinco expedientes desde donde se originaron los 57 movimientos sospechados (por un total de 1 millón 50 mil pesos) llevan la firma de Martín.

Es más: en uno de esos expedientes libró nada menos que once oficios de pago en menos dos semanas, entre el 28 de febrero y el 13 de marzo de 2012. El banco hizo un seguimiento de las cuentas y, finalmente, denunció las maniobras a principios de agosto ante la Corte Suprema provincial, que separó provisoriamente de sus cargos a Martín y Lavaca.

Es que en julio la entidad bancaria ya le había solicitado, en no menos de tres oportunidades, copias certificadas de las causas donde surgieron los órdenes de pago, pero el magistrado nunca le respondió.

Lavaca, en tanto, le tiró toda la responsabilidad al juez. Dijo que tenía el manejo exclusivo de los expedientes de donde surgieron los pagos, pero que nunca sospechó nada raro. Ese argumento pareciera fácil de rebatir, ya que una de sus funciones como auxiliar del magistrado es dar fe a través de su firma de los actos administrativos del tribunal.

Lo que viene. A su vez, la fiscalía está en camino de acumular elementos para comprobar la participación de un ex empleado del Banco de Santa Fe (actualmente en el Municipal) que habría aportado el listado de cuentas del que se nutrieron los abogados para identificar expedientes y sustanciar juicios que les permitieron cobrar suculentas sumas de dinero.

No se descarta un rastreo y un entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre todos los imputados. Asimismo, en los próximos días llegará la contestación de oficios de la Caja Forense para que comunique si los profesionales que litigaron pagaron las boletas de aportes previsionales, requisito clave para iniciar cualquier juicio.

El fiscal también pedirá la testimonial de los empleados del Juzgado Civil y Comercial Nº 17, que tras el escándalo desatado hace poco más de un mes se quedó sin magistrado ni secretario.

En tanto, la investigación administrativa que ordenó la Corte Suprema, y por la cual se apartó de sus cargos a Martín y Lavaca, se cerró día atrás y sus conclusiones ya están en manos del procurador del máximo tribunal, Jorge Barraguirre.

En ese sentido, Barraguirre deberá elaborar un dictamen final sobre la conducta de los funcionarios actualmente bajo la lupa de la Justicia.