“Tiene que ser una jugada de ajedrez, no una carnicería. Hay que pasarles la factura a La Cámpora. Se necesita una señal de poder. No se puede seguir adelante como si nada pasara”, reflexionó durante la última semana, convulsionada por la profundización de la grieta del Frente de Todos, un dirigente que tiene trato fluido con Alberto Fernández y que espera, como muchos funcionarios y ministros, una muestra de autoridad por parte del Presidente, frente a la decisión de Máximo Kirchner y su agrupación de votar en contra del acuerdo con el FMI.

El comportamiento en las dos cámaras parlamentarias terminó de quebrar una relación que ya estaba dañada. La Casa Rosada y el kirchnerismo van por caminos separados. La confirmación oficial de los escándalos internos llegó a través de la Portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, que el último jueves reconoció que la vicepresidenta Cristina Kirchner no le responde el teléfono al Jefe de Estado.

No se hablan, no coordinan las apariciones públicas y no se ponen de acuerdo en las medidas. No cierran acuerdos y no tratan de encausar una relación entre los diferentes sectores del peronismo, como en algún momento lo hicieron apelando a la gastada retórica de la unidad. La coalición de gobierno está partida y ya nadie se horroriza dentro del oficialismo. Disimular lo indisimulable solo los expone frente a la sociedad. La fractura es real y la gestión es inviable.

En ese contexto, el círculo de funcionarios, gobernadores, ministros y dirigentes que están alineados al Presidente o que, de mínima, están en un territorio peronista donde La Cámpora no cae bien, esperan que el primer mandatario tome una determinación respecto a los puestos que ocupa la agrupación en la estructura del Estado. Que avance sobre algunos de los cargos importantes que controla la organización que lidera Máximo Kirchner, el principal rival interno desde su renuncia a la presidencia de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Fernández parece estar dispuesto a hacerlo esta vez.

En definitiva, quieren una muestra de poder que le de un nuevo impulso a la gestión, que lo fortalezca frente a los diferentes embates kirchneristas y que cambie el rumbo político del Gobierno en los últimos dos años. En el peronismo tienen en claro que de ese posible movimiento depende la convivencia de la coalición en los próximos meses y la construcción de un camino que culmine en la reelección presidencial en el 2023.

“¿Vamos a dejar que La Cámpora construya su propio candidato con las “cajas” de un gobierno al que boicotean?”, se preguntó un albertista decidido a resistir las consecuencias de una ruptura si la tensión interna llegara a un límite. La realidad es que Fernández no tiene intenciones de romper completamente la alianza, pero sí de marcar la cancha al sector que más ha cuestionado su gestión.

La agrupación ultra K ha ganado poder a lo largo de los años. Tuvo un crecimiento exponencial durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, se abroqueló y mantuvo su volumen como oposición durante la gestión de Mauricio Macri, y salió beneficiada en el reparto de cargos en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. La Cámpora es un espacio orgánico, disciplinado, ordenado y compacto. Nadie saca los pies afuera del plato ni habla públicamente si sus superiores no le dieron el aval.

De 21 carteras que tiene la estructura estatal que formó Fernández en el 2019, solo uno de ellos es gestionado por un camporista: el Ministerio del Interior. Eduardo “Wado” de Pedro, hombre fuerte de la agrupación y uno de los fundadores que integra la mesa de conducción, ocupa uno de los dos ministerios políticos con base en la Casa Rosada y clave en la relación con todos los gobernadores del país.

Actualmente De Pedro está reconstruyendo su vínculo con Fernández, luego de que la relación se congelara cuando el funcionario encabezó la presentación de renuncias masivas del kirchnerismo, tres días después de la derrota del Frente de Todos en las PASO. Esa crisis institucional y política fue desatada por la decisión de Cristina Kirchner de presionar al Presidente para que realice un cambio de Gabinete al que Fernández se negaba.

“Antes estaba muy enojado con Wado por la renuncia y ahora le volvió a decir ‘Wadito’ como si nada. ¿Quién puede creer que esta vez Alberto realmente golpee la mesa?”, razonó, con fastidio, un funcionario con acceso al despacho presidencial que no tiene un buen vínculo con la agrupación de Kirchner.

En las segundas líneas del ministerio del Interior La Cámpora también está presente. El secretario de Interior, José Lepere; la directora de Migraciones, Florencia Carginano; el titular del Renaper, Santiago Rodríguez y el flamante Director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, son parte de la agrupación. Schiavi, en lo particular, es un hombre de mucha confianza de De Pedro y uno de los pocos puentes de diálogo que hay entre Balcarce 50 y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La Cámpora está presente, en segundas o terceras líneas, en nueve de los veintiún ministerios. Además de Interior, hay funcionarios en Justicia, Economía, Desarrollo Social, Agricultura, Ciencia y Tecnología, Transporte, Educación y Cultura. También conducen el PAMI y el ANSES, y tienen dirigentes importantes en YPF.

El ministro de Justicia, Martín Soria, es un kirchnerista duro con buena sintonía con el camporismo, aunque no es parte de la agrupación. Su segundo en la estructura jerárquica es Juan Martín Mena, que forma parte de la agrupación y que fue apuntado por un sector del peronismo como un supuesto comisario político de la ex ministra Marcela Losardo, amiga y socia del jefe de Estado. Dentro del esquema de Justicia se encuentra la secretaria de Derechos Humanos que es conducida por Horacio Pietragalla Corti, un camporista duro.

En Economía, el nombre fuerte del camporismo es el del subsecretario de Energía, Federico Basualdo, protagonista de una disputa dañina entre la Casa Rosada y el kirchnerismo el año pasado cuando el ministro, Martín Guzmán, buscó desplazarlo de su cargo porque no estaba de acuerdo con el esquema tarifario que iba a implementar. Basualdo no se fue y los medios sirvieron de conducto para cruzar acusaciones entre los diferentes sectores del Frente de Todos.

En Desarrollo Social, conducido por “Juanchi” Zabaleta, uno de los ministros más cercanos a Alberto Fernández, hay una secretaria y dos subsecretarías controladas por el camporismo. La secretaria de Políticas Alimentarias está a cargo de Laura Alonso; la subsecretaria de Articulación y Comunicación Comunitaria tiene como titular a Laura Grande, mientras que la Subsecretaría de Abordaje Territorial tiene como titular a Eugenia Meana.

En Agricultura, el ex senador provincial Gervasio Bozzano está a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales; en Ciencia y Tecnología la subsecretaria de Coordinación Institucional es conducida por Pablo Nuñez; en Educación la Subsecretaría de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles tiene como titular a Leandro Quiroga, y en Cultura la Secretaría de Gestión Cultural tiene a Maximiliano Uceda como responsable del área.

En la estructura de la cartera de Transporte, que conduce el massista Alexis Guerrera, no hay funcionarios de La Cámpora. Sin embargo, si hay puestos que controlan en los organismos que regulan la aviación y que están bajo la órbita del ministerio. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y el vicepresidente Gustavo Lipovich son parte de la agrupación. La titular de Navegación Aérea Argentina (EANA), Gabriela Logatto, y el vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Fernando Muriel, también están en las filas camporistas.

La titular de ANSES, Fernanda Raverta, está en la primera línea de La Cámpora y al mando de una de las “cajas” más importantes del Estado. En la cúpula del organismo la mayoría son camporistas. El jefe de Gabinete, Juan Pablo Yovovich; el secretario General, Santiago Fraschina; el secretario de Prestaciones, Facundo Tignanelli; el secretario Legal, Javier Pargament y Alejandro Merediz, a cargo de la Subdirección administrativa, son parte de la agrupación ultra K.

Dentro de ANSES sobreviven funcionarios de la gestión macrista, lo que genera cierto fastidio en el microclima del organismo, ya que creen que La Cámpora muestra un discurso hacia afuera muy combativo, pero sigue manteniendo a funcionarios que ascendieron durante el gobierno de Mauricio Macri.

El PAMI es un esquema completamente camporista. A cargo de Luana Volnovich, el organismo maneja otra de las “cajas” claves dentro del organigrama estatal. El segundo de Vulnovich es su pareja, Martín Rodríguez, que es el Subdirector Ejecutivo. Ambos quedaron en la mira de Alberto Fernández luego de viajar a México durante sus vacaciones, en medio de una crisis económica y de una campaña del Gobierno para que los argentinos vacacionen en el interior del país.

En ese momento en el sector del oficialismo más cercano al Presidente creyeron que era el momento de darle un golpe a La Cámpora, pero Fernández mantuvo a los dos en el cargo. Lo mismo sucedió en la crisis post PASO, cuando hubo ministros que le aconsejaron aceptar la renuncia de los que la habían presentado, entre ellos “Wado” de Pedro, y exigirle a Cristina Kirchner un cambio de nombres, pero mantener los lugares de poder de cada sector. El Presidente no aceptó esa opción.

En YPF hay dos camporistas con peso en la agrupación. Santiago “Patucho” Álvarez es el vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicación y Marketing, y Desiré Cano controla la gerencia ejecutiva de comunicación. El director, el santacruceño Pablo González, es un funcionario vinculado al kirchnerismo. Fue vicegobernador de Alicia Kirchner en la provincia del sur y tiene un buen vínculo con La Cámpora.

Son 28 cargos importantes que hoy controla el camporismo como parte de un acuerdo hecho en el 2019. Hay más en terceras y cuartas líneas. En definitiva, la agrupación es uno de los inversionistas del Frente de Todos y pelea por su lugar en el poder real. Esa pelea ha sido efectiva y ha fortalecido su esquema político, económico e ideológico.

En el corazón del Gobierno le piden a Fernández que dé una señal hacia dentro del peronismo y que corra a alguno de los camporistas que ocupan lugares importantes en el organigrama estatal. Que lo haga como parte de una renovación de Gabinete o como una medida unilateral de la que nadie se debería sorprender. En el gobierno nacional advierten que el quiebre es inevitable y la votación en contra del acuerdo con el FMI fue cruzar un límite.

Además, sienten que hay un desgaste permanente ejercido por la agrupación y que la gestión será compleja con ellos adentro o virtualmente afuera del círculo de gobierno. Fernández esperará a saldar la primera cuota con el FMI la próxima semana para ejercer algún tipo de movimiento. Quiere que el acuerdo sea parte del pasado y encabezar una suerte de relanzamiento de gestión. Una vez más.

Muchos de los ministros y funcionarios que están cerca de él desconfían que, finalmente, vaya a avanzar sobre alguno de los lugares que controla la agrupación de Máximo Kirchner. Hay cierto insatisfacción con su falta de autoridad para retrucar las jugadas políticas del mundo K, aunque en esta oportunidad algunas voces albertistas creen que no dejará pasar la oportunidad.