Por Gabriela Pepe.

El 4 de junio de 2014, Corrientes se paralizó por el secuestro de una niña de dos años que fue capturada a la salida del jardín de infantes. Se trataba de Juanita Goitia, nieta de Jorge Goitia, dueño de Casinos del Litoral S.A., quien tenía una estrecha relación con el entonces gobernador, Ricardo Colombi. El ministro de Seguridad era Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

El despliegue de las fuerzas de seguridad fue asombroso. Aquella tarde, en la capital correntina se cerraron rutas, calles y avenidas. El exjuez federal Carlos Soto Dávila –condenado en 2023 en una causa por narcotráfico– dispuso la intervención de Gendarmería. La pequeña fue liberada apenas cinco horas más tarde. Un año después, los secuestradores fueron condenados a 20 años de cárcel.

El caso de Juanita Goitia está vivo en la memoria correntina. La ciudadanía lo invoca por el contraste con el accionar de las fuerzas de seguridad, la Justicia y el poder político en el caso de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció hace un mes en un paraje rural del interior de la provincia. En las marchas por Loan dicen que eso muestra “las cosas que les pasan a los pobres”.

La reacción institucional del caso Loan mostró, además, el funcionamiento de un entramado institucional sospechado de encubrimiento e interferencias en la investigación por parte de figuras ligadas al poder. En la mira quedaron comisarios, fiscales y dirigentes vinculados a Encuentro por Corrientes (Eco), la fuerza que llevó al gobierno primero a Colombi y luego a Gustavo Valdés. El viernes, la causa se cobró la primera renuncia, que tuvo que presentar el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte.

Los vínculos de Walter Maciel con un ministro de Gustavo Valdés

“Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares”, dijo el procurador general de Corrientes, César Sotelo, sobre el excomisario Walter Maciel, detenido por entorpecimiento de la investigación.

Sotelo se refería a los antecedentes de Maciel, denunciado en 2019 por abuso sexual perpetrado contra una compañera de la fuerza. Maciel era entonces jefe de la seccional de la Policía Rural e Islas (PRIAR), en Monte Caseros. La denuncia quedó cajoneada en la Justicia provincial.

No es la única denuncia que hay contra Maciel por su actuación en Monte Caseros. A fines de 2018, una mujer llamada Sandra Toledo denunció, ante el juzgado federal de Paso de los Libres, al intendente de esa localidad, Miguel Olivieri, por trata de personas y explotación laboral. La denuncia fue presentada ante la PROTEX por el abogado y exjuez federal subrogante de la Cámara de Apelaciones de Corrientes Hermindo González.

Según Toledo, Olivieri la contrató para trabajar en ese campo, donde la instaló junto a su marido y tres hijos menores de edad. Le pagaba dos mil pesos por mes y alimentos. Transcurridos dos años, la mujer reclamó el aumento de su salario, pero Olivieri le exigió que dejara el campo. Toledo fue denunciada por supuestos malos tratos hacia sus hijos. Le sacaron la tenencia y le cortaron la luz. La mujer denunció que la policía ingresó al campo para amedrentarla y amenazarla, en nombre del intendente. La persona señalada como quien lideraba los operativos era Maciel. Tiempo después, Toledo llegó a un acuerdo y dejó el campo. La denuncia quedó cajoneada. El intendente de Monte Caseros, Olivieri, asumió en 2021 como ministro de Producción.

Los dichos de Sotelo apuntaban contra quien habría definido el traslado de Maciel a sabiendas de sus antecedentes, el jefe de la Policía, Arnaldo Molina, o el ahora exministro de Seguridad Buenaventura Duarte. Este último responde políticamente al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.

La relación con el fiscal Juan Carlos Castillo

“Che, Molina ¿(Juan Carlos) Castillo y Maciel no se conocían de antes? ¿No fueron policías juntos en Curuzú Cuatiá?”. Colombi soltó la pregunta en la reunión que el jefe de la Policía, Buenaventura Duarte, y el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, tuvieron con senadores el jueves 27 en la Legislatura.

Colombi conocía la respuesta. El exgobernador les había anticipado a sus pares que estaba muy interiorizado en los detalles de la causa Loan. Sabía que, antes de ser fiscal, Castillo había sido compañero de Maciel. Además, la hermana del fiscal había estado en pareja con el excomisario. Castillo tuvo a cargo la investigación inicial sobre la desaparición del niño.

Según publicó el diario La Nación, un día después de que se denunciara la desaparición del niño, agentes de la plana mayor de la Policía Federal se comunicaron con el fiscal Castillo para brindar su “ayuda” y “colaboración” en la investigación, pero el funcionario dijo que “no era necesario".

El 24 de junio, diez días después de la desaparición de Loan, cuando la causa ya quemaba, los fiscales Castillo y Guillermo Barry declinaron su competencia y enviaron la investigación al fuero federal por el supuesto delito de trata. Dijeron que la policía, encabezada por Maciel, “entorpecía” la causa.

Castillo se presentó a concurso para cubrir el cargo de Defensor Oficial en Curuzú Cuatiá. La terna de candidatos ingresó el 8 de julio al Senado provincial, donde el oficialismo tiene amplia mayoría para aprobar nombramientos, ya que controla 12 de las 15 bancas que componen el cuerpo. El expediente tiene la firma del ministro secretario general de Gobierno, Carlos Vignolo, hombre de extrema confianza de Valdés. La firma de Vignolo es del 4 de julio, 21 días después de la desaparición de Loan, cuando ya se conocían los detalles de la actuación de Castillo.

César Sotelo, el hombre fuerte de la Justicia correntina

Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, se presentó este viernes en el juzgado federal de Goya, que conduce Cristina Pozzer Penzo, para ratificar una denuncia por supuesto encubrimiento de una red de trata por parte de políticos, policías e integrantes del Poder Judicial. Apuntó en su denuncia contra Valdés, Buenaventura Duarte, el comisario Acosta, el abogado José Codazzi, el senador provincial Diego Pellegrini, el fiscal provincial Gustavo Robineau y el fiscal general Sotelo.

Como contó Letra P, Sotelo ostenta un poder inconmensurable en Corrientes. El funcionario es jefe de los fiscales de la provincia, pero también tiene a su cargo la Defensoría General y la Asesoría General. Esta situación irregular fue cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2012 dictó un fallo en el que le ordenó a la provincia que avanzara en la división del Ministerio Público de acuerdo a lo que establece la Constitución de la provincia en su artículo 182.

La Constitución fue reformada en 2007. Para entonces, Sotelo ya era fiscal general, designado a propuesta de Ricardo Colombi. Sotelo comenzó su carrera judicial en Mercedes, terruño que domina el exgobernador. Como había sido nombrado por la vieja Constitución, el procurador promovió una acción de inconstitucionalidad contra la división del Ministerio Público que fue avalada por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.

El fallo fue apelado ante la Corte nacional por el fiscal de Estado del gobierno de Arturo Colombi, Fernando Carbajal, que acusó a Sotelo de “usurpar” el poder. La Corte le dio la razón a Carbajal, criticó el fallo del Superior Tribunal de Corrientes y ordenó la división del Ministerio Público, pero la provincia nunca cumplió con la manda judicial. Para cuando salió el fallo, el 27 de noviembre de 2012, Ricardo Colombi ya había vuelto a ser gobernador, en reemplazo de su primo Arturo, con quien terminó en guerra.

El ministro de Gobierno de aquella administración de Colombi era Valdés, quien, ya después como gobernador, mantuvo el statu quo y no afectó el poder de Sotelo. Quienes conocen el mundo judicial dicen que en Corrientes “no se mueve un expediente” que tenga vinculación con el poder político sin el conocimiento del procurador. No hay registros de que una causa que tramite ante la Justicia provincial haya afectado a dirigentes del oficialismo.

Según la denuncia de La Alameda, Sotelo participó de la maniobra por la cual Laudelina Peña, tía de Loan, fue llevada a declarar el viernes 5 a la medianoche ante el fiscal provincial Robineau, una situación por demás irregular ya que la causa tramitaba ante el fuero federal.

➡️ 29 días sin Loan: denuncia por encubrimiento contra el gobierno de Valdés

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— C5N (@C5N) July 12, 2024

Diego Pellegrini, el senador apuntado

Otro nombre apuntado en la investigación es el de Diego Pellegrini. El senador fue señalado como quien llevó a declarar a Laudelina ante Robineau junto a su ahora exabogado, José Codazzi. Ambos son oriundos de Esquina y tienen una amistad. Codazzi está casado con Guillermina Traverso, secretaria de Buenaventura Duarte. Es un mundo pequeño donde, al parecer, todos se conocen.

Pellegrini es muy cercano a Valdés. Ingresó a la Legislatura en 2017, en la lista de Corrientes Podemos Más, que llevó como candidato a gobernador a Carlos Mauricio Espínola, más conocido como Camau, y a Nito Artaza como vice. Ya antes de asumir como diputado, anunció que conformaría un bloque unipersonal y saltó al espacio de Valdés.

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— Silvia A.Casarrubia 💜💚💜 (@Casarrubia) July 11, 2024

En 2021, Pellegrini pasó al Senado. En abril de este año, acompañó al gobernador a una gira por Alemania y a su visita al Vaticano. En el entorno del mandatario aseguran que Valdés no tuvo nada que ver con la declaración de Laudelina sobre el supuesto “accidente” y que solo pretende darle respuestas a la sociedad, angustiada por la desaparición del niño. Este miércoles, Valdés dijo que se enteró de la declaración de la mujer “mirando la tele” y que se refirió a la causa porque pecó de “ansioso”. Dos días después, le pidió la renuncia a su ministro de Seguridad, el primer funcionario cuya cabeza rueda por el caso Loan.