Con mucho más diálogo, aunque "sin un cambio de panorama con respecto al gobierno anterior". Así definió Félix Díaz, líder de la comunidad indígena qom, la relación con la gestión de Mauricio Macri. Díaz aseguró a LA NACION que en estos meses de gobierno las problemáticas siguen siendo las mismas que reclaman desde hace años: falta de agua potable, imposibilidad de acceder al sistema de salud, deficiencias en el acceso a la alimentación, falta de viviendas dignas y caminos en pésimo estado.

"De todos, el mayor problema es la responsabilidad jurídica y el acceso a la Justicia. El Estado no llega a donde estamos. Los programas no llegan a nosotros. Tenemos un serio problema de indocumentación de nuestros niños que, por lo tanto, no pueden acceder a beneficios sociales", explicó el líder indígena.

Más allá del panorama desolador y, lamentablemente, histórico que pinta, Díaz celebra la predisposición del nuevo gobierno a abrir una mesa de diálogo: el 14 y 15 de julio pasados se llevó a cabo en el hotel Bauen el primer encuentro del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas del país, con la presencia de más de 250 organizaciones aborígenes y la contraparte estatal representada por la secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.El objetivo fue formalizar el ámbito de consulta, participación y promoción de los derechos de estos pueblos en el país.

"Queremos trabajar con el Estado como indígenas, no como aliados políticos. El anterior gobierno cooptó a los líderes indígenas y los usó partidariamente", afirmó el representante qom.

Consultado por LA NACION acerca de estas problemáticas, el secretario deDerechos Humanos , Claudio Avruj aseguró: "Las expectativas que tenemos son muy grandes, el cambio es radical y absoluto". Avruj reconoció los problemas que señaló Díaz, y explicó que en estos meses se realizaron viajes a todo el interior del país para "ordenar el diálogo y hacer un diagnóstico adecuado de la situación". La idea es mantener la regularidad del Consejo Consultivo e ir sumando cada vez más comunidades.

En cuanto a las prioridades del Gobierno, el secretario coincidió con Díaz en que es garantizar el acceso a la Justicia:"Abrir y unificar los centros de Justicia para que se puedan atender las demandas de la gente". También explicó que se está trabajando en la construcción de viviendas y que la campaña de documentación ya está en marcha. "Muchas comunidades están en lugares muy inaccesibles y requieren un armado que lleva tiempo. Esperamos que para el 2019 estén todos con su documento en la mano."

Históricamente, la disyuntiva que enfrenta tanto a los gobiernos provinciales como nacional con los pueblos originarios es el acceso a la tierra: una gran cantidad de obras y proyectos de extracción de recursos naturales interfiere con el asentamiento y desarrollo de las comunidades. Si bien ante un nuevo proyecto de licitación de una obra hay que hacer una consulta a la comunidad, no hay hoy una ley que lo haga obligatorio. Además, es prácticamente imposible que el diálogo se abra cuando entran en juego inversores privados.

"Por ello queremos llevar al Congreso el proyecto de ley la consulta previa que establezca la obligatoriedad de consultar a las comunidades. Que tanto el Estado, como las comunidades y los privados se sienten a negociar", explicó Alejandro Collia, secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos.

El conflicto evidente que surge ante la consulta indígena es si realmente se respetaría la voluntad de las comunidades si ésta interfiriera con un proyecto de obra pública o una inversión extranjera, dos elementos a los que el gobierno de Macri apuesta fuertemente.

"Nosotros proponemos la ecuación ganar-ganar. No puede ser algo en detrimento de lo otro. Algo que sea mejora para el país, no puede ir nunca en detrimento de la comunidad. Y la comunidad tiene que aprender que no puede ser censora y obstaculizante. Tenemos que buscar buenos resultados para todos", sentenció Avruj.