A una semana de la resolución de la Justicia de clausurar el Instituto Cerrado de Menores de Batán -luego de la presentación de un Habeas Corpus correctivo- todavía no fueron reubicados los once menores en conflicto con la ley penal. El viernes pasado la Defensa apeló la medida y ahora la Cámara deberá expedirse sobre el futuro del Centro de Contención de régimen cerrado.

Los once jóvenes alojados en el establecimiento -siete de ellos oriundos de Necochea, Morón y Quilmes- debían ser reubicados en un plazo máximo de cinco días después del fallo de la jueza Silvina Darmandrail.

Sin embargo, desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires indicaron que no obtuvieron vacantes en ninguno de los institutos de menores bonaerenses por lo que pidieron más tiempo.

De la totalidad de internos, tres de ellos -procedentes de Mar del Plata- fueron trasladados al Centro de Recepción, ubicado adelante del que fue clausurado. En este sentido, la magistrada volvió a presentar una intimación y concedió tiempo hasta el lunes próximo. Mientras el instituto permanezca clausurado, los jóvenes en conflicto con la ley serán alojados en otros establecimientos de la zona hasta que se reacondicione el ubicado en Batán.

Por otro lado, el viernes pasado la Defensa apeló la resolución de la Justicia y solicitó su revocación considerando que el traslado de los menores a dependencias fuera de la ciudad es perjudicial para su situación de encierro. Además, el defensor oficial Juan Fuscaldo, consideró que antes de reubicar a los menores en otras dependencias se deben garantizar que las condiciones de detención sean las adecuadas.

Darmandrail rechazó la revocación del fallo pero hizo lugar a la apelación. Por lo tanto, la Cámara de Apelaciones deberá resolver si mantiene la clausura o reabre el instituto.

La magistrada dispuso la clausura por un plazo de 45 días que se encuentra vigente desde el 1 de octubre. La decisión de la Justicia se debe a las graves falencias estructurales y operativas que se constataron en las inspecciones oculares realizadas en el predio y en las denuncias presentadas a mediados de julio pasado por la Defensoría y los fiscales del Fuero Responsabilidad Juvenil.

En su dictamen, la magistrada pidió urgentes mejoras edilicias, reforzar los cercos perimetrales, instalar garitas en el perímetro del instituto con custodia permanente, capacitar a los celadores y y la presencia permanente de un equipo de profesionales (psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales). En este sentido, Fuscaldo fue determinante “en 45 días es imposible que se puedan ejecutar las obras que solicitó la jueza”.