Por: Cristian Fernández* y Giselle Munno Dithurbide**.

En 2004, un grupo vecinal de Villa Inflamable, en la Provincia de Buenos Aires, inició una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, como consecuencia de los daños generados por la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo. 

Cuatro años más tarde, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema dictó una sentencia histórica para la justicia ambiental argentina. El máximo tribunal del país se refirió a la necesidad de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir los daños al ambiente. 

A 20 años de la denuncia y a 16 del fallo de la Corte, la situación en la cuenca Matanza Riachuelo continúa siendo crítica, con más deudas que objetivos cumplidos.

En los primeros años de este litigio, fue trascendental la intervención y el acompañamiento del Defensor del Pueblo de la Nación. Sin embargo, desde hace 15 años este cargo se encuentra vacante. Su prolongada ausencia repercute negativamente en el monitoreo del cumplimiento de los objetivos fijados por la Corte Suprema para la recomposición y el saneamiento de la cuenca.  

A 16 años de la sentencia de la Corte, subsisten demoras en la ejecución de obras y los indicadores en materia de calidad de aire, agua y suelos están lejos de ser los deseados. En lo que respecta a las relocalizaciones de las personas afectadas por la contaminación del Riachuelo, apenas se avanzó en un 40%. 

Cada atraso en la inversión y disponibilidad en la entrega de viviendas no sólo genera el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que residen en la cuenca sino también la prolongación de la exposición de dichas personas a la contaminación. 

La ineficiente implementación y gestión de los humedales, las áreas verdes urbanas y las áreas protegidas existentes a nivel municipal y provincial de la cuenca atentan contra la estrategia de restauración ambiental y la prevención de inundaciones.

Si bien la falta de cumplimiento de los objetivos del Plan de Saneamiento se sostuvo a lo largo de los últimos gobierno nacionales, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mediante de la Resolución 24/24, emitida por el actual Gobierno nacional, sufrió retrocesos en su estructura organizativa y funcional, la cual se redujo a la mitad a partir de la eliminación o disminución de categoría de direcciones y coordinaciones. 

Estos retrocesos en ACUMAR se sumaron a la previa desjerarquización del Ministerio de Ambiente transformándolo en una Subsecretaría ubicada junto a las áreas de Turismo y Deportes. La alarmante disminución en la estructura de este organismo clave se verá traducida en mayores dificultades y demoras para el cumplimiento del fallo. 

Sin contar con un presupuesto actualizado al contexto inflacionario del país, ACUMAR no podrá desarrollar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los programas y objetivos comprometidos en el fallo del 2008. Si esta situación persiste, el bajo nivel de cumplimiento de la sentencia descenderá aún más.   

Si bien todas las personas sufrimos los efectos de un ambiente degradado, los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables a la contaminación del aire, del suelo y del agua. Es por ello que requieren de una mayor protección y defensa de sus derechos. 

Sin embargo, los relevamientos y diagnósticos de ACUMAR en lo que respecta a la afectación diferenciada de la contaminación en la niñez resultan precarios e insuficientes. Tampoco se proponen medidas integrales para gestionar esta afectación diferenciada ni prevenir los daños sociales y ambientales que sufren los menores de edad. 

Resulta crucial que el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. ACUMAR debe contar con el presupuesto y el organigrama necesarios para poder cumplir con el control de la contaminación industrial, el saneamiento de basurales, la expansión de la red de agua potable y cloacas y la implementación de un plan sanitario de emergencia. 

También llegó el momento de que el Congreso de la Nación designe a un Defensor o Defensora del Pueblo. Ello robustecería el cumplimiento integral de la sentencia.

Todavía queda mucho camino por recorrer para el saneamiento del Riachuelo. Por eso, es fundamental dar pasos hacia adelante y nunca hacia atrás, de la misma manera que fluye el río. 

*Integrantes del área de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)