Por Raúl Dellatorre.

Una ola de indignación se alzó contra el mensaje difundido a través de las redes sociales por el gobierno nacional. En el mismo, de forma maliciosa, se le atribuye al gobierno de Alberto Fernández haber contraído la deuda con el FMI, cuyo pago actualmente negocia Javier Milei.

El texto que circuló a través de la cuenta Oficina del Presidente Javier Milei, en la red social X, dice que el acuerdo anunciado el miércoles por el ministro de Economía Caputo “le permitirá (al Estado) disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el ex presidente Alberto Fernández”.

Uno de los más enfáticos en denunciar esa maniobra fue el exministro Martín Guzmán, quien calificó de “vergonzoso” a ese intento de crear un relato que no se condice con la historia objetiva.

“La manipulación de la opinión pública es preocupante, especialmente si es desde fuentes oficiales. TODA la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. Y lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional”, puntualizó el extitular del Palacio de Hacienda.

El propio Alberto Fernández se hizo eco de esa denuncia pública que también fue hecha por su exvocera Gabriela Cerruti, quien a través de su cuenta de X cuestionó: “Mentir en un comunicado oficial es demasiado".

En su explicación, Guzmán explicó que, en rigor, la deuda no fue contraída por Fernández, sino que lo que hizo esa gestión “fue llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda impagable” tomada por Cambiemos/Juntos por el Cambio.

“Es decir que no se tomó ni un solo dólar adicional: en diciembre de 2019 la deuda con el FMI era de USD44.500 millones y hoy sigue siendo USD44.500 millones”, sentenció el ex ministro, no sin recordar que la a ese dinero se lo usó “principalmente para un salvataje a acreedores privados” y “para darle salida de la Argentina a fondos” especulativos “que ese mismo gobierno propició”.

El origen de la deuda

La política económica de desregulaciones y apertura económica que intentó implantar Mauricio Macri desde diciembre de 2015, tenía como uno de sus pilares "generar confianza" en los capitales extranjeros y provocar "una lluvia de inversiones" que nutriera de divisas a las arcas oficiales y la economía local. Algo muy parecido, en su lógica, al postulado del actual gobierno.

Pero no sucedió, y en cambio se produjo un éxodo en masa de capitales que fugaron a partir de 2016 por la previsible inestabilidad financiera del modelo en curso. Fuga facilitada por la desregulación del movimiento de capitales de entonces, una condición hoy inexistente ya que el Banco Central estableció, hasta ahora, el más poderoso torniquete cambiario al cerrar toda posibilidad de compra de divisas al Banco Central para pagos al exterior. Incluso, para las más elementales importaciones.

La respuesta del gobierno de Macri a semejante fuga fue iniciar un proceso de acelerado endeudamiento en dólares. Proceso que tocó su límite al inicio de 2018, cuando el equipo de Finanzas, encabezado por el hoy ministro Luis Caputo, recibió en Nueva York la respuesta de que los fondos extranjeros no le iban a seguir refinanciando la deuda ni aumentarían su exposición (incrementando los créditos) en Argentina, ante el elevado riesgo de incobrabilidad.

Ante la inminencia del default, el gobierno de Mauricio Macri recurrió al FMI. El crédito extraordinario obtenido se logró bajo gestión de Federico Sturzenegger y Luis Caputo, los dos funcionarios claves del equipo económico del actual gobierno. Dicho crédito se fijó inicialmente en un monto de 50 mil millones de dólares, luego se amplió a 57 mil millones, pero sólo llegaron a desembolsarse 44.500 millones.

En agosto de 2019 la Argentina recibió el cuarto desembolso, con el que la deuda alcanzaba a 44.500 millones de dólares. Ya para ese momento era evidente que "el plan de estabilización" (como entonces y ahora el FMI presenta sus programas de ajuste) no había dado los resultados esperados. Además, políticamente, el respaldo del gobierno de Donald Trump a Macri para reforzar su chance de reelección también había fracasado, ya que el crédito extraordinario del FMI (el mayor de su historia) se había otorgado con ese propósito, como posteriormente se reconoció en boca de funcionarios de aquella gestión estadounidense.

En esas condiciones, Alberto Fernández asumió la presidencia en diciembre de 2019, rechazando seguir adelante con los tramos restantes del crédito stand by y con vencimientos entre 2020 y 2023 imposibles de afrontar. La alternativa era desconocer el crédito y cuestionar su legitimidad, o asumirlo como compromiso de Estado y renegociar los plazos, que es por lo que se optó y se acordó a principios de 2022 con un acuerdo de facilidades extendidas.

Resulta llamativa e incomprensible la actitud del gobierno de Milei, intentando desconocer esta historia encubriendo la responsabilidad de Macri, Caputo y Sturzzenegger en la misma, haciendo un esfuerzo insólito por mostrar que la historia de esta deuda nació con el acuerdo de facilidades extendidas firmado por Alberto Fernández y Martín Guzmán a principios de 2022. Una actitud que suena, según los analistas, más vinculada a compromisos políticos y económicos entre la actual administración y el ex presidente Macri, que al intento de hacer pasar por cierta la versión de que la deuda con el FMI nació con Alberto Fernández.