En 1976, mientras se apuraba el traspaso de acciones en Papel Prensa, el dueño del diario La Opinión licuó las acciones de la familia Graiver. El actual canciller calla esa parte.
Es que, allá por noviembre de 1976, durante los mismos días en que Papaleo apuraba la transferencia de las acciones de su marido en la papelera de las actuales discordias, los Timerman licuaron del 45 por ciento al 3,5 por ciento, sin el conocimiento y mucho menos el consentimiento de la heredera de Graiver, los títulos que la hacían acreedora de la mitad accionaria de aquel matutino que hizo historia.
Por aquellas horas, y aún en libertad, Papaleo de Graiver soportaba múltiples presiones. Los militares en el poder buscaban desarmar el grupo económico enhebrado por su marido y que incluía el manejo de las finanzas de Montoneros, quienes a su vez pretendían recuperar a toda costa (ofreciéndole pastillas de cianuro, por ejemplo) 17 millones de dólares provenientes del secuestro de los hermanos Born. El ex ministro de Economía José Ber Gelbard le exigía otros 7 millones por la mitad de negocios desarrollados en común. Los accionistas de los tres diarios más grandes del país daban por hecho (al igual que los jerarcas militares a cargo del Estado) que les había llegado el momento de encabezar la fabricación de papel para periódicos. Y Timerman pretendía salvar a La Opinión de peligrosos y eventuales futuros socios, en caso de que Papaleo decidiera pagar a Montoneros o a otros indeseables acreedores con porcentajes del diario.
Hoy, Papaleo de Graiver (en tándem con la Casa Rosada), acusa al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de haberla amenazado por aquellos días de 1976 en unas oficinas de La Nación con que, si no vendía su porcentaje en Papel Prensa, su vida y la de su hija María Sol corrían peligro.
En fechas coincidentes hasta lo asombroso, durante una reunión en la confitería del Hotel Alvear, Lidia Papaleo juró hace 34 años haber escuchado a Jacobo Timerman decirle que podían matarla por poseer acciones de La Opinión.
De aquellos documentos surge también que los Timerman apoyaron al general Jorge Rafael Videla para que el “sector duro” de las Fuerzas Armadas no tomara las riendas. Y que a partir de 1973, la conducción del diario había empezado a desprenderse de los periodistas que militaban o simpatizaban con Montoneros.
¿Alcanzarían estas revelaciones para acusar a los Timerman de haber sido “partícipes necesarios” en crímenes de lesa humanidad?
Tal vez sí, si alguien decidiera despegar la foto de la película completa. O a los hombres de sus circunstancias. Los actuales paladines de la moral absoluta, la verdad revelada y el pasado perfecto deberían ver menos pajas en los ojos ajenos, como mínimo en homenaje a sus propias (e incómodas) lagañas.
El traspaso. Este informe se basa en tres documentos:
◆ Las declaraciones indagatorias de Jacobo Timerman e Lidia Elba Papaleo y los careos entre ambos registrados en el voluminoso expediente del llamado Caso Graiver.
◆ Tres cables desclasificados de la Embajada de Estados Unidos revelados por el website Tribuna de Periodistas y chequeados por PERFIL.
◆ Y el libro Historia confidencial: La Opinión y otros olvidos, de Abrasha Rotenberg, quien fuera mano derecha de Timerman y amigo de David “Dudi” Graiver (ver recuadro en esta página).
Tanto en uno como en los otros se coincide en que, entre septiembre y octubre de 1976, Jacobo Timerman decidió licuar el capital de los herederos del recién fallecido financista del matutino sin consultarlos ni darles aviso.
“Los Graiver están pasando un momento difícil. Disponen de un gran patrimonio, pero también tienen muchísimos acreedores. ¿Qué vamos a hacer si alguno los embarga y se queda con las acciones o las entregan para cancelar deudas? Tenemos que dejarlos en ínfima minoría, en un dos o un tres por ciento... Nuestro único patrimonio es esta empresa, nada más. La disyuntiva es clara: nos salvamos ahora o nos hundimos en el futuro con los Graiver”, asegura Rotenberg en su libro que le propuso Jacobo, tras hacerlo volver con urgencia de Madrid.
El llamado formal a la asamblea de accionistas se hizo en los primeros días de noviembre con una solicitada perdida en las páginas finales del diario El Cronista Comercial. Nadie llamó a la viuda ni al hermano de Graiver, que no asistieron. Fue un trámite de incremento de capitales coordinado por el síndico Roberto Carlos Ocaña, un licenciado en Ciencias Económicas recién recibido que conseguiría su matrícula profesional recién cinco meses después.
Las sociedades controlantes de la opinión eran dos: Gustavo SA (talleres gráficos) y Olta SA (editora).
El reparto de acciones pasó a ser el siguiente: Timerman, su esposa Raisha y su hijo Héctor (nombrado vicepresidente de ambas firmas) pasaron del 45% al 65% y 68%, respectivamente. Rotenberg, del 10% global al 30%. Y los Graiver, del 45% al 2% y al 5%.
Tinieblas. Lidia Papaleo de Graiver y Jacobo Timerman tuvieron ocasión de debatir estos asuntos en las peores circunstancias que se puedan imaginar. Ella fue detenida por un grupo de tareas el 14 de marzo de 1977. El fundador de Primera Plana, Confirmado y La Opinión, un mes después. Ambos recibieron salvajes torturas. Los carearon dos veces: el 21 y el 26 de abril. El paquete accionario del matutino era la obsesión del coronel Oscar Gallino, interrogador designado por el chacal Guillermo “Pajarito” Suárez Mason.
—¿Qué sucedió para que variaran las composiciones accionarias de Gustavo SA y Olta SA? –le preguntó Gallino a Timerman.
—Para la construcción del nuevo edificio y el pago de cuotas de la imprenta, Rotenberg y yo hicimos nuevos aportes de capital. Luego se llamó a asamblea para limpiar esto, para terminar de organizarlo. Si la familia Graiver se hubiera presentado, hubiera podido suscribir acciones también –respondió Jacobo.
—¿Conocía usted el tipo de sociedad que ligaba a su esposo con el señor Timerman? –interrogó Gallino a Lidia.
—Sabía de una sociedad en la cual mi marido tenía el 50 por ciento de las acciones. Y supe que se habían hecho importantes aportes de capital durante 1976 para la construcción de esa planta. Si iban tantas veces a las oficinas del grupo a pedir dinero, podían haber avisado aunque fuera por teléfono de la asamblea. Era elemental que ocurriera así –contestó la detenida.
—¿Considera que esa falta implica un intento de defraudación?
—Sí, señor.
—¿Nunca intentó establecer contacto con el señor Timerman para dilucidar el estado de estas acciones? –interrogó el coronel.
—Tuve una entrevista con él en el Hotel Alvear a fines de septiembre o principios de octubre. Con respecto a las acciones del diario, me aconsejó que tuviera cuidado, dado que corría peligro de muerte como ya había ocurrido con un accionista del diario La Razón, de apellido Satanowsky (N de R: Marcos, asesinado por matones de la SIDE).
—En la reunión del Alvear –interrumpió Timerman– ella me comentó lo abrumada y asediada que estaba. Yo le sugerí que se rodeara de buenos asesores y que consultara al general Lanusse. Supe por el propio Lanusse que lo hizo y a los pocos días, ella me envió una caja con flores al diario.
—Continúe con la coacción a que hacía referencia, señora... –calificó Gallino.
—Yo le dije que las acciones estaban depositadas fuera del país. Después de varias notas desfavorables para nosotros en La Opinión, nos llamó la atención y quisimos tomar contacto con él a través de mi cuñado, Isidoro Graiver.
—¿Se enteró de esas llamadas, señor Timerman? ¿Las atendió?
—No las atendí. Mis contactos fueron siempre pura y exclusivamente con David Graiver. Con nadie más...
Mientras esto ocurría en la Jefatura de Policía de La Plata, Héctor Timerman encabezaba el reclamo internacional por la liberación de su padre. Esto explicaba en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, según cables desclasificados de la dependencia diplomática: “David Graiver tenía el 45 por ciento de las acciones y mi padre el otro 55% junto a Abrasha Rotenberg. Sin embargo, la parte de Graiver fue reducida y al presente sólo alcanza al 2%. Desmiento lo dicho por Lidia Graiver, en cuanto a que se convocó a una junta de accionistas para reducir su participación accionaria”.
Otros enojos. Los careos entre Timerman y Papaleo fueron realizados ante otros detenidos.
Al primero fueron convocados Ramiro de Casasbellas y Luis Jara, últimos estrechos colaboradores de la dirección de La Opinión. El segundo se hizo ante los síndicos de los talleres y la parte editorial.
Casasbellas y Jara se enteraron recién allí (con el fundador del diario preso y el diario extinguiéndose en una intervención militar) de que David Graiver había sido su financista, como lo había sido de Héctor Ricardo García en el vespertino Ultima Hora, de Bernardo Neustadt en sus emprendimientos mediáticos y del Canal 2 de La Plata. Nunca le perdonarían semejante secreto, pero en el interrogatorio confirmaron que habían sido contratados para limpiar la redacción de montoneros y militantes de la Juventud Sindical Peronista, que habían llegado a tratar en asamblea la apropiación de la mitad del matutino por parte de los trabajadores.
¿Debía Timerman haber entregado el control de su criatura al cuerpo de delegados? ¿Tenía que privilegiar la legalidad más pura cuando la ilegalidad avanzaba a sangre y fuego, a riesgo de que cualquier acreedor de los Graiver pasara de la noche a la mañana a imponer condiciones?
La claridad asomó con la recuperación de la democracia.
El 30 de diciembre de 1985, Raúl Alfonsín firmó el decreto 2530, por el cual se indemnizó a la familia Graiver con 84 millones de dólares por las posesiones incautadas, salvo la vendida Papel Prensa.
Timerman y Rotenberg recibieron de ellos 4 millones de dólares (habría sido una condición presidencial explícita para la firma del decreto), equivalentes al 55 por ciento original de las acciones que habían acordado con “Dudi” en vida. No reclamaron ni un peso más, volviendo sobre los polémicos pasos de aquella fugaz asamblea de noviembre del ’76, cuando el terror y la incordura iban copando la escena. Y a los actores
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