El ajuste del gasto público llegó a las 33 empresas del Estado nacional. Este año el gobierno de Mauricio Macri tiene previsto reducir en $9.000 millones las transferencias que realiza el Tesoro nacionalpara solventar sus gastos corrientes y de infraestructura.

Incluso así, este sector constituye una preocupación seria para el Gobiernoen su afán de reducir el déficit fiscal, ya que más de la mitad de las empresas (20 en total) continuará generando pérdidas significativas a lo largo de 2018.

En efecto, este año el Tesoro volcará casi $90.000 millones en total al conjunto de empresas del Estado nacional para mantenerlas operativas.

El monto total representa una cifra sideral, si se la compara con otras asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la cifra equivale a dos presupuestos anuales del Ministerio de Desarrollo Social, que concentra la mayoría de los planes de asistencia social.

Los ferrocarriles de carga y de pasajeros explican la mayor parte del déficit, en tanto que Aerolíneas Argentinas y AySA muestran una reducción paulatina del rojo.

En términos del PBI, las pérdidas de las empresas estatales representan el 0,75%, un porcentaje todavía alto aunque en continuo descenso desde 2015, según explicaron fuentes de la Jefatura de Gabinete a La Nación.

Durante el último año de gestión del kirchnerismo, las transferencias corrientes y de capital a las empresas estatales significaron el 1,52% del PBI. El año siguiente los giros bajaron al 1,14% del producto.

Finalmente, en 2017 cayeron al 0,83% del PBI. El objetivo es reducirlo todavía más, según insisten en la Casa Rosada.

"En los últimos dos años se ahorraron unos $41.000 millones", destacan en la Jefatura de Gabinete, en referencia a la reducción de las transferencias.

En esa órbita funciona el Consejo de Supervisión Estratégica de las empresas públicas, que aconseja sobre los grandes lineamientos y la estrategia de las empresas, al tiempo que monitorea su desempeño.

Lo integran los ministros de Transporte, Energía, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa, además de los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

La meta de ese consejo, que funciona desde 2016, es hacer más eficiente el funcionamiento de las empresas públicas para que demanden menores transferencias del Estado nacional.

Se trata de un programa de reducción de costos operativos que va en sintonía con la reestructuración de la administración pública nacional que pretende llevar a cabo el Gobierno; el mes pasado, el presidente Mauricio Macri anunció el recorte del 25% de los cargos políticos, el congelamiento salarial de esos puestos ejecutivos y la prohibición de que familiares directos de los ministros ocupen cargos en la administración.

Esto representaría, un ahorro del 0,03% del total del gasto previsto para 2018, un porcentaje apenas simbólico para los economistas privados, pero que el Gobierno pretende exhibir como señal de austeridad. De hecho, la purga de familiares finalmente solo alcanzó a 12 funcionarios.

Este ajuste en las empresas del Estado genera una gran preocupación en su dotación de personal.

En los últimos dos años se despidieron unas 2300 personas, con lo que el plantel actual es de 108.249 agentes.

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La poda continúa este año: el mes pasado, por caso, fueron despedidos 215 empleados de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT); es el primer lote de un total de 500 despidos que propone ejecutar su interventor, Omar Zeidan. Por otra parte, en Lotería Nacional está pendiente el destino de unos 200 empleados tras la disolución, por decreto, de esa empresa, la cual fue transferida a la Lotería de la Ciudad.

Otro caso es el de Fabricaciones Militares: el mes pasado unas 220 personas quedaron cesantes tras el cierre de una planta estatal de Azul. El interventor de la empresa, Luis Riva, indicó que sería reabsorbida por otras plantas de Fabricaciones Militares.

De acuerdo con la información que Jefatura de Gabinete suministró a La Nación, solo 13 de las 33 empresas del Estado tienen sus cuentas en equilibrio y no reciben un solo peso del Tesoro para solventar sus gastos corrientes (pago de sueldos y demás gastos operativos).

Las 20 restantes, en cambio, demandarán este año unos $51.000 millones del Estado para este concepto, a los que deberán sumarse otros $38.000 millones para gastos de capital, es decir, para mantener o ampliar su infraestructura. Así, las transferencias totales del Tesoro totalizarán este año casi $90.000 millones.

Las empresas que mayores transferencias del Tesoro demandarán son, previsiblemente, las que tienen tarifas subsidiadas por el Estado: ferrocarriles y Enarsa.

El caso más significativo es el de los ferrocarriles (de carga y de pasajeros). Este año el Estado les transferirá $28,3 mil millones para afrontar sus gastos corrientes, un 18% más que el año pasado.

En cambio, Enarsa muestra un declive sostenido desde 2015: merced al aumento en las tarifas eléctricas que dispuso el Gobierno, en 2018 demandará $10.000 millones para sus gastos corrientes. En 2015 esa cifra era de $27.145 millones.

El resto de las empresas en rojo muestra un desempeño dispar. Las más comprometidas, señala el informe de Jefatura de Gabinete, son YCRT, Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, con 2463 empleados, demandará este año $3436 millones del Tesoro; Télam, con 893 agentes, insumirá otros $812 millones, mientras que RTA, con 2668 trabajadores, percibirá $2777 millones.

En el Gobierno sacan las cuentas. "Cada empleado le cuesta al Estado un promedio de un millón de pesos anuales. Esto es inviable", sentencian.

En el caso de RTA, su titular, Hernán Lombardi, comenzó un plan de ahorro que contempla, por ahora, reducción de horas extras, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. La dirección de la empresa dispuso no aumentar los sueldos del personal este año atento a que, según se esgrimió, los sueldos de la TV Pública se encuentran muy por encima de los del resto de la industria televisiva.

Por el contrario, hay empresas públicas que otrora implicaron fuertes pérdidas para el Estado y que en los últimos dos años mejoraron sustantivamente su desempeño, destacan en la Casa Rosada.

Son los casos de Aerolíneas Argentinas y de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Respecto de la línea aérea estatal, el año pasado por primera vez cumplió su presupuesto de $3.000 millones y no requirió subsidios extras del Estado; el año próximo las transferencias del Tesoro se reducirán a casi la mitad: $1800 millones. El presidente de la compañía, Mario Dell'Acqua, anticipó que aspira a alcanzar el "déficit cero" en 2019.

El caso de AySA también es motivo de elogios en el Gobierno: en 2015 insumió unos $3.000 millones del Tesoro para afrontar sus gastos corrientes; en 2018 esa cifra se reducirá a solo 24 millones.

Eso sí, la empresa de aguas continúa demandando del Estado nacional fuertes erogaciones de capital para obras de infraestructura (ampliación de la red de agua potable y cloacas) por lo que el rojo será de $13.656 millones al final del ejercicio.

En Jefatura de Gabinete son optimistas. "En diciembre de 2015 el Gobiernoencontró un portafolio de empresas públicas marcado por la falta de coordinación de las decisiones, la ausencia de estándares administrativos y de transparencia y, salvo excepciones, escaso profesionalismo en la gestión. En varias de ellas reinaba la corrupción", indican a La Nación.