Los procesos judiciales de las tierras fiscales dieron ayer un vuelco trascendental, ya que tres de los imputados (ex funcionarios del gobierno rozista) en una de las causas reconocieron su culpabilidad en el hecho, por lo que se investiga la adjudicación de tierras fiscales correspondientes a los departamentos de Almirante Brown y Güemes. Todavía no se leyó la sentencia, pero la Fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El hecho sentará precedente en el resto de los casos sobre los mismos delitos.

Asimismo, los que reconocieron su culpabilidad en negociados con tierras fiscales durante 2002 y 2003 fueron los ex funcionarios Nildo Rubén Puebla (ex vocal del Instituto de Vivienda), Héctor Rubén Kaluk (ex delegado de Colonización) y José Pedro Moreno (ex vocal de Colonización). Además, el ex presidente del Instituto de Colonización, Carlos Gasko, fue declarado en rebeldía al no justificar su ausencia durante la audiencia que se desarrolló este miércoles en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

El proceso se realiza con la modalidad de juicio abreviado, por lo que las partes llegaron a un acuerdo, donde los implicados se declararon culpables y se les reduce la pena a los mismos.

Aunque en un principio los hechos investigados estaban planteados en «concurso real», el fiscal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Mario Argarate, decidió cambiar la calificación luego de la confesión de los acusados por la de «concurso ideal», comprendiendo así que se trata de un delito continuado y forma parte de un único hecho delictivo.

Por tal motivo, el fiscal de Cámara imputó a Puebla y Moreno por el delito de «fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público». Mientras que a Kaluk le cupó la calificación de «fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas».

En su fundamentación del cambio de calificación legal, el fiscal remarcó: «No se habría configurado un supuesto de concurrencia real entre los distintos comportamientos típicos, sino un caso de delito continuado, lo cual implica unificar dogmáticamente una serie de hechos… que se deberían sancionar las reglas del concurso real». Y añadió que en este caso no ocurre así porque a diferencia de ese «tales hechos son dependientes entre sí, poniéndose como si fuesen un único suceso».

Ahora el tribunal conformado por los jueces Víctor Del Río, Raúl Yurkevich y Lidia Lezcano de Urturi deberá fijar fecha para la lectura de la sentencia.

Abreviado

El juicio abreviado difiere al juicio común en que se obvia las declaraciones y los imputados hacen reconocimiento de hechos y como beneficio se obtendrá una pena menor. Todo se hace de acuerdo con el fiscal.

Con este tipo de proceso se alivia cargos al juicio, pero no hay posibilidad de recusación.

El tribunal debe evaluar si son admisibles en las formas de acuerdo con las pruebas para declarar la sentencia que no puede ser mayor a la pena pedida por el fiscal.

Paris: «Replicará en las otras causas»

El fiscal del Tribunal de Cuentas, Raúl John París, quien realizó varias denuncias al respecto, manifestó su satisfacción sobre el desenlace del proceso judicial, ya que tendrá rebote sobre las otras causas (unas cuatro o cinco que hay en varias fiscalías) y remarcó que todas tienen vinculación. Además destacó que con esto se demuestra que «hay que creer en las instituciones y en la justicia».

Explicó por otro lado que con las resoluciones de los casos permitirán al Estado peticionar por resarcimiento patrimonial. En este sentido, recordó que las denuncias son varias pero todos sobre casos similares donde los funcionarios gubernamentales del momento realizaban, con el mismo modus operandi, en cuanto al diagrama de adjudicaciones. Detalló que las denuncias se privilegiaban, para la entrega de tierras fiscales, a personas que no cumplen con requisitos según la ley (que prioriza a los productores locales).