El Mandatario resolvió hacer lugar a un pedido de las autoridades de la empresa de capitales chinos y al representante de la Embajada de ese país en Argentina, que consideran de interés poder encontrar posiciones en conjunto para solucionar las diferencias existentes a partir de la demanda que decidió promover la ex gobernador Rosana Bertone, contra TEQSA por incumplimiento de contrato.

Cabe destacar que el cuento de nunca acabar  surgió como promesa de campaña de la ex gobernadora Fabina Ríos. Se cristalizó con un convenio que nunca funcionó y ahora la empresa de capitales chinos TFEQSA (Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima), realizo una demanda millonaria contra la provincia, aduciendo que parte de la responsabilidad de los atrasos del proyecto es por culpa de funcionarios del Gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

 Al “Convenio” le sucedieron un sin número de prorrogas, de incumplimiento, multas, de cambio de proyecto y finalmente la baja, cuando Rosana Bertone tomó las riendas del Poder Ejecutivo.

Popularmente llamado el “Cuento Chino” el mismo parece no tener fin, la Fiscalía de Estado  solicitó al Superior Tribunal de Justicia que rechace la demanda. Sostiene que los argumentos sustentados por Tierra del Fuego Energía y Química carecen de sustento y resultan contradictorios.

Desde el órgano de control se indica que la abogada Verónica Muchnik, hermana del ex presidente del Superior Tribunal de Justicia y apoderada de la empresa TEQSA sostuvo que “los incumplimientos” que el Ejecutivo fueguino le endilga a la empresa “no habrían sido por su culpa, sino a consecuencia de circunstancias fácticas que configurarían causales de fuerza mayor” reprochables a “la conducta de ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, y cuestiona “que todas las obligaciones contractuales se encontraban suspendidas al momento de rescindirse el convenio” ya que el 14 de diciembre de 2105, la ex gobernadora Ríos prorrogó la vigencia de un acta acuerdo firmada en marzo de 2014 en la que las partes habían resuelto crear una comisión especial y “suspender la ejecución del convenio” por 100 días hábiles prorrogables automáticamente, por períodos de 60 días hábiles.

A entender de la Fiscalía de Estado y del Ejecutivo ese “impasse no modificó de ninguna manera (…) la existencia de una situación de incumplimiento por parte de la empresa motivada en su exclusiva culpa, de intereses devengados y en curso derivados” de la mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa, “y de penalidades aplicadas. Decisiones todas adoptadas mediante actos administrativos que ya entonces se hallaban firmes y consentidos”. Agrega, además, que la decisión de rescindir el convenio se adoptó “a partir del vencimiento del plazo” establecido a mediados de diciembre de 2015.

Como conclusión de los hechos detallados a lo largo de más de 300 fojas, la Fiscalía de Estado sostiene que “la profusa verbosidad” contenida en la demanda “no alcanza a ocultar la realidad evidente y palpable: que, donde debería hoy estar levantada y funcionando una planta de industrialización de hidrocarburos capaz de generar enormes ingresos contractuales e impositivos para la Provincia, empleo para cientos de fueguinos y derrame a otros sectores de nuestra economía, no hay más que un predio vacío y muchas excusas incomprobables que no pueden de ningún modo alcanzar para torcer la legítima voluntad de liberar a las partes de un compromiso respecto del cual se ha perdido no sólo la esperanza sino también la confianza”.

Lo cierto es que en presencia del entonces ministro de Economía de Nación, Axel Kicillof y la subsecretaria de Coordinación Económica y Mejora de la competitividad, Mariana González, se firmó un acta acuerdo entre la provincia de Tierra del Fuego, con su representante la gobernadora Fabiana Ríos y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ).