Con la defensa del oficialismo y críticas de la oposición similares a las que se escucharon en el recinto de la Legislatura provincial durante el tratamiento en primera lectura, realizado dos semanas atrás, Unión por Córdoba selló anoche el paquete de leyes económicas que le permitirán gobernar a José Manuel de la Sota en su último año de la actual gestión. 

La segunda lectura, que convalidó el Presupuesto, el Código Tributario y la Ley Impositiva, fue votada a favor por el delasotismo, el Frente para la Victoria (rechazó en particular la tasa vial) y el Frente Renovador. Mientras que el resto de las fuerzas reiteraron cuestionamientos y volvieron a utilizar la figura del “dibujo” para caracterizar las previsiones de gastos y erogaciones del peronismo para el año próximo.

El único cambio sustancial respecto del proyecto original está referido al reajuste a la baja en la tasa vial que la Provincia se vio obligada a realizar tras la fuerte presión realizada por cámaras empresariales.

Finalmente, quienes carguen combustibles desde el 1° de enero próximo dentro de la provincia deberán abonar los siguientes valores en concepto de este adicional por litro: la nafta súper pasa de 0,40 a 0,55 centavos (37,5% de suba), el gasoil común va de 0,25 a 0,34 (36%), el GNC salta de 0,20 a 0,27 (35%), y el gasoil y la nafta premium suben de 0,54 a 0,74 (37%).

Originalmente, el Gobierno pretendía incrementos por este concepto que iban del 50 al 67 por ciento.

Esta morigeración, reconoció el legislador Ricardo Sosa y titular de la comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, tendrá un impacto en la recaudación de 100 millones de pesos menos, los que serán suplidos, aseguró, con partidas de rentas generales, para completar las obras de reparación de rutas y caminos previstas para 2015.

Desde el arco opositor, el legislador Ricardo Fonseca arremetió contra los números presentados por Sosa. “Esto es un completo dibujo”, aseveró el juecista, quien remarcó que “el modelo de Unión por Córdoba está agotado” y aseguró que nuestra provincia tiene “la segunda deuda más abultada después de Buenos Aires”. 

Desde la misma bancada, Santiago Clavijo fustigó: “Tapan la mala gestión cobrando impuestos truchos como la tasa vial y los fondos no tributarios, como el canalero, que al no ser impuestos no los reparten con los municipios.” 

Por su parte, Rodrigo de Loredo, flamante titular del bloque radical, comparó la incidencia tributaria en Córdoba frente a la santafecina y concluyó que en términos del Producto Bruto Geográfico (PBG) aquí la presión impositiva es de 7,7 por ciento, mientras que en la vecina provincia asciende a 4,9 por ciento.

En tanto, Laura Vilches, en su primera intervención como legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, apuntó contra los “magros recursos destinados para educación y salud”.

Según desglosó Sosa en su presentación, el Impuesto Inmobiliario tendrá una alza promedio de 25 por ciento. El parlamentario informó que el 42 por ciento de los contribuyentes no tendrá subas.

El Inmobiliario Rural, que mantiene iguales las alícuotas y las bases imponibles, se actualizará con un tope del 32 por ciento, fruto de las subas que sufrirán los cuatro fondos específicos que lo integran.

Muñoz, con los K

El legislador Héctor Muñoz anunció en la sesión de ayer que dejará su banca en Unión por Córdoba para pasar a filas del Frente para la Victoria, que así llegó a tres miembros en el bloque. Y en las próximas horas se confirmarían otros dos pases: ­Marta Juárez (juecista) y José Monier (PJ). 

Derechos para usuarios y consumidores

Es ley. Con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios (sólo se abstuvo el FIT), se aprobó ayer un proyecto que establece reglas que garantizan y suman derechos a consumidores y usuarios. 

Cambio radical. La iniciativa, autoría de los legisladores oficialistas Juan Manuel Cid y Sergio Busso, establece que la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Provincia, ­como autoridad de aplicación, ahora tendrá la potestad de representar a un consumidor ante el Poder Judicial.

Principio de daño directo. La ley, entre otros aspectos, determina que si un consumidor adquirió un bien y éste por algún motivo deja de funcionar deberá ser cambiado por un artículo ­similar nuevo.

Nuevo paradigma. “Esta ley va a marcar un antes y un después en la relación de las empresas y los consumidores”, dijo Cid.