Con el anuncio del aislamiento social obligatorio hasta el 13 de abril, el presidente Alberto Fernández buscaba ganar tiempo para enfrentar la crisis sanitaria más fuerte que haya golpeado la Argentina.

Al comienzo de la tercera semana de cuarentena, la presión de los empresarios es más fuerte que la improvisación del gobierno, por lo que el presidente anunció en Radio Mitre que "se va a abrir paulatinamente y habrá casos que deberán seguir en cuarentena".

La solución no está cerca. El pico de contagios, según estimaciones del Gobierno, será en mayo. Entonces ¿por qué ir levantando la cuarentena? Como venía denunciando el Frente de Izquierda con su diputado Nicolás del Caño, la medida de mitigación sólo buscaba ganar tiempo para que el país pueda prepararse para lo inevitable, que tiene su peor expresión en España e Italia.

Pero no hubo ninguna preparación concreta. El diputado del FIT Unidad acompañó esta denuncia con la exigencia de testeos masivos para la detección temprana, la reconversión industrial (hacia elementos sanitarios) y medidas de fondo para que las empresas no descarguen la crisis sobre los trabajadores. Medidas que, previsiblemente, fueron desoídas por el Gobierno mientras se reunía con las organizaciones de industria y comercio.

Ninguna de las medidas anunciadas han sido implementadas completamente, a pesar de que expertos en la materia y asesores del presidente se lo recomiendan, como el caso del infectólogo Eduardo López (miembro del comité de emergencia que asesora a la Casa Rosada), que expresó en declaraciones a Radio Continental respecto al aislamiento y los testeos: "Nosotros estamos en un número bajo comparado con otros países, en esto puede haber discrepancia. Si uno va a flexibilizar la cuarentena, va a tener que testear más. Hay que aumentar los testeos en nuestro país. Las dos medidas que se acepten como medidas de impacto son los testeos y las cuarentenas. Argentina optó por la segunda parte".

"Hay que testear más y testear bien. Tomo los países que lo han frenado rápidamente, como Alemania, Corea del Sur, Hong Kong y Japón, donde se hicieron las dos cosas: cuarentena y testeos", agregó el profesional.

Una crisis económica antecedía a la sanitaria (y se ve agravada por la situación internacional que golpea a la Argentina) donde el sector empresario ya busca su tajada para seguir ganando millones y descargarla sobre los trabajadores.

No es casualidad que, si bien el Estado dictó un decreto que prohíbe los despidos y suspensiones, lo hace en salvataje de las empresas con fondos del Anses para cubrir salarios y cargas públicas. Un análisis económico realizado por el columnista de este medio Pablo Anino deja en evidencia que se destinaran más de $ 700.000 millones a las empresas mientras que a jubilados, sectores vulnerable y a salud pública se dispuso un fondo de emergencia que no supera los $ 65 millones.

Recordemos que semanas anteriores al aislamiento general, mientras regía uno parcial, el transporte público se vio abarrotado de trabajadores que se movilizaban a sus respectivos puestos siendo un foco de contagio de gran magnitud y con grandes complicaciones. ¿Se estará evaluando esta situación en las filas del Ejecutivo? Una pregunta que parte de la desconfianza con la medida, que tomaron entre el gobierno y los bancos, que expuso a cientos de miles de jubilados a la infección y los factores ambientales, en lo que era la noche más fría del año hasta ese momento.

El plan del Gobierno es desconocido por la mayoría de la población, como denuncia el referente del FIT Christian Castillo: “en una guerra convencional es lógico, vos no das el plan porque el enemigo no lo puede conocer. El plan general debería ser de conocimiento público y pleno para que se pueda opinar”.

El desconocimiento del Estado de la salud pública, de los recursos y el plan sanitario, es acompañado de denuncias de trabajadores de la salud por carencia de elementos de prevención, infraestructura y materiales esenciales. El plan del Gobierno debe ser público, como política nacional, con lo que demostraría, si puede, que no serán millones de personas las que quedarán expuestas a la pandemia al comenzar a retomar su vida laboral.

Mientras los casos siguen aumentando, y también los decesos, el Gobierno está dispuesto a abrir el aislamiento mientras no cuenta con una estadística certera de la cantidad de infectados al momento; hecho que si no se controla puede ser una catástrofe social donde los sectores vulnerables paguen la peor parte.

El ejecutivo viene cediendo a los intereses empresariales, empezando por la continuidad de los servicios esenciales sin elementos de protección que en algunos casos no son “esenciales”, como la producción de huevos de pascua en FelFort o galletitas en Mondelez; el retroceso en la declaración de interés público en todo lo que respecta a materia sanitaria; la grave decisión de exponer a los jubilados en todo el país para no exponer las ganancias bancarias, que cuentan con los recursos para buscar métodos alternativos como denunció el defensor de la tercera edad.

Una preguntan que preocupa a las trabajadoras, principalmente, es sobre qué harán con sus hijos mientras las clases seguirán suspendidas y ellas deberán ir a trabajar si se levanta la cuarentena. La responsabilidad de los menores del hogar recae mayoritariamente sobre las mujeres y la apertura del aislamiento debería ir acompañada no solo de las medidas nombradas sino también de licencias extraordinarias para trabajadores con menores a cargo.

Los hechos demuestran que la improvisación del presidente tiene un límite en afectar las ganancias empresarias, estando predispuesto a exponer millones a una emergencia sanitaria.

La izquierda y sus referentes del FIT, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Christian Castillo y Claudio Dellecarbonara, vienen discutiendo una salida a esta crisis, basada en conclusiones internacionales, históricas y en el beneficio de la mayoría de la población: unificación del sistema sanitario, testeos masivos, inversión de emergencia para la salud pública (en base al no pago de la deuda), reconversión de la industria en torno a la crisis sanitaria, impuesto del 3% a las grandes fortunas (para implementar un salario complementario a quienes no disponen de ello), prohibición de despidos y suspensiones sin afectar el salario (a cargo de las empresas).