Esta semana se espera conocer, finalmente, el texto de la ponencia sobre la reforma tributaria que se discutirá en el Congreso de la República con mensaje de urgencia.

Varios temas han despertado preocupación sobre los impactos que puede generar la reforma en sectores específicos, incluso por impuestos indirectos. Uno de ellos es el de las tiendas de barrio que, si bien no tienen nuevos gravámenes directos, podrían verse afectadas por la propuesta de gravar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Incluso algunos temen que este nuevo impuesto les dé un golpe de gracia a los tenderos.

La preocupación está en que se trata de los productos que mayor rotación tienen en sus estanterías y vitrinas, razón por la cual son los que les generan la mayor rentabilidad.

Según Ligia Díaz, vocera de Fenaltiendas, este canal tendrá una gran afectación. Explicó en el programa de Dinero en Semana TV que es un modelo de negocio que solo existe en países como el nuestro, “donde hay 450.000 tiendas formalizadas y esta reforma, tal cual está, podría conllevar a que desaparezcan 250.000. Por cada una de las tiendas, más o menos tres a cuatro personas vivimos de ellas, vivimos por ellas y vivimos para ellas”, señaló.

Y agregó: “Serían 1,8 millones de personas que quedaríamos sin empleo. ¿Qué reforma tributaria van a hacer para conseguir 1,8 millones de subsidios más? ¿No es mejor tener esas 450.000 tiendas produciendo, formalizándose, aportando, pagando sus impuestos, estando al día, generando comercio, empleo, calidad de vida y no sacando una coca para que nos den? Que nos dejen camellar, que nos dejen trabajar, que estamos produciendo y aportándole al país, antes de sentarnos a esperar a que nos den”.

De acuerdo con sus cálculos, las ventas disminuirán en más de 8 %, cuando los márgenes de las bebidas azucaradas y de los alimentos procesados están en cerca de 15,99 y 16,87 %, respectivamente. Pero, en general, los márgenes en las tiendas, que alcanzaron a llegar al 30 %, hoy son de 10 %, y con ventas promedio de una tienda de 24 millones de pesos mensuales, sin pagar arriendo –habilitando el garaje de la casa o una ventana de la sala-, con una rentabilidad cercana al 10 % tienen que vivir familias enteras.

“Esto es muy significativo. Este tipo de alimentos y de bebidas son considerables en las ventas de nuestras tiendas. Nos va a afectar porque vamos a dejar de percibir”, dijo Díaz.

Sin embargo, todavía hay dudas que persisten entre los tenderos. Según ellos, por ejemplo, la semana pasada se incluyó una proposición que involucraba más alimentos para ser gravados como chocolates, chocolatinas, maní dulces y galletas y se propuso duplicar el impuesto inicialmente planteado a las bebidas azucaradas. Ya incluso algunos de los tenderos hablan de que cerca del 90 % de los productos que tienen sus estanterías estarían gravados. Por eso es fundamental conocer el contenido de la ponencia y los alcances que tendrá en las tiendas.

Por su parte, el experto tributarista Miguel Jaramillo advierte que el impacto agregado de la reforma no es progresivo, sino que afecta sobre todo a los estratos más bajos. “Ahora, si uno va y mira en las tiendas y la forma en que se estructuró este impuesto, su cobertura es muy predominante sobre casi todos los productos”, señaló en el mismo espacio.

“Si el tendero –añadió– tiene un margen cercano al 15 %, un impuesto del 10 % adicional, lo que hace es ir directamente al precio, en momentos en que la inflación está más alta hoy que en décadas, especialmente la de alimentos, que ha subido 20 % en el último año. Es un aumento muy importante, en un momento de alta pobreza y de alta informalidad. Un golpe al bolsillo de los colombianos”.

Para Díaz, es muy difícil sustituir estos productos. Las tiendas predominan, dice ella, en los estratos 1, 2 y 3. “Un trabajador de una obra que muchas veces su almuerzo es una bebida azucarada, un pedazo de salchichón, el pan y enseguida hay que encimarle el limón, es una persona que está trabajando duro, ¿por qué se lo vamos a reemplazar? Es algo que está dentro de sus hábitos y sus costumbres alimentarias. Me parece que nosotros no podemos incidir en ellas”, añadió.

De otro lado, Jaramillo se cuestiona por qué las personas consumen este tipo de productos, en especial las bebidas azucaradas. Explicó que en un estudio que adelantaron se analiza el acceso, por ejemplo, al agua potable. “Hay casos, el más dramático es el de San Andrés, pero hay otros como, por ejemplo, el Chocó, en los que hay un altísimo contenido de bebidas embotelladas en sectores donde hay muy poca agua potable. Hay que entender las razones por las que la gente está haciendo esto. ¿Por qué lo va a sustituir? En Colombia ni el Ministerio de Hacienda ni el de Salud ni las organizaciones han hecho un estudio serio de cuáles son las alternativas por región o por municipio, sobre todo en donde hay este tipo de carencias” explicó.

Aseguró que si Colombia quiere utilizar el “principio de precaución” que tiene para otras políticas públicas, debería conocer con mucho más detalle este mercado antes de aumentarle los impuestos indirectos a la población. “Este principio, que tanto ha citado en Colombia el sector político que hoy está proponiendo esta reforma -que me parece un principio muy loable, en términos constitucionales, políticos y sociales-, dice: antes de llevar a cabo una acción o una intervención, que el Estado procure no hacer daño. Es decir, su primera función como Estado es no joder más la gente que ya está jodida, es no afectar más a los ya afectados. Esa es su primera función. Después de eso, trate de mejorar. En el estudio encontramos que todavía no se ha llevado agua potable a toda la población, algo que sí han logrado hacer las cadenas de suministro de la industria de bebidas. Gracias a los mercados, para bien o para mal, han llegado mucho antes llevando otras alternativas”, dijo Jaramillo.

Aunque José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, ha señalado que con la reforma tributaria no se afectarán a pequeñas tiendas y panaderías, sino a grandes productores, tanto Díaz como Jaramillo coinciden en que no se ha definido cómo se va a implementar un impuesto diferenciado porque no hay un censo completo de las tiendas, ni una caracterización de ellas. Y se preguntan, ¿cómo se hará la categorización de “pequeña tienda” o “pequeña panadería” si muchas ni siquiera están formalizadas?, ¿cómo afectará este impuesto el proceso de formalización?, ¿qué pasará con las pequeñas cafeterías o pequeños restaurantes?

Para Jaramillo, no son las únicas preguntas pendientes. También hay otras: ¿por qué la gente está prefiriendo estos productos a otros? ¿Se les están ofreciendo otras cosas, incluyendo por supuesto, agua potable? ¿Se adelantan campañas basadas en la información y no en la estigmatización?

“Cien mil personas en Colombia no se despiertan todos los días a producir veneno en un ponqué o en una limonada embotellada o un agua saborizada. No es veneno, es una fuente de alimento para las personas. En términos de salud pública, la confianza es lo primero. Entonces, ya hicimos etiquetado, y ahí va implementándose. ¿Ya intentamos ofrecer mejores alternativas? ¿Ya hicimos una pedagogía correcta, no basada en el miedo, sino en la ciencia, en valores nutricionales, en cómo se realiza una dieta y un estilo de vida saludable? Creo que en las últimas dos hemos hecho un trabajo ineficiente”, explicó.

Todavía con las cicatrices que dejó la pandemia, en que Díaz calcula que aún hay 56 % de las tiendas que no se han recuperado; este canal tradicional tendrá una prueba de fuego en la reforma tributaria. ¿Hasta dónde llegará?