Por Ramiro Melucci

En medio de los rumores que lo ubicaban fuera del gabinete, Darío Oroquieta encabezó, por tercera vez en los últimos cuatro meses, el remanido reclamo por las fuerzas federales. Con la reaparición del funcionario, el gobierno de Guillermo Montenegro ratificó lo que en las últimas semanas empezaba a parecer, a causa de aquel runrún que se esparcía por el municipio, una verdad brumosa: Mar del Plata sigue teniendo secretario de Seguridad.

El pedido en sí mismo no es novedoso. Oroquieta lo formuló a mediados de junio, tras el homicidio de un delincuente a manos del hijo de un contador al que había intentado asaltar. Lo reiteró en agosto, después de revelar, en una nota enviada a la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, que el Ministerio de Seguridad de la Nación no enviaría los gendarmes y prefectos reclamados. Y lo desempolvó ahora, luego de que la cartera de Sabina Frederic respondiera, ante una comunicación del cuerpo deliberativo, que para conseguir fuerzas federales no deben tocarse las puertas de Nación sino las de Provincia, en virtud de la vigencia del Consejo de Seguridad Interior, en el que las provincias y el gobierno nacional articulan sus políticas en la materia.

Tampoco la respuesta fue novedosa: el secretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, ya había rechazado los planteos anteriores de Oroquieta. Esta vez lo hacía para ponerle fin a un expediente legislativo. Pero, mientras el desalojo de Guernica y el despliegue de fuerzas de seguridad en otros distritos le proporcionaban el marco propicio, el gobierno municipal decidió llevar otra vez el reclamo al terreno del conflicto.

El gobierno de Montenegro ratificó, en medio de los rumores, que Mar del Plata sigue teniendo secretario de Seguridad.

La chispa la encendió el concejal oficialista Agustín Neme, impulsor de la comunicación del Concejo, y la combustión la atizó Oroquieta en su cuenta de Twitter. Pero hubo una diferencia. El blanco del edil fue el gobierno nacional; el secretario de Seguridad, en su raid mediático, también incluyó al bonaerense. Menudo matiz. Luego, el intendente tampoco perdió la oportunidad de sumar su voz, más moderada, para ratificar la necesidad de reforzar la seguridad de Mar del Plata.

Antes definió la toma de tierras como una violación a la Constitución. Se alineó así a la andanada que habían lanzado los alcaldes de Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, después de que Axel Kicillof creara un subsidio de hasta 50 mil pesos para “atender a la población vulnerable que necesite asistencia para acceder a una vida digna”.

El secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, protagonizó una nueva ofensiva contra el Ministerio de Seguridad de la Nación. También cuestionó a la Provincia. 

Pero el árbol no debe tapar el bosque. A las puertas de la temporada, con los casos de coronavirus en baja y la autorización de aperturas a la vista, los motivos de disputa con la Provincia y la Nación disminuyen. El gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar la instalación de un módulo sanitario en Mar del Plata. El de Kicillof se apresta a habilitar, finalmente, la gastronomía al aire libre, los gimnasios (también al aire libre) y las obras iniciadas en viviendas multifamiliares y parques industriales. Todas actividades que ya funcionan en Mar del Plata a través de huelgas “a la japonesa”, pero cuyas autorizaciones pondrán fin a las inquietudes legales. Cuando la Provincia mueve, el municipio acelera: ya desliza que debería analizarse el pase a la fase 4.

Lo más curioso fue lo que sucedió en la audiencia conciliatoria virtual que llevó adelante la Justicia Federal en la causa en la que un grupo de gastronómicos acciona contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Los letrados de la Jefatura de Gabinete consideraron que la cuestión había caído en abstracto después de que el Gobierno habilitara la actividad en Mar del Plata. Se refería a la resolución de Santiago Cafiero que incluía a este distrito entre los que ya podían permitir la gastronomía al aire libre, que a las pocas horas fue eliminado por el gobierno bonaerense en su reglamentación. Evidentemente, aquel episodio no solo confundió a propietarios de establecimientos gastronómicos, funcionarios y periodistas. También desconcertó a los propios abogados del Estado.

El gobierno de Kicillof se apresta a habilitar actividades. Cuando la Provincia mueve, el municipio acelera: ya desliza que debería analizarse el pase a la fase 4.

La verdadera apertura es la que se consuma a partir de hoy con el ingreso de propietarios no residentes. Para el municipio será una especie de prueba piloto mediante la que sondeará el funcionamiento de los permisos y los controles. En el anuncio del Museo Mar el ministro de Producción, Augusto Costa, dijo que el ingreso de los no residentes era para “tomarse sus vacaciones”, pero el municipio no concibe la entrada con fines turísticos, sino para la puesta a punto de las propiedades. Mal podría hacerlo con el turismo todavía vedado por decreto. 

También restan definirse, en acuerdo con la Provincia, protocolos claves como los de las playas públicas, los balnearios y la hotelería. Mientras, la comuna avanza en la reglamentación de las ordenanzas de los decks y los corredores gastronómicos. De paso, enciende la alarma ante las fiestas clandestinas que derivarán de la prohibición de boliches en espacios cerrados. Hubo un pedido puntual para que una porción del Operativo Sol esté abocado a controlarlas.

Fernández y Raverta anunciaron en la residencia de Olivos la inclusión de un millón de niños y adolescentes a la AUH.

Quedan aún aspectos poco claros. Los funcionarios bonaerenses repiten que el turista que se contagie deberá volverse, pero que ante la imposibilidad de que eso ocurra los municipios tendrán que contar con centros de aislamiento extrahospitalarios. El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, puntualizó que esa es una responsabilidad “de cada municipalidad”, y pareció llamar al ingenio de los intendentes cuando hizo notar que algunos de esos centros utilizados en el invierno, que son hoteles, podrían estar en verano ocupados por turistas. Por su parte, el municipio insiste en que se acordó una sola opción: la del regreso de los que se contagian a sus lugares de origen. La prueba fehaciente es que no ha hecho mención a los centros extrahospitalarios.

El Frente de Todos no ve nada diferente a lo que viene ocurriendo. Interpreta que el gobierno local asume la relación con la Provincia y la Nación con una inclinación hacia el reclamo y la espera antes que a la propuesta y la acción. Tuvo, por lo demás, una semana plagada de sensaciones. Desde el sinsabor por la pintura de Néstor Kirchner en la Rambla, que generó reproches internos, hasta la emoción por la masiva caravana en homenaje al ex presidente. Desde los contrapuntos internos por el desalojo en Guernica (la concejala Sol de la Torre, del partido de Grabois, no disimuló sus diferencias) hasta la celebración del decreto que incorporó a un millón de niños y adolescentes a la Asignación Universal por Hijo, coronado con una nueva postal del Presidente con Fernanda Raverta.

El oficialismo también registró algún desacorde. Después de ungir al estrellato tuitero a la restauradora patrimonial, Costanza Addiechi, para usufructuar el traspié ajeno en las baldosas de la Rambla, promovió un proyecto con el objetivo de consultarle a la Provincia si la agrupación que hizo la pintura había pedido autorización. El concejal Nicolás Lauría, que ya había vacilado al momento de votar el aumento de boleto, se negó a rubricarla. Tironeado por el giro de su partido (Fe dejó Juntos por el Cambio y respalda al gobierno nacional), la distancia con el bloque que preside Alejandro Carrancio se pronuncia cada día más. Sería un detalle menor si no fuera porque se trata del reemplazante de Montenegro ante cualquier eventualidad.