El testimonio de más de siete horas que brindó el 7 de enero pasado el exjefe de Policía César Almada, ante el fiscal Raúl Garzón, resultó clave para que el miércoles a la tarde se ordenaran las imputaciones y las capturas de 16 policías y de una exagente penitenciaria.

Lo dio a entender el propio Garzón, en diálogo con este diario, al señalar que Almada le había confirmado, en aquella declaración, que entre el 2 y el 3 de diciembre pasado, cuando se estaba gestando la revuelta policial, el propio Almada se había comunicado con los uniformados para ordenarles que cesaran en el reclamo y retomaran sus funciones. Lejos de hacerlo, según explicó el fiscal, los uniformados desobedecieron la orden del superior y hasta se ufanaron de ello.

Además, los testimonios de las autoridades policiales de entonces también permitieron corroborar el uso de las radios y de las frecuencias policiales por parte de los uniformados rebeldes, con el objetivo de incitar a sus compañeros a sumarse al autoacuartelamiento que derivó en los saqueos.

Con esos datos, más la información técnica que obtuvo el fiscal sobre los movimientos de los patrulleros en aquellas jornadas, se logró la individualización de los involucrados y cuáles fueron sus actuaciones.

En efecto, en los últimos días, el fiscal Garzón decidió imputar los delitos de “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito” a 16 policías, la mayoría de ellos oficiales y unos pocos suboficiales, cuyas identidades no fueron proporcionadas por la Justicia. Los policías quedaron alojados en la cárcel de Bouwer y serán indagados a partir del lunes próximo. Adriana Rearte, una de las mujeres (civiles) que iniciaron la protesta, también fue apresada. Y el padre de uno de los policías detenidos dijo que su hijo era “un preso político”.

El fiscal Garzón señaló que las pruebas recogidas por la investigación son contundentes. Se ubicó como único responsable, pero agradeció el apoyo de la Fiscalía General, del actual jefe de Policía y de los gabinetes técnicos de la Policía Judicial.

Con aviso

Ayer, cuando este diario le preguntó al fiscal si antes de ordenar las capturas había avisado al Gobierno provincial, respondió: “Yo le anticipé al jefe de Policía, que es lo que corresponde en estos casos, ya que iba a capturar a 16 hombres de su fuerza, y eso requiere tomar precauciones, alistar a algún cuerpo especial, es una estrategia”. En el mismo sentido, agregó: “Me imagino que el jefe de Policía habrá tomado sus propios recaudos y habrá informado a sus superiores, al ministro de Seguridad, o al propio Gobernador”.

No obstante, subrayó que las medidas tomadas, y la oportunidad en que se tomaron, son de su única responsabilidad.

Garzón se despegó totalmente de las otras medidas administrativas que tomó el Tribunal de Conducta Policial y la actual Jefatura: el pase a situación pasiva de cuatro policías (un oficial y tres suboficiales) por promover otro acuartelamiento; y el pase a retiro de cinco comisarios mayores.

En este último caso, se trata de los jefes de las departamentales San Javier, con asiento en Villa Dolores, comisario mayor Sergio Berrocal; de Río Cuarto, comisario mayor Ángel Domínguez; también del comisario Gustavo Godoy de Punilla; Horacio Soria de la departamental Unión; y Adrián Ferrato de la departamental Sáenz Peña. El ministro de Gobierno, Walter Saieg, dijo que la medida no tenía que ver con los saqueos.