También se refirió a cómo se plantaron elementos en el llamado “Operativo Sapere”. En tanto los tres testigos restantes, que prestaron funciones en el Batallón de Ingenieros 181 durante la dictadura, se explayaron sobre el funcionamiento del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita.”

Hoy comenzó la ronda de testimoniales en el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la región en el marco del genocidio que se desarrolla en el salón de Amuc.

El primer testigo de la jornada fue Antonio Casal, quien era segundo jefe de la unidad regional de Neuquén durante la época en la que se cometieron los hechos. Señaló que la triple A (grupo parapolicial) estuvo en proceso de formación en la provincia y que el exinterventor de la Universidad Nacional del Comahue, Dionisio Remus Tetu, cumplió un papel central. “Era el ideólogo”, afirmó.

Precisó que participó como representante de la policía de Neuquén de una reunión junto a integrantes de otras fuerzas -comunidad informativa- a la que asistió Remus Tetu. Mencionó como lugar de encuentro un domicilio ubicado sobre ministro Gonzalez, entre Mendoza y Tucumán, frente al local donde funciona hoy la Uocra. En esa oportunidad le pidieron que firmara un compromiso de que en caso de que detuviese a un miembro de la triple A debería liberarlo. Dijo que se negó a hacerlo y que el exinterventor se disgustó por ello. Identificó a Raúl Guglielminetti, condenado en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad, como un hombre vinculado a Remus Tetu.

La función, dijo era, “hacer la justicia que no iban a hacer las organizaciones legales”.

Agregó que el grupo usaba para hacer sus ataques violentos -atentado a Libracos, a la agencia Neuquén del diario Rio Negro y al juzgado federal- vehículos de la universidad, y que en el cielo raso de la misma acopiaban armas.

Sobre el operativo que se realizó en el barrio Sapere de Neuquén en 1975 dijo que él lo supervisó, y que durante los allanamientos a las viviendas se dio cuenta que el Ejército había plantado los panes de trotyl y las “revistas subversivas” encontradas. Más adelante, en su declaración, manifestó que esta práctica era común en los procedimientos. Indicó que en noviembre de 1976 pidió licencia y en febrero de 1977 pasó a retiro.

Contó un episodio ocurrido luego del golpe de Estado en el que dos hombres en un Ford Falcón llegaron hasta la alcaidía, golpearon la puerta, y dejaron a una mujer completamente desnuda en la vereda. Señaló que su apellido era extranjero, que la habían trasladado en avión desde Comodoro Rivadavia, y que aquí la habían torturado “en cualquier cuartel, en “La Escuelita” o algún vecino de buena voluntad que prestara la casa.” Textualmente detalló que tenía: “salida la mandíbula, 32 quemaduras de picana, el clítoris le colgaba, tenía sus pezones quemados, y dos o tres centímetros afuera el intestino recto”.

No fue claro respecto a cómo se procedió con aquella mujer, y ni siquiera aclaró si se la trató como víctima. Sí dijo haber hecho la denuncia en juzgados provinciales y en el federal y que también habló con un fiscal que le respondió: “hasta dónde nos vamos a meter, quedate tranquilo.”

Pasó inadvertida por las partes y el tribunal una referencia que hizo acerca de un encuentro que mantuvo con una persona en la calle a la que habían traído de España por el juicio. Probablemente haya aludido al imputado Jorge Alberto Soza, quien fue extraditado y se encontraba prófugo.

La abogada del Ceprodh, Natalia Hormazabal, pidió que se remitieran copias de la declaración de Casal a la fiscalía por su posible participación en los hechos que son objeto de este juicio.

“Una raza superior”

Alberto Araujo, Ricardo Bustos y Manuel Caparros prestaron funciones en el Batallón de Ingenieros 181 en la época del terrorismo de Estado. Los tres señalaron que conocían la existencia del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, una ex caballeriza alejada del cuartel, y cuyo acceso era restringido.

Araujo afirmó que trabajaba en la oficina de justicia del Batallón y que su tarea no estaba vinculada a la “lucha antisubversiva” que consistía en “aniquilar a la subversión, combatirla en una guerra no convencional “guerra de guerrillas.” Mencionó que se realizaban reuniones de coordinación entre distintas fuerzas a la que asistía, recordó, el jefe del Destacamento de Inteligencia 182, Mario Gomez Arena, imputado en este juicio, y condenado en el primero.

Bustos, mecánico en el Batallón, también oyó hablar de Gomez Arena. Sobre “La Escuelita” sostuvo que era una zona restringida y que el comentario era que llevaban gente detenida.

Caparros, un oficial primero por entonces de 19 años, hizo guardia en el perímetro del centro clandestino, y dijo haber visto en una oportunidad cómo se bajaba a un hombre encapuchado y con cadenas de un unimog y se lo ingresaba. Aseguró que el personal de Inteligencia se manejaba “como una raza superior”, ya que ostentaban una autoridad que excedía a la de los grados superiores. “Cuando estaba en la guardia me pidieron abrir la tranquera, sin darme explicaciones, me pasaron como alambre caído”, relató.

Señaló que entró a “La Escuelita” para colocar “un teléfono de campaña” y que había un edificio de material y el otro de chapa, donde se hacían los interrogatorios. El testigo dijo haber sido interrogado luego de la fuga de uno de los detenidos: Hugo Inostroza Arroyo.

Destacó que era “imposible” no saber sobre “La Escuelita” y que los superiores “no podían ignorarlo.”