El punto clave de la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán es la declaración del ex titular de Interpol, Ronald Noble, y del responsable legal de la organización internacional de policías, Joel Sollier. Es que ambos funcionarios, uno norteamericano y el otro francés, controlaban las órdenes de captura con alertas rojas de los sospechosos iraníes y ya han dicho públicamente que fue falsa la acusación del fallecido fiscal Alberto Nisman de que el gobierno de Cristina Kirchner quería levantar esas capturas. 

Los jueces del Tribunal Oral Federal 8 deben decidir si viajan a Dubai y París, donde viven Noble y Sollier, antes del juicio, o si los dos funcionarios recién declararán durante el juicio. Una postura es que esos testimonios son decisivos y si ambos mantienen lo que dijeron en forma pública, es posible que el juicio se caiga por inexistencia de delito. 

La otra postura es que lo mejor es que declaren por videoconferencia en el juicio, se eviten nulidades y apelaciones, y, en todo caso, que se pruebe en el juicio mismo que toda la causa fue un armado y una maniobra más de la persecución política. Por ahora, los magistrados parecen no llegar a un acuerdo.

El increíble expediente por el Memorándum fue iniciado por Nisman pocos días antes de morir y cuando creía que lo iban a echar de la fiscalía AMIA. Para evitar ese supuesto despido, reclamado por los familiares de las víctimas, el fiscal se despachó con una denuncia contra la entonces presidenta, el canciller Héctor Timerman y una serie de funcionarios y dirigentes. 

La acusación fue que el tratado con Teherán era parte de una jugada a favor de los sospechosos iraníes y que tenía como punto central levantarle las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol.

La instrucción corrió a cargo de Claudio Bonadio quien hasta aceptó --en combinación con denunciantes seriales macristas y familiares vinculados a la DAIA-- imputar a la ex presidenta y al canciller por el delito de traición a la patria. 

Esa acusación fue demolida por la Cámara Federal, que le dijo a los querellantes que no podía existir la traición a la patria, porque ese delito consiste en combatir para el enemigo en una guerra.

El expediente ya se elevó a juicio, lo tiene el TOF 8 y ahora los caminos son básicamente dos:

*Alternativa uno: Está planteada por el abogado de Carlos Zannini, Mariano Fragueiro Frías. Sostiene que está claro que Noble y Sollier debieron declarar en la instrucción y el juez lo evitó para que no se le caiga la causa. Es más, hasta amagó con acusar a Noble de complicidad con los iraníes, algo que expresó Elisa Carrió ante algunos medios, pero que Bonadio no se animó a concretar. 

Es que Noble no sólo fue titular de Interpol a lo largo de casi quince años, sino que antes de eso fue el jefe del Servicio Secreto de los Estados Unidos, lo que hace virtualmente imposible acusarlo de que esté del lado de Irán. Y, además, está Sollier, un prestigioso ex juez francés, que manejó el departamento legal de Interpol y en su momento coincidió con Timerman en que las alertas rojas no se levantarían.

Lo que dice Fragueiro Frías es que corresponde que los dos funcionarios declaren antes del juicio, porque es una prueba que está pendiente. El método que se baraja en el tribunal es que los magistrados viajen a Dubai y París a tomar las declaraciones y las partes podrían seguir esos testimonios por teleconferencia e incluso proponer preguntas.

Si Noble y Sollier confirman lo que ya dijeron públicamente --que ni Timerman ni ningún funcionario hizo gestión alguna para levantar las alertas--, la causa se queda sin sustento y podrían imponerse recursos para que el juicio directamente no se haga. Evitaría someter a los imputados a un proceso injusto e innecesario y sería además algo así como una economía procesal.

* Alternativa dos: No se toma declaración a Noble y Sollier en la previa del juicio sino en las mismas audiencias ante el tribunal. Es que el viaje a Dubai y Paris provocaría apelaciones y nulidades, con lo que el fallo final quedaría luego expuesto a que la Cámara de Casación dicte una nulidad, tal vez dos o tres años más tarde. 

Es cierto, está la posibilidad de evitar un juicio inútil y absurdo, pero también el juicio podría servir para exhibir de manera nítida el armado que implicó este expediente. Se trata de la acusación sobre un tratado votado por las dos cámaras del Congreso y que, para colmo, nunca entró en vigencia porque los iraníes terminaron no votándolo y, mucho después, la justicia argentina lo declaró inconstitucional. 

Como señaló en su momento el juez Daniel Rafecas, no puede tener efecto un tratado que no se aplicó. A esto se agregaría que nunca hubo una gestión para levantar las alertas rojas de Interpol que, de hecho, siguen vigentes hasta hoy.

La presidenta del TOC 8, Gabriela López Iñiguez y sus dos colegas, Juan Michilini y Daniel Obligado, tienen que tomar una decisión. Está el rumor de que hasta el momento no llegaron a un acuerdo, pero que la resolución se tomaría a corto plazo.

Lo más grave de todo fue que a raíz de esta causa fueron a prisión varios dirigentes, Carlos Zannini, Luis D'Elia, Fernando Esteche y Jorge Khalil; se demoró el viaje de Héctor Timerman a continuar su tratamiento contra el cáncer y se pidió el desafuero y la prisión de CFK. Recién en diciembre pasado, el TOF 8 revocó la prisión preventiva contra la vicepresidenta.

Todo el proceso es una clara expresión del lawfare: el aparato de la Casa Rosada--Comodoro Py--los grandes medios consagrados a la utilización de la justicia para la persecución política.