Hoy, a partir de las 9.30, el testigo Juan Carlos “El Perro” Clemente, quien aportó la documentación sobre el registro burocrático del terrorismo de Estado, deberá sentarse frente a los jueces tucumanos en el marco de la megacausa “Jefatura de Policía”. En este proceso judicial están acusados por veintidós muertes y desapariciones Luciano Benjamín Menéndez, Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex jefe del Servicio Confidencial de Inteligencia (SIC), y los hermanos Luis “El Cordobés” y Carlos De Cándido, policías retirados. El relato de Clemente será el último antes de empezar con el tramo final del juicio (lectura de pruebas documentales y alegatos) que terminará el 8 de julio.

Clemente se convirtió en una pieza clave del juicio cuando el pasado martes no sólo dio su testimonio frente al Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán, sino que aportó dos biblioratos, de 250 páginas en total, que contienen información valiosa del destino de 293 personas que pasaron por el centro clandestino de detención tucumano. Con el aporte de Clemente, se pudieron conocer detalles de la sistematización de secuestros, torturas y desapariciones en la década del ’70, durante el gobierno de facto de Antonio Domingo Bussi, quien fue excluido de este juicio por razones de salud.

Clemente, quien en su juventud fue jefe montonero y terminó cumpliendo funciones como policía hasta 1984, contó que mantuvo esa documentación en secreto durante 33 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976 y meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del SIC, donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos en momentos en que la mayoría de los papeles eran arrojados a una fogata.

“El Perro” Clemente, quien permanece bajo la custodia del programa Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación, deberá responder las preguntas del fiscal federal Alfredo Miguel Terraf, de los querellantes y de los defensores respecto de los dos biblioratos que entregó el martes pasado. Los jueces pretenden que el testimonio de Clemente sirva para reconstruir el funcionamiento interno del centro clandestino que funcionó frente al Episcopado tucumano, ya que por los relatos de los sobrevivientes dentro de la ex jefatura había diversas salas de torturas. Los represores y sus abogados negaron la existencia de las mismas.

Por otra parte, el martes 29 de junio comenzarán los alegatos de los abogados que representan las seis querellas, Laura Figueroa, Valentina García Salemi y Daniel Weisamberg (Andhes), Emilio Guagnini y Julia Vitar (Fadetuc), Daniel Mendivil, y Bernardo Lobo Bugeau (por el caso Eduardo Ramos y por la Secretaría de Derechos Humanos) y de los abogados de los acusados, el defensor oficial público Ciro Lo Pinto (defiende a los hermanos De Cándido), Ezequiel Avila Gallo hijo (representa a Albornoz) y Horacio Guerinau (a Menéndez).

La megacausa, comenzó el pasado 16 de febrero con siete imputados en el banquillo de los acusados, pero por la muerte de los represores Mario Albino Zimmermann y Alberto Luis Cattáneo (quien es citado en los documentos secretos de la represión difundidos por este diario) sumadas a la enfermedad de Bussi, que quedó fuera del juicio, sólo cuatro genocidas escucharán la sentencia del tribunal tucumano.