Es debido a las declaraciones periodísticas publicadas relacionadas a los juicios de lesa humanidad, donde un testigo declara que en el predio que posee la Sociedad Rural de Junín se encontraba vinculado a procedimientos ilegales, sembrando la duda si en ese lugar se realizaban detenciones y torturas. Así lo indicó una nota de prensa de la entidad ruralista
En un comunicado de prensa difundido hoy se indica que "por esto, la Sociedad Rural de Junín solicita y exige a la Justicia la investigación de estos supuestos hechos, ya que nos urge y nos compromete la verdad. Esperando un pronto accionar de la Justicia, quedamos a disposición para poder llevar luz en un tema que nos involucra a todos como comunidad", concluyó la nota.
Las declaraciones a las que alude el comunicado de prensa de la Sociedad Rural de Junín, son las referidas a los dichos del ex comisario Benito Almada en la audiencia realizada este último lunes en neustra ciudad ante el tribunal federal presidido por el juez Carlos Rosanski en la cual indicó que "en diciembre de 1976, prestaba servicio en la subcomisaría de Zárate y tuvo un encuentro con Camarro -un ex policía que ahora desarrolla funciones en el Departamento Judicial de Junín- en el que éste le revelo que “había hecho un procedimiento deteniendo a un subversivo, que era Romié”.
Según Almada, Camarro le contó que a Romié “lo sacó de un taxi de Coronel Suárez y Saavedra” y que en el operativo “estaba integrado por Maisterra, un oficial de apellido Vega, de Los Toldos, y un oficial del Regimiento de apellido Balmaceda”.
El testigo también refirió que “cuando consuman el hecho, iban al Ejército pero reciben una orden para que se vayan al Punto Uno, que era el predio de la Sociedad Rural. Ahí ingresan, había otras personas armadas y dejaron al detenido. Después se presenta en la base y fue asignado para hacer el operativo que derivó en la detención de Mesa, junto con un oficial de apellido Carnevale”.
Además, Camarro contó –siempre según Almada– que a Mesa lo trasladaron “a una quinta ubicada detrás del regimiento, que era de una persona de apellido Boccaccio”. Y agregó: “Me dijo que era usual dejar personas en esos lugares porque en el regimiento había circulación de soldados y no querían que se vieran esos movimientos”.
Las audiencias por los delitos de les ahumanidad cometidos en Junín durante la dictadura militar se desarrollan en el auditorio del rectorado de la Universidad Nacional del Noroeste, en Primera Junta y Libertad. El fiscal federal es el doctor Hernán Schapiro y el caso es juzgado por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez.
En la audiencia del lunes, Almada contó que Camarro le dijo que cuando lo estaban llevando al regimiento, por radio les ordenaron dirigirse al Punto 1, “que era el terreno de la Sociedad Rural de Junín, camino al balneario. Ahí ingresan, donde había otras personas armadas esperando y dejaron al detenido”, aseguró el testigo.
La cróica periodística indica que además de colocar a Camarro en el secuestro de Romié y posteriormente en el de Mesa, Almada también dio precisiones sobre el uso de la Sociedad Rural como punto de traslado de detenidos. Por otro lado, manifestó que detrás del predio del ejército hay una quinta, propiedad de una persona de apellido Bocassio, que también era utilizada de manera similar.
“Desde allí (la Rural) volvió al regimiento, de donde lo asignan al operativo de detención del actor Mesa, junto con un oficial de la Unidad Regional de apellido Carnevale; además me contó que los otros integrantes de la patota eran un oficial de Chivilcoy, Beatrice; un oficial militar Obreña, y Roberto Leone, de Junín”, aseguró.
Asimismo, dijo que a Mesa lo llevaron a esta quinta ubicada detrás del regimiento, para evitar que los conscriptos observaran movimientos extraños.
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