El 9 de octubre, el Departamento Ejecutivo decidió elevar al Concejo Deliberante el expediente 5128, iniciado en julio del corriente. Ese pedido llevó las firmas del intendente Oscar Luciani y del secretario de Obras Públicas Marcelo Gutiérrez.

A través de unas 40 fojas, distintas áreas municipales acompañaron la solicitud formulada por Araucaria Energy en función de obtener un cambio de zonificación imprescindible para el funcionamiento de la central termoeléctrica. En lenguaje técnico, a mediados de año, la empresa le pidió a Luciani que “tenga a bien promover ante el Honorable Concejo, la rezonificación a los efectos que la homologación con la Ley 11.459, resulte Zona D, efectuando el dictado de una ordenanza de Uso Específico para la Planta Termoeléctrica (ACI)”.

Luego de pasar por diferentes dependencias municipales, la Dirección de Planeamiento, a cargo de Carlos Patetta, fue la responsable de elaborar el borrador del proyecto de ordenanza que los concejales oficialistas (más el acompañamiento de Marcelo Musso) aprobaron en la sesión del 6 de noviembre. Así consta en un escrito de su autoría que en septiembre dirigió al secretario Gutiérrez. La intervención administrativa de Patetta fue complementada en las horas previas al tratamiento inicial que el Concejo le dio al tema. Durante la mañana de ese lunes, orientó a representantes de Araucaria interesados en visitar concejales que dudaban en acompañar el cambio de zonificación. A la noche, estuvo presente en el recinto para seguir en persona el desarrollo de la sesión, una actitud que el director de Planeamiento sólo tiene cuando está especialmente interesado en algún tema, como ocurrió durante el tratamiento del Código de Ordenamiento Urbano.

Cuando los concejales oficialistas levantaron las manos ese lunes 6, el Departamento Ejecutivo sabía, oficialmente desde hacía una semana, que la instalación de la central termoeléctrica viola una ordenanza municipal. En los primeros días de noviembre, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible notificó a la Municipalidad que la planta era categoría 3, cuyo tipo está prohibido en Luján desde 2013 mediante una norma que tuvo en cuenta el largo antecedente de Curtarsa. A pesar de conocer ese dato clave, el gobierno decidió seguir adelante.

¿YO, SEÑOR? NO, SEÑOR

La primera expresión formal del Departamento Ejecutivo sobre el tema fue el miércoles 8 de noviembre. Para ese entonces, el tema de la termoeléctrica y la aprobación del Concejo comenzaban a generar oposición vecinal.

Lejos de asumir el rol central que cumplieron las áreas municipales en el trámite de rezonificación, finalmente elevado al Concejo Deliberante, la Municipalidad resolvió limitar las actuaciones al “ejercicio de las facultades legales” del cuerpo deliberativo. En otras palabras, se desentendió de la ordenanza aprobada.

En ese primer comunicado, el gobierno aseguraba que “la Municipalidad no ha incumplido ninguna norma, ni permitirá transgresión alguna que ponga en riesgo a terceros o al medioambiente, y no ha actuado -ni lo hará- fuera de ley”. No hubo ninguna alusión a la ordenanza que prohíbe la llegada de nuevas empresas de tercera categoría. La actitud del Ejecutivo generó malestar entre algunos concejales oficialistas. También aparecieron reproches por la actuación de funcionarios, donde las internas de las fuerzas que componen la alianza gobernante no estuvieron al margen.

Luciani se apuró a promulgar la ordenanza. Por eso, cuando finalmente accedió a reunirse con los vecinos, el jefe comunal les comunicó que esa actuación ya estaba concretada, aunque el decreto con su firma se conoció siete días después. En el encuentro, el intendente prometió que paralizaría la obra de la termoeléctrica y convocaría a universidades públicas para que lleven a cabo estudios. Por eso emitió un decreto donde, a diferencia de la falta de consideración que el Ejecutivo tuvo al momento de la rezonificación, Luciani reconoció que la central había sido encuadrada como una industria de tercera categoría.

De todas formas, la redacción original contuvo un “error” en la designación catastral del predio, subsanada varios días después, una vez que el “error” tomó estado público. A pesar de la suspensión decretada, recién el martes pasado la Municipalidad se dispuso a realizar una inspección, luego de incontables denuncias de vecinos (acompañadas por fotografías y videos) que mostraban la continuidad de los trabajos hacia el interior de la termoeléctrica.

También por presión de los vecinos, el gobierno intentó darle forma a una especia de solución que, en la práctica, mantenía vigente la zonificación a favor de Araucaria. Pretendió que el Concejo Deliberante modificara la ordenanza original, supeditando el cambio de zona al cumplimiento de otros requisitos legales. De esta forma, se pretendía obviar que el encuadre en cuanto al uso del suelo resulta uno de esos requisitos.

Sin embargo, la oposición logró imponer su voluntad de derogar la zonificación. A último momento, con la votación perdida, los concejales oficialistas optaron por sumarse al planteo de derogación. La pelota volvió al Ejecutivo.

El jueves de la semana pasada, por medio de otro comunicado, Luciani anunció que “no vetaría” la nueva ordenanza. En ese escrito, el gobierno alteró la cronología de los hechos a su favor. Aseguró que cuando el OPDS resolvió que la termoeléctrica era de tercera categoría, “de inmediato, el Departamento Ejecutivo dispuso la paralización de las obras, como medida preventiva, disponiendo requerir a dos universidades oficiales que se expidiesen acerca del impacto ambiental y los efectos que podría producir el funcionamiento de la planta termoeléctrica”. En la realidad, como se describió en párrafos anteriores, el gobierno supo de la categorización una semana antes de que el Concejo rezonificara en beneficio de Araucaria. Además de no evitar su tratamiento, una vez aprobada Luciani resolvió promulgar la ordenanza. Recién cuando el reclamo vecinal comenzó a crecer, el intendente habló de suspensión y de iniciar estudios.

Como lo hizo en la primera comunicación oficial, nuevamente ató lo resuelto a un proceder independiente del Concejo Deliberante: “Otra vez los legisladores locales - representantes del pueblo- tomaron una decisión en la esfera de su competencia, que puede compartirse o no, pero que -al igual que la anterior- tampoco será vetada por el Departamento Ejecutivo. Así funcionan las instituciones, a partir del conocimiento, de las convicciones, y demostrando comportamientos educados, no falta de respeto. No se desiste de solicitar informes a dos universidades, como se dispuso, pues el aporte de conocimientos enriquece la toma de decisiones”.

El “no veto” iba a devenir en una promulgación tácita, es decir, como consecuencia del paso del tiempo legal para que el intendente tome una decisión (si no lo hace, la ordenanza se promulga). Esa habría sido la sugerencia que Luciani recibió del área de Legal y Técnica. Esta semana, sin embargo, el intendente se volcó por una promulgación expresa. 

Cronología

-En octubre, el Departamento Ejecutivo, a través del intendente y el secretario de Obras Públicas, pidió al Concejo Deliberante la rezonificación reclamada por Araucaria Energy.

-Tiempo antes, el director de Planeamiento elaboró el borrador de la ordenanza.

-A comienzos de noviembre, la Municipalidad supo oficialmente que la termoeléctrica era de tercera categoría.

-Sin embargo, se optó por violar la norma que prohíbe nuevas empresas de ese tipo y el 6 de noviembre el bloque oficialista logró la aprobación de la rezonificación.

-Luciani resolvió promulgar la ordenanza. Presionado por los vecinos, prometió un decreto para suspender las obras, cuya redacción inicial contuvo un “error” en la denominación catastral del predio. En los días siguientes, vecinos denunciaron que los trabajos continuaban. Recién varias semanas después, la Municipalidad efectuó una inspección en el predio.

-  El 27 de noviembre, la oposición impuso un proyecto de derogación de la rezonificación. El Ejecutivo había propuesta una salida que beneficiaba a la empresa. Con la votación perdida, los concejales oficialistas resolvieron acompañar el planteo opositor y dar marcha atrás con lo votado a comienzos de noviembre. Hablaron de “errores”. La empresa amenazó con demandar a los ediles.

-La semana pasada, Luciani anunció que no vetaría la nueva ordenanza. Se esperaba una promulgación tácita, pero este martes firmó el decreto.