Buenos Aires. El gobernador José Manuel de la Sota solicitó ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad del punto del acuerdo de refinanciamiento de deudas provinciales que le impide a Córdoba acceder a ese beneficio.

También le pidió al máximo tribunal que como medida precautoria (cautelar) le ordene al Gobierno nacional la suspensión por un año del “goteo” de la coparticipación que le realiza a Córdoba con el propósito de llegar a un acuerdo sobre los diferendos que Córdoba y la Nación tienen ante la Corte.

“Pedimos que se le dé a Córdoba el mismo tratamiento que a las otras provincias”, dijo a este diario De la Sota en las escalinatas del Palacio de los Tribunales, después de hacer la presentación. “Esta es la tercera vez que venimos. Si alguien piensa que es por un tema electoral –se encargó de aclarar–, se equivoca. Mi obligación de cordobés es defender los derechos de Córdoba. El gobierno de Cristina Fernández no le debe a De la Sota, le debe a todo el pueblo de Córdoba”.

En efecto, esta es la tercera vez durante su tercer mandato que De la Sota recurre a la Corte en reclamo de deudas que asegura tiene la Nación con Córdoba. La primera fue en junio de 2012 para exigir el pago de 1.040 millones de pesos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendría con la Caja provincial. Y la segunda, el mismo mes de 2013, cuando reclamó la devolución del 15 por ciento que la Nación retiene antes de coparticipar con las provincias y que estaba destinado a financiar el sistema previsional cuando existían las AFJP.

De la Sota hizo la presentación junto al fiscal de Estado provincial, Jorge Córdoba; el ministro de Economía, Ángel Mario Elettore, y el representante legal de la Provincia en Capital Federal, Alberto García Lema. Ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, en el cuarto piso del Palacio, acompañaron el pedido con cuatro cajas que contenían los comprobantes del reclamo, dijo el gobernador.

De la Sota precisó que la deuda que Córdoba reclama a la Nación es de 9.935 millones de pesos, sin contar intereses. “Equivale a 15 por ciento del Presupuesto provincial para 2015”, comparó. En plan de ilustrar, abundó en que con aquel dinero podrían construirse 695 kilómetros de autopista (“tres Córdoba-Río Cuarto”), 24 mil viviendas o 465 escuelas.

El detalle de esa deuda a septiembre pasado es el siguiente, según detalló a este diario el fiscal Córdoba: 1.040 millones a la Caja; 7.474 millones por el descuento “ilegal” del 15% de coparticipación correspondiente a 2012, 2013 y lo que va de 2014; 454 millones por obras viales pagadas por la Provincia; 199 millones por viviendas también pagadas por Córdoba; 17 millones por mantenimiento de presos federales, y 751 millones de pesos correspondientes a ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

Precisamente este último monto corresponde a los ATN que tendría que hacer recibido Córdoba cuando a fines de 2013 y principios de 2014, las restantes 17 provincias con deudas con la Nación firmaron el último refinanciamiento, renovable trimestralmente. Pero la Provincia quedó al margen porque el inciso F del artículo 5 del acuerdo excluía de los beneficios a las provincias con reclamos judiciales contra la Nación. Es por eso que De la Sota pidió ayer que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad de ese punto.

Respecto de la medida precautoria solicitada, el gobernador fundamentó: “Durante ese año queremos que se resuelvan todos los temas que hemos planteado a la Corte. Pero en tanto, que no nos sigan quitando lo que es nuestro, cuando no nos pagan lo que nos deben”.

De paso, no dudó en calificar al gobierno de Cristina Fernández de ser “el menos federal de la historia” porque “se queda con 74 por ciento de los impuestos coparticipables y distribuye entre las provincias sólo el 26 por ciento restante, cuando son ellas las que tienen a su cargo Justicia, seguridad, educación y salud”.