“Hablar de irregularidades en una licitación que ni siquiera se adjudicó, donde ni siquiera debe haber dado el tiempo para que se abrieran ofertas, es por lo menos tendencioso", había arremetido el 12 de octubre pasado la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en el segundo round mediático con el periodista Diego Brancatelli que, a diferencia del primer cruce –en los umbrales de las PASO- no se viralizó por las redes. Aunque, de allí, se desprende un hecho llamativo.

El panelista de "Intratables" le había preguntado sobre una “licitación polémica” a partir de la cual se habilita “una especie de monopolización” en el servicio de racionamiento de alimentos en cárceles p´provinciales al empresario Víctor Lusardi, algo que, sostuvo, fue posible gracias a “reglas hechas para que Lusardi maneje el control de todo”.

La respuesta de la mandataria fue implacable: “Firmé el pliego hace pocos días, por lo que no debe ni estar adjudicada”, subrayó para negar la adjudicación y apuntar a posibles operaciones en su contra provenientes de un “distribuidor de carne, muy ligado, decían, a Aníbal Fernández”.

No obstante, lo que había firmado Vidal “hace pocos días” -más precisamente, el 5 de octubre pasado- no había sido el pliego, sino el decreto de adjudicación por $1.299.307.436 de la prestación del “servicio asistido de racionamiento para la cocción de alimentos para distintas Unidades Carcelarias y Establecimientos Penitenciarios”, por un período de 730 días a partir del 1° de octubre de 2017. O sea, de aquí al final del mandato de la gobernadora.Para esto, tres empresas fueron seleccionadas: las porciones menores se repartieron entre Servicios Integrales de Alimentación S.A. -por más de $27 millones- y Compañía Integral de Alimentos S.A. -por más de $240 millones. Pero el grueso de la adjudicación, por $1.030.621.592, fue para una sola: Cook Master S.R.L., firma referenciada con Víctor Lusardi y su familia, la cual comanda el grueso del tejido corporativo bendecido con la letra inicial de su apellido: Grupo L.

POLÉMICA LICITACIÓN. Las adjudicaciones en cuestión se dieron en el marco de un proceso licitatorio signado por la polémica. De las 13 firmas que realizaron sus propuestas, se le pre-adjudicó en junio pasado la totalidad del servicio a Cook Master. Sin embargo, tres empresas -Dasem S.R.L., Grupo Sureña S.R.L. y Compañía Integral de Alimentos S.A.-, efectuaron presentaciones objetando el pliego de bases y condiciones que rigió la licitación y el acta de pre-adjudicación.

Una de las razones que fundó el reclamo de las empresas giró en torno de los requisitos de admisibilidad para poder ser seleccionadas. El ítem 8.19 del pliego en cuestión establece que “el oferente deberá acreditar haber realizado servicios de similares características en unidades carcelarias u otros dispositivos públicos que alojen población restringida de su libertad”. Esto, sumado a otros aspectos burocráticos a cumplir en tiempo acotado, disparó el malestar de empresarios de menor rango que terminaron por quedarse afuera.

Desestimadas dichas objeciones por parte del Ministerio de Justicia, en julio se hizo una leve modificación al acta de pre-adjudicación, pero porque Cook Master no mantuvo su oferta en algunos ítems menores que, finalmente, se otorgaron a las dos firmas que fueron seleccionadas junto con la empresa de la familia Lusardi.

NO CAMBIAR. Más allá de las sospechas que se desprendieron de este proceso, lo que resulta llamativo es que se establezca como filtro la prestación de servicios de ese tipo con anterioridad, en un contexto donde la reforma integral del Servicio Penitenciario Bonaerense anunciada por Vidal el año pasado, es una de las principales banderas de su gestión.

Dentro de ese cuadro carcelario crítico que se pretende reformar, el sistema alimenticio suscitó reiterados cuestionamientos en los sucesivos informes anuales que, desde hace más de una década, presenta la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), donde se han denunciado cientos de casos de reclusos “víctimas de la falta o deficiente alimentación”.

Fuentes del organismo defensor de los Derechos Humanos confirmaron a Letra P que Cook Master venía trabajando con la gestión de Daniel Scioli y advirtieron que, por estos días, “sigue siendo muy pobre la prestación alimentaria”, detectándose falta de alimentos y escasas raciones y que el menú no ha variado.

Además, marcaron que la reticencia a brindar información al respecto ha sido un denominador común desde la gestión sciolista.

En esa línea, durante una inspección judicial a la Unidad 47 del complejo penitenciario conurbano norte, de San Martín, se advirtió un panorama caótico que incluyó el servicio alimentario. Al ser consultado en aquella ocasión el titular del Penal por la empresa proveedora en este punto, no supo responder. Aunque en la documentación revisada se advirtió un nombre: Cook Master.

En tanto, voceros de ATE confirmaron a este medio la permanencia de Cook Master desde tiempos de sciolismo. Aquí, también surgieron quejas por el servicio brindado, sobre todo en los centros cerrados bajo el ala de Niñez y Adolescencia, donde, se advirtió, “hubo una reducción de viandas”, además de cuestionarse las condiciones en que llegan a destino las mismas.

Se sabe: las gestiones de Scioli y de Vidal tienen un punto de encuentro en un funcionario clave para las dos administraciones. El actual ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, tiene a su cargo el Servicio Penitenciario. Con el mandatario peronista -y en el inicio de la era Cambiemos- había sido asesor general de Gobierno, una suerte de asesor jurídico del Estado bonaerense. 

Ministro de Justicia Gustavo Ferrari y gobernadora Vidal.

HISTORIA, LAZOS Y NEGOCIOS. Con espalda para responder a semejante adjudicación a partir de una extensa raíz de servicios prestados a organismos estatales, Cook Master forma parte de un grueso tejido empresarial denominado “Grupo L”, en honor al apellido de su fundador.

A punto de cumplir 87 años, Víctor José Bautista Lusardi Cina comenzó desde joven su actividad comercial. Desde mediados de la década del ’50 se dedica a las refacciones de edificios pero paulatinamente se fue acercando al rubro gastronómico, hacia el cual definitivamente se inclinó en 1976.  En ese año, Lusardi brinda servicios de alimentos por primera vez a la Junta Nacional de Granos, ente que, durante los años de plomo, tuvo como interventor a Jorge Zorreguieta, padre de la Reina Máxima de Holanda.

En la segunda mitad de la dictadura cívico-militar, Lusardi extendió sus horizontes y comenzó a entregar refrigerios diarios a varias dependencias de la DGI. Más tarde, en plena década menemista, L empezó a brindar servicios privados de alimentación a escuelas, hospitales y empresas de construcción.

Después de la crisis de 2001, la firma hizo su relanzamiento en tiempos de kirchnerismo. A partir de 2006, fue aumentando sostenidamente su personal, su flota vehicular, sus inmuebles y sus unidades de negocios, entre las que figuraron consejos escolares y servicios de seguridad y limpieza institucional.

Ya bajo el gobierno de Cambiemos, Grupo L dio cuenta en 2016 de ventas brutas por $1.160.260.000, 503 empleados, cuatro unidades de negocios, tres locaciones y una flota de 33 vehículos propios. En tanto, algunas de las empresas manejadas por la familia Lusardi son Armacer, Teylem, Forain, Logistical, Biocam Catering, Blue Catering, Equis Quince y la mencionada Cook Master.

RECUERDOS DEL FUTURO JUNTOS. “En general no conozco a los proveedores de la Provincia. Y me parece bueno no conocerlos ni atenderlos", sostuvo Vidal al ser consultada sobre Lusardi. No obstante, Grupo L es un viejo conocido del Gobierno porteño bajo la administración PRO.

Entre algunas de las adjudicaciones otorgadas al grupo, tanto Teylem como Cook Master fueron seleccionadas entre 2014 y 2015 para la prestación del servicio de elaboración y distribución de comida en los hospitales Santa Lucía  y María Ferre. En 2012, Página 12 dio cuenta de denuncias de docentes de tres escuelas porteñas por el mal estado de los yogures provistos por Teylem, que llevaban la marca “La Lácteo”, que supo formar parte de Socma, el holding de la familia Macri.

Pero la creciente versatilidad del Grupo L hizo que no sólo haya sido contratado por el Gobierno porteño en aspectos gastronómicos.

Desde 2012, cuando Vidal era flamante vicejefa de Gobierno, la empresa que la hoy gobernadora afirma desconocer fue contratada por la Ciudad para la colocación de “Campanas verdes” –para el tratamiento de residuos reciclables- por montos millonarios. En cinco años, el Grupo L instaló 2.250 campanas verdes en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Una cantidad similar de contenedores se encargó de reparar en ese lapso.

En 2016, Teylem también resultó ganadora de la licitación destinada a la distribución de kits de limpieza para diversos edificios educativos y edificios centrales dependientes del Ministerio de Educación porteño por más de $30 millones.

NO FUE LA PRIMERA. Antes del otorgamiento del servicio alimentario en cárceles, el gobierno de Vidal había adjudicado al Grupo L otras dos licitaciones importantes. En julio de este año, Cook Master se hizo de la provisión de comida hasta 2019 en los hospitales bonaerenses Alberto Eurnekian de Ezeiza, Héroes de Malvinas de Merlo, Vicente López y Planes de General Rodríguez y Cecilia Grierson de Guernica por un monto total de $ 140.713.924. Otra empresa del grupo, Biocam Catering S.A., fue elegida para abastecer de alimentos al sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y para Centros, Hogares y Casas de Abrigo por un total de $ 59.276.520.

Por otro lado, por la contratación directa por parte de la Provincia de 150 mil cajas navideñas para repartir entre sectores vulnerables, recientemente el diputado camporista Rodolfo Tailhade presentó una denuncia por presuntos sobreprecios. Entre las empresas a las que se le adjudicó esa compra figura Teylem, del Grupo L.

PESCAR. Dentro del esquema de “responsabilidad social empresaria”, Grupo L es una de las empresas ligadas a la Fundación Pescar, que articula programas de inserción laboral, entre ellos con la corporación de los Lusardi, que pone a disposición su planta de Ciudadela para el desarrollo de esas iniciativas.

Bajo el lema de enseñar a pescar y no dar el pez, la fundación cuenta con fuertes lazos con el mundo amarillo. Su directora general es Silvia Rueda de Uranga, hermana de la diputada PRO Lía Rueda, mientras que el coordinador de programas y responsable de “monitoreo y evaluación” es Carlos Estivill, otrora director de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, presidida por Rueda.

Además de haber participado Mauricio Macri en celebraciones de la fundación en tiempos de jefe de Gobierno porteño, hacia la misma se han transferido sumas millonarias desde la Ciudad y la Nación. Según detalla el portal Nuestras Voces, Pescar recibió 6.247.713 pesos del Ministerio de Desarrollo Social porteño en 2015, y por lo menos un millón más también de parte de Carolina Stanley, aunque ya como titular de la misma cartera en el orden nacional. El motivo de dichos desembolsos fue para ejecutar programas de capacitación en empresas que integran Pescar.

No sólo es parte de los programas de esa fundación, sino que el Grupo L le facilita a Pescar para sus reuniones los salones de otra de sus unidades de negocios: el Club Americano de Buenos Aires, sobre el cual tiene la concesión para el alquiler de eventos exclusivos bajo “una vista única del Teatro Colón”. Allí, ha realizado reuniones Mauricio Macri y ha disertado en varias ocasiones el ministro Ferrari. Allí, además, se han promovido charlas de política exterior con participación de cerebros de dos think tank de matriz PRO: la Fundación Pensary el CIPPEC –aunque éste último con presente un tanto más variopinto. Precisamente con la Fundación CIPPEC, el Grupo L colabora en la elaboración de un documento titulado “Lineamientos para una Política Federal de Alimentación Escolar”.

AMOR AMARILLO. Actualmente, además de trabajar con la administración Larreta en lo que refiere a la disposición de residuos, el Grupo L también se maneja en una órbita amarilla en la materia, con colocación de cestos verdes y grises para los municipios PRO de La Plata y Tres de Febrero, éste último donde posee una de sus plantas y en donde también instauró “Puntos de Entrega Voluntaria” de papel, cartón, vidrio, metales y plásticos en coordinación con la comuna comandada por Diego Valenzuela.

En ese distrito, también está a cargo de la limpieza de centros culturales y es uno de los puntos donde realiza actividades de beneficencia. Así, no sólo realizó donaciones de alimentos a una fundación del lugar, sino también al mismo municipio que lo contrata. También, la corporación de la familia Lusardi destaca la donación de “cuatro garrafas y doce estufas eléctricas al consejo escolar de Tres de Febrero”.

Donde además mantiene contratos el Grupo L es en otra comuna amarilla: Morón. Allí, en febrero de este año Teylem ganó la licitación por más de un millón de pesos para el Servicio de Servicio de Distribución de Alimento solicitado por la Secretaria de Economía y Finanzas local. Otra empresa del Grupo, Equis Quince, se quedó con un servicio similar por mismos montos en otras tres dependencias moronenses. También, realiza tareas de limpieza en el PAMI local.

En el distrito administrado por Ramiro Tagliaferro, el Grupo L articula políticas de inserción laboral junto a la Oficina de Empleo. Asimismo, por su participación en el programa de “Responsabilidad Social Territorial 2016”, el conglomerado empresarial de los Lusardi fue distinguido por el municipio.

Con estas cucardas, la corporación que se encargará de la alimentación en las cárceles bonaerenses hasta 2019 refuerza en la era Cambiemos sus viejos lazos con la administración pública.