Por: Jorge Fontevecchia.

La detención de Boudou es una buena noticia, aunque la empaña que fuera ordenada por un juez que tiene su propio hermano investigado. O que haya sido producida casi al mismo tiempo que la de De Vido, justo después del triunfo del Gobierno en las elecciones. Lo que impide suponer que todas sean apenas coincidencias.

Pero los temas del pasado no deben hacernos perder el foco del presente. Y hoy sigue habiendo temas tabú en los medios, como lo fue De Vido entre 2003 y 2007.

Hace dos semanas este diario, como tantas otras veces en soledad, publicó que el director de la AFIP, Alberto Abad, estaba por renunciar. Abad no es un titular de la AFIP más, es probablemente el funcionario más reconocido de la Argentina en un cargo porque lo eligieron para el mismo puesto gobiernos enemigos entre sí como el de Duhalde, el de Néstor Kirchner y el de Macri.

La publicación de la lista de familiares y amigos que ingresaron al blanqueo ofusca al Presidente

El silencio de la mayoría de los medios sobre el tema es también (mal) síntoma de la importancia que revisten el director de la AFIP y la figura del propio Abad. No es casual que el proceso de aceleración del desquicio institucional y económico del kirchnerismo haya coincidido con la salida de Alberto Abad de la AFIP.

Es que la AFIP es el último símbolo de la existencia del Estado, el lugar (que debiera ser) más autónomo e imparcial que ninguna otra área del Estado, porque allí se decide sobre el patrimonio de todos los ciudadanos.

Dicen que la AFIP está históricamente infiltrada por los servicios de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad argentinas, además de la propia ex SIDE de Stiuso y los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Hasta la propia Carrió fue imputada el año pasado por el fiscal Eduardo Taiano, acusada de utilizar información confidencial sobre contribuyentes filtrada por la AFIP para sus denuncias.

Alberto Abad genera fricciones en Casa Rosada porque sus pergaminos lo hacen ser muy monótono

Esta salida de Abad de la AFIP no sería por los mismos motivos que en la era K, cuando se lo corrió para usar al organismo en beneficio de amigos (Cristóbal López, por ejemplo) y perseguir a enemigos. Parte del cansancio moral de Abad estaría potenciado por el enojo del Presidente ante la filtración de la lista de quienes ingresaron al blanqueo, publicada por Horacio Verbitsky en el diario Página/12 hace algunas semanas, poniendo foco en los amigos y familiares de Macri, especialmente su hermano, Gianfranco Macri, y su mejor amigo, Nicolás Caputo.

Por esa filtración, Abad echó al subdirector de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP, Jorge Linskens, un funcionario que carga con una responsabilidad que lo excede por un error conceptual de la ley. Cuando se elevó el proyecto del blanqueo al Congreso, había dos disposiciones que los legisladores sacaron de la versión enviada por el Ejecutivo: el castigo a los periodistas que difundieran los datos sobre el blanqueo y la posibilidad de que los parientes de los funcionarios pudieran presentarse al blanqueo, esto último Macri volvió a agregarlo por decreto.

Penar a un periodista por publicar información de interés público era un disparate que hubiera generado en el primer condenado una apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente habría obligado al Estado argentino a modificar esa ley, creando un conflicto de poderes que hubiera hecho que más personas se interesaran por saber los nombres que el Gobierno quería que no trascendieran. Por eso, junto con algunos periodistas claramente perseguidos por el kirchnerismo, sumamos nuestra firma a una solicitada pidiendo que ahora no se persiga a Página/12 y a Horacio Verbitsky haciendo –aunque fuera por otros medios– lo mismo que padecimos durante el kirchnerismo y tanto criticamos.

Pero aun si se creyera que existe la posibilidad de censurar a los periodistas con una ley que prohibiera la difusión de algo, nunca hubieran podido impedir que esa lista, como cualquier otra que despierte interés, se publicara anónimamente en WikiLeaks o similares. Julian Assange, en el largo reportaje de PERFIL hace un tiempo, explicó el método para saltear las acciones legales de los países que hoy la tecnología y la globalización permite, utilizando servidores de distintas zonas de Asia o Africa para replicar la información que pudiera censurarse en Europa o América, por ejemplo.

Eso no impidió al gobierno de los Estados Unidos llevar adelante otro tipo de represalias con Assange, promoviendo la acusación de haber violado a una mujer y acosado sexualmente a otra en Suecia. Pero ya es imposible ocultar una lista, como lo demuestran continuas filtraciones como la del estudio jurídico de los Panamá Papers o las repetidas de clientes de bancos de distintas partes del mundo con operaciones de algún grado de ilegalidad.

Casualmente, es la tecnología, que permite hacer visible lo que antes estaba oculto, lo que hizo exitosos los blanqueos no sólo en Argentina sino en muchos países en el último año, por entrar en vigencia el intercambio de información entre los Estados. Si hubiera datos inexpugnables, por más que los países se pusieran de acuerdo, podría seguir existiendo dinero en negro sin blanquear en alta escala. Pero hoy, en un pendrive se lleva la biblioteca de Alejandría en una operación de segundos.

Quienes se presentaron a un blanqueo deben estar preparados para justificarse éticamente. No alcanza con decir que era legal, como respondió Macri a la periodista mexicana que le preguntó sobre los 35 millones de dólares que blanqueó su hermano Gianfranco en la conferencia de prensa del día posterior al último triunfo electoral (dicho sea de paso, qué lástima que no haya sido un periodista argentino quien haya formulado esa pregunta).

Mientras tanto, otra demostración del deterioro casi terminal de la relación de Alberto Abad con el Gobierno fue que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, rectificara este jueves el anuncio hecho el miércoles por el titular de la AFIP sobre límites al régimen de los monotributistas.