La tensión es indisimulable. Aunque todavía no se sentaron frente a frente. La convocatoria a una mesa de diálogo para el traspaso al Gobierno de la Ciudad del costo de los subsidios que se otorgan a 32 líneas de colectivos provocó fuertes cruces de palabras, chicanas, acusaciones de diverso tono y posicionamientos políticos a favor y en contra. Desde que se conoció esa intención del oficialismo a principios de semana el Ejecutivo porteño entró en ebullición porque se considera atacado y teme que ocurra algo similar a la quita en el porcentaje de coparticipación que se produjo en septiembre de 2020 cuando sufrieron un recorte de fondos que fue a parar a las arcas bonaerenses.

Por más que cada vez que son consultados los funcionarios nacionales insisten en que se apostará al diálogo y que pretenden llegar a un acuerdo entre las partes, en la Ciudad se pusieron a la defensiva. El movimiento los tomó por sorpresa y la declaración conjunta de los gobernadores del Norte Grande este viernes en Puerto Iguazú les sumó presión. Que dos mandatarios provinciales de la tropa propia como el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés hayan suscripto ese documento en el que le piden a Rodríguez Larreta un gesto de federalismo los acorrala aún más.

“Los gobernadores del Norte Grande expresamos nuestro respaldo a la decisión del gobierno nacional de descentralizar la gestión a la CABA del servicio del transporte urbano en pie de igualdad con el resto de las jurisdicciones”, expresa el texto que lleva la firma de los 10 gobernadores que se reunieron en la ciudad misionera convocados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para analizar temas energéticos.

“Expresamos también, en este sentido, que mantendremos con firmeza nuestro reclamo, para que se modifique definitivamente la inequitativa distribución de recursos nacionales en este tema, algo que sigue profundizando asimetrías. Lo demuestra algo tan categórico como lo es un boleto de 18 pesos en AMBA, contra un boleto promedio de 50 pesos en el norte argentino”, sostiene en otro párrafo la declaración.

Luego las declaraciones de Morales le sumaron condimentos al clima interno de la coalición opositora. Pagan el boleto $18 y los jujeñitos pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia? Levántelo a $50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $50 y ellos, un subsidio por $750 mil por unidad?”, cuestionó.

También desde Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti, más cercano en sus políticas a la oposición que a Alberto Fernández, adhirió a los mismos pedidos ante lo que consideran un reparto inequitativo de los subsidios. Los diputados que le responden, de Hacemos por Córdoba, llevarán al Congreso Nacional “un proyecto de ley para que los fondos nacionales de asistencia al transporte incluyan tanto al AMBA como al interior del país, sin distinción alguna”.

A través de una serie de tuits el gobierno cordobés explicó que “no se trata de aplicar un criterio para el AMBA y otro para el resto del país como sucede en la actualidad; no se trata de sacarle subsidios a una jurisdicción particular para dárselos a otra, sino trabajar sobre el total de los fondos asignados de manera equitativa y federal”.

Y por último pidieron “aplicar ese criterio de distribución federal sobre los fondos totales que Nación destinó a subsidios en el 2021, al interior del país le habría significado una participación en el total de casi el 40% en lugar del 15%. Es decir, 72 mil millones en lugar de los 28 mil millones que efectivamente recibió”.

El de los diputados cordobeses es el mismo argumento que expuso Schiaretti cuando inauguró las sesiones legislativas de su provincia y que replicó días más tarde el santafesino Omar Perotti. En esa oportunidad se decidió subir el boleto mínimo a $ 59,35 en las dos jurisdicciones, muy por encima de los $18 que se pagan en el ámbito metropolitano, un precio que permanece congelado desde marzo de 2019. En varias ciudades del Interior como Bariloche, Rosario o Mar del Plata también el boleto cuesta entre 50 y 70 pesos.

La Ciudad quiere una ley y que haya acuerdo para aceptar el traspaso

“El Presidente habla de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en los hechos hace lo contrario. Cuando nos tuvieron que sacar la coparticipación lo hicieron por decreto, desconociendo las exigencias de la Constitución Nacional. Lo mismo sucedió cuando quisieron cerrar las escuelas, se quiso hacer por decreto y tuvimos que ir a la Corte Suprema”, replicó hoy el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, en diálogo a radio Mitre.

“Todas las decisiones sobre las políticas tarifarias y los recorridos le corresponden al Gobierno Nacional. Si se quieren traspasar esas competencias hay que sentarse a dialogar, pero hay que cumplir con la Constitución, que dice que haya un acuerdo entre las jurisdicciones, que haya leyes que avalen ese acuerdo y que se traspase con las partidas presupuestarias correspondientes”, agregó.

Todas las decisiones sobre las políticas tarifarias y los recorridos le corresponden al Gobierno Nacional. Si se quieren traspasar esas competencias hay que sentarse a dialogar, pero hay que cumplir con la Constitución, que dice que haya un acuerdo entre las jurisdicciones, que haya leyes que avalen ese acuerdo y que se traspase con las partidas presupuestarias correspondientes.

Desde que se conoció la iniciativa de la Nación de este recorte en los 14.600 millones de pesos que se emplean para subsidiar a las 32 líneas que se mueven exclusivamente dentro de la Capital Federal, tanto Horacio Rodríguez Larreta como sus funcionarios insisten en que están dispuestos a negociar. Aclaran como en la respuesta que el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, le envió que “debe ser respetando y cumpliendo la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 2)” y que “los principios que imperan en lo que se denomina federalismo de concertación. En cumplimiento de prescripciones constitucionales CABA será inflexible en la defensa de su autonomía”.

Creen como manifestó el jueves Rodríguez Larreta al inaugurar un centro de monitoreo del anillo digital que abarca a la avenida General Paz y la Panamericana que esta intención del ministerio de Transporte es “un embate más del Gobierno contra la Ciudad. Otra vez yendo contra los ciudadanos, millones de argentinos que circulan, que son porteños y también de las provincias”. Son varios los integrantes del Ejecutivo porteño que piensan que la quita a la Ciudad forma parte de una estrategia para esmerilar la imagen de Larreta, quien se proyecta como un posible aspirante a la presidencia en 2023.

“Trabajar en una transferencia de responsabilidades requiere de un acuerdo. Lo que dejaron trascender es háganse cargo. Si se hace sin diálogo, la tarifa va a subir. Si la Nación decide correrse no podemos hacernos cargo del total del subsidio de los colectivos de la Ciudad. Si se trata de compartir esfuerzos, lo vamos a hacer”, sostuvo Jorge Macri, ministro de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales porteño.

A los funcionarios de la Ciudad les molestó especialmente haberse enterado por medios periodísticos de las intenciones de quitar estos subsidios. El jueves, día previsto para la primera reunión ante Transporte, piensan sentarse y discutir. Están en juego 14.600 millones de pesos. De esa cifra, en 2021, la Ciudad se hizo cargo del 44% del subsidio, un poco más de $6.400 millones. En 2019, antes de la pandemia, absorbía el 81% del total.

El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, le aseguró a Infobae que “se mantendrán los beneficios del boleto integral que otorga descuentos cuando el usuario utiliza más de un medio de transporte público, por ejemplo, tren y colectivo o subte y colectivo. Y también todos los del atributo social, es decir la tarifa diferencial que se aplica mediante la SUBE a jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas o veteranos de Malvinas”.

Además de las razones que expuso el Gobierno nacional para que los subsidios pasen a engrosar el Fondo Compensador que comprende a todo el país y que se creó a partir de la pandemia de Covid 19, el ministro de la provincia de Buenos Aires se subió a la polémica a través de su ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, quien hizo alusión al Consenso Fiscal que se firmó en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y que traspasó el costo de los subsidios a todos los estados provinciales, exceptuando a la Ciudad.

“Esto con la provincia de Buenos Aires se cumplió a rajatabla. En el 2021 la Provincia, en lo que tiene que ver con subsidios al transporte, pagó el 91% y la Nación pagó el 9%”, explicó D’Onofrio sobre el financiamiento a los viajes de sus 242 líneas de colectivos internas, que le demandó un desembolso de 122 mil millones de pesos en el último año.

“Las líneas nacionales que van de provincia a la Ciudad las paga la mayor parte la Provincia porque (Mauricio) Macri por decreto dividió las responsabilidades por kilómetros”, indicó el funcionario de Axel Kiciloff, y agregó: “Los bonaerenses hace mucho tiempo que nos hicimos cargo de los subsidios del transporte, no solo los del conurbano sino del interior, donde hay una asimetría muy fuerte”. Las líneas interjurisdiccionales, que en su trayecto abarcan tanto Capital como el conurbano bonaerense o sea el conjunto del AMBA, son 103.

En Transporte sostienen que con la ley sancionada en marzo de 2012, la número 26.740, se pudo concretar tres años después el traspaso a la Ciudad de la red de subterráneos pero que quedaron cuestiones pendientes. En ese momento hubo acuerdo entre las partes y una ley refrendada en la Legislatura porteña. El Gobierno comunal, en manos entonces de Mauricio Macri, aumentó la tarifa un 127%: pasó de valer $1,10 a $ 2,50.