Cuando el viernes Mauricio Macri habló de las “atractividades” de la Argentina, olvidó una: no pasa un mes sin que a un funcionario se le caiga una offshore del bolsillo. Puede ser una cuenta. Puede ser una empresa radicada en un paraíso fiscal. Lo que está claro es que estos instrumentos aptos para evadir impuestos, triangular comercio y disfrazar la titularidad de la riqueza ya son tan PRO como el traje azul oscuro y la camisa celeste sin corbata. El último protagonista fue nada menos que Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia de la Nación. El anterior fue nada menos que Luis “Toto” Caputo, ministro de Finanzas. El primero había sido nada menos que el Presidente.

La información sobre Díaz Gilligan fue publicada por el diario El País, que no es chavista ni populista ni lulista ni kirchnerista ni correísta ni evomoralista. La fuente invocada son documentos de la Banca Privada de Andorra, el país enclavado entre la Cataluña francesa y la española que tras ser un paraíso abandonó el secreto fiscal el 1° de enero de este año. 

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Según El País, a Gilligan le apareció una cuenta de 1,2 millones de dólares. También de acuerdo con El País, entre enero de 2012 y noviembre de 2014 el actual subsecretario fue accionista de la firma Line Action LTD, con intereses en la compra y venta de jugadores de fútbol. Line LTD era británica y a la vez dueña de la sociedad panameña Nashville North. 

Gilligan replicó: “La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa”. Dijo que operó en Line Action por pedido de los propietarios de otra firma, GolTV, “en la cual me desempeñaba entonces como asesor”. 

GolTV estaba regenteada por Francisco “Paco” Casal, uno de los hombres fuertes del fútbol uruguayo y sudamericano y muy cercano a Gilligan. 

Antes de acceder a la Casa Rosada, Gilligan fue funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Turismo. Dijo que entonces no declaró su vinculación con Line Action porque en ella no tenía “ni sueldo, ni honorarios ni dividendos”.

Carlos Cué, corresponsal de El País en la Argentina, hizo un resumen sencillo sobre el estado del caso: “El Ejecutivo respalda a Díaz Gilligan, que insiste en que no hizo nada incorrecto porque el dinero no era suyo, pero en la oposición y en las redes sociales arreciaron las críticas y las peticiones para que dimita”.

El sociólogo Gerardo Aboy Carlés, que tuitea como @Breogan66 y en 2015 analizó con realismo los efectos políticos de la muerte de Alberto Nisman, escribió el viernes que según El País “Díaz Gilligan mantuvo la empresa durante 11 meses siendo funcionario de la Ciudad”. Aboy Carlés afirmó que Fernando de Andreis, secretario general de Presidencia, no dijo la verdad cuando defendió a su segundo.

El politólogo Andrés Malamud tuiteó que “siguiendo la doctrina oficial, cuando hay un enfrentamiento entre un funcionario y un paraíso fiscal el culpable es el paraíso fiscal”. 

Escribe el corresponsal Cué que “si Díaz Gilligan asumió en 2015, cuando Macri llegó al poder, en la declaración tenía que haber comunicado esa cuenta porque el informe se hace sobre el año anterior, esto es 2014”.

Aparece también en el diario madrileño un descargo textual de Díaz Gilligan. Es éste: “Por solicitud de los titulares de la firma GolTV, en la cual me desempeñaba entonces como asesor, en 2012 asumí como director de la empresa británica Line Action LTD, dedica a la intermediación deportiva. Mi vínculo con esta empresa finalizó en 2014, a raíz de mi nombramiento como director de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. La información en la que se me acusa de haber ocultado un millón de dólares es falsa, ya que no obtuve compensación alguna por parte de la empresa mencionada. Ni sueldo, ni honorarios, ni dividendos. Ni durante ese período ni tampoco posteriormente. Por esta razón es que no tuve ingresos que declarar en la Argentina”.

Paco

Gilligan es vocal de River Plate. Compartió el mundo de los negocios y el fútbol con Casal, un ex futbolista sin luces para quien Gilligan dijo haber hecho todo gratis. 

De 59 años, Casal tiene una web, que se llama “Paco Casal” y aclara debajo que es “La página de Paco Casal”. Con profusión de notas sobre el uruguayo Diego Godín, el capitán del Atlético Madrid que según la web interesa al Inter de Milán, la página incluye una biografía en tercera persona. Informa: “Francisco Paco Casal es un empresario exitoso y amante del fútbol. Hace aproximadamente 18 años Francisco Casal inició una carrera empresarial relacionada a su deporte favorito: el fútbol. Al día de hoy es dueño de la empresa Tenfield fundada en 1998 junto a Nelson Gutiérrez y Enzo Francescoli. Paco Casal también es dueño de GolTV Latinoamérica y GolTV Estados Unidos”. 

Casal fue uno de los empresarios nombrados ante la Justicia de los Estados Unidos por Alejandro Burzaco, el ex directivo de Torneos y Competencias. En noviembre de 2017 el periodista Ken Bensinger publicó un tuit según el que Burzaco testimonió que Paco Casal tendría experiencia en sobornos en beneficio de todas las autoridades futbolísticas de la región y habría usado las coimas para ganar derechos de transmisión en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. 

Con estos datos cobra relieve otro tramo de la declaración de Burzaco. Dijo que los sobornos eran pagados en cuentas radicadas en Suiza. También en casas de cambio con sede en Buenos Aires. Y adivinen dónde más. En Andorra.

Guión

Ante cada información sobre una offshore nueva el Gobierno sigue ensayando el guión que, por ahora, le resulta eficaz. Quizás excesivamente confiado en sus propias fuerzas de difusión y en la creencia de que puede controlar el humor social, por un lado despolitiza los datos y por otro busca que en Tribunales los magistrados cierren las causas y dicten sobreseimientos. Por si las moscas. 

Cuando apareció Gilligan con su isla en Andorra, la obsesión oficial era blindar a Caputo. 

Antes del último episodio el ministro de Finanzas ya venía bajo sospecha. Este diario publicó el 8 de septiembre de 2017 una presentación del fiscal general Gabriel De Vedia. “En virtud de decisiones del funcionario, durante 2016 se invirtieron más de 500 millones de pesos en un Fondo Común de Inversión cuya administración estaría vinculada en el ámbito privado al propio Caputo”, dijo el fiscal. Las compras habrían sido canalizadas a través de la administradora de fondos Axis e incluyeron el pago de comisiones al Deutsche Bank, del que Caputo fue presidente, como custodio de los títulos. 

Caputo explicó que renunció a Axis el 4 de diciembre de 2015, seis días antes de asumir como ministro de Macri. Asumió el socio y cofundador de Axis, Carlos Planas. Según el fiscal, en abril de 2016 el Comité Ejecutivo del FGS decidió por unanimidad invertir 300 millones de pesos en Axis Ahorro Plus, ligada a la Axis madre y al Deutsche Bank padre. 

Hace una semana el equipo argentino Paradise Papers señaló que entre agosto de 2009 y julio de 2015 Caputo fue el principal accionista de la firma Princess International Group, con sede en las Caimán. De acuerdo a lo publicado por Perfil, Caputo detentaba más del 75 por ciento de las acciones. Pero no lo informó en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción pese a que debía reportar las actividades de 2014.

Desde Princess se ramificaba Affinis Partners II, en Caimán, y Noctua, una gerenciadora de fondos de inversión asentada en Delaware y Miami, Estados Unidos. 

El ministro dijo que nunca fue accionista. 

“Caputo mintió deliberadamente ocultando un patrimonio que no se compadecía con sus declaraciones fiscales”, denunció el senador Fernando Pino Solanas antes de viajar a Berlín para recibir un premio por su carrera cinematográfica. 

“Si bien eran conocidos sus antecedentes laborales en el sector financiero, no se sabía la existencia de su pertenencia a varias sociedades offshore”, escribió Solanas en la denuncia que ya obra en poder de la Justicia.

“Lo valioso en el caso de Paradise Papers es que la SEC, la comisión de valores de Wall Street, contestó un pedido de información pública y certificó la documentación”, dijo el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade. “Es un paso concreto que evita el problema de los exhortos no respondidos o mal respondidos.” 

El miércoles Tailhade fue a la fiscalía de Carlos Rívolo a pedir que la investigación tenga en cuenta las investigaciones periodísticas y cite como testigos a las redactoras y redactores. “Salí satisfecho cuando vi que el fiscal ya lo había hecho antes de que yo se lo pidiera”, dijo. “Está bien, porque una investigación normal debería reunir pruebas suficientes para elevar el caso a juicio oral en no más de seis meses.”