Por Ramiro Melucci

En algún momento del segundo semestre, cuando todos los proyectores apunten primero a las PASO, después a las generales y luego a un posible balotaje, el predio de disposición final de residuos entrará en su fase más crítica. Ese vaporoso cálculo temporal es el que hacen a esta altura del año las autoridades municipales. Indicativo de que no prevén un colapso inminente, pero también de que las obras de ampliación deben realizarse sí o sí.

El de los residuos es uno de los asuntos troncales del distrito que dice presente en el año electoral. Lo reintrodujo la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante la semana pasada. La oposición volvió a plantear sus dudas respecto a los tiempos que maneja el Ejecutivo para construir el módulo 2. Los concejales le pidieron al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) que señale cuánto saldría la obra, cómo está el trámite ante Nación para lograr su financiamiento, si hay una alternativa en caso de no conseguirlo y los plazos previstos para la elaboración del pliego, la adjudicación de la licitación y la ejecución de la obra.

Parte de esas preguntas ya tienen respuestas puertas adentro del municipio. Por insuficiencia de fondos, la primera decisión que tomó es la de no realizar la obra en todo el módulo, sino en un primer sector, lo que tendría un costo aproximado de $ 680 millones. El financiamiento nacional no está garantizado, pero en el municipio no dudan: “Si no lo obtenemos, se utilizarán recursos municipales, porque la obra hay que hacerla”. El mes próximo estaría terminado el pliego y “la obra va a estar hecha” antes del tan temido colapso, aseguran cerca del intendente.

Mientras tanto, el gobierno de Guillermo Montenegro espera que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo levante la medida cautelar que suspendió un artículo del pliego de licitación aprobado por el Concejo para la operatoria del predio. El plan oficial es que una empresa se haga cargo del servicio y culminen las contrataciones de emergencia que hizo el Emsur tras la salida de la Coordinadora Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), en julio de 2021.

Recién ahora van quedando claros algunos aspectos de aquella desvinculación. El municipio le quedó debiendo a Ceamse $ 417,7 millones y abrochó un convenio para abonarle con un pago inicial de $ 120 millones (que ya se hizo) y el resto en cuotas que terminarán de pagarse en enero del año que viene.

“Ya habíamos recibido el contrato con deuda. Y si no se resolvía discontinuarlo hubiera sido una bola imposible de pagar”, argumentan en el Ejecutivo, y dejan en claro los motivos del fin de la relación con Ceamse: el precio de la prestación. “Un año después de su salida les estábamos pagando lo mismo a las empresas que contratamos, como si no hubiera habido inflación”, justifican. Un detalle: en el convenio, Ceamse dejó a salvo su derecho a reclamar por $ 30,8 millones que el municipio no le reconoció.

El financiamiento nacional para el predio de residuos no está garantizado, pero en el municipio no dudan: “Si no lo obtenemos, se utilizarán recursos municipales, porque la obra hay que hacerla”.

A fin de año, cuando ya el calendario electoral haya despegado todas sus hojas, concluirá la prórroga de las concesiones del transporte. Es otro de los temas medulares. Tras el fracaso legislativo de 2021, el Ejecutivo le hizo modificaciones al pliego de licitación y lo envió al Concejo en noviembre del año pasado. Hubo una primera reunión de trabajo en diciembre en la Comisión de Movilidad Urbana, con la presencia del secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván. Pero nada más. Se espera que mañana el presidente de la comisión, el oficialista Guillermo Volponi, anuncie un segundo encuentro, esta vez con los miembros de la Facultad de Ciencias Económicas que llevan adelante la nueva fórmula para calcular el valor del boleto.

Con el pliego a paso lento, el que comenzará su circuito legislativo será el aumento reclamado por los empresarios para llevar el boleto $ 209,38. Habrá un pedido de cálculo de costos al Ejecutivo y, ante la falta de votos para un nuevo incremento, todo concluiría dentro de algunas semanas con otra cesión de facultades al intendente.

Tampoco asoma el consenso para aprobar la regulación de las plataformas digitales de transporte. El oficialismo hizo contactos con taxistas para tratar de explorar alternativas a la redacción del proyecto, pero chocó con la negativa del sector a incorporar las aplicaciones. Presenta, además, nítidas divergencias internas, con un radicalismo que no quiere quebrar lazos con los taxistas y una Coalición Cívica que no deja de presionar. El último estiletazo fue el proyecto de Angélica González para solicitarle al intendente que realice una consulta popular, al que nadie en el Concejo le pronostica mayor suerte.

En una semana signada por la nueva toma de terrenos en el barrio Las Heras, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se repartieron culpas. El senador Alejandro Rabinovich, hombre clave de Montenegro, acusó al Gobierno nacional de incentivar las tomas para generar caos en Mar del Plata. Como argumento blandió una página oficial que da números de teléfonos para prevenir desalojos. El asunto es que, en rigor, la página refiere al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), establecido por ley. Y el detalle es que los desalojos en los barrios incluidos en ese registro están prohibidos. En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados de la Nación prorrogó la ley hasta 2027. Fue casi por unanimidad: tuvo dos votos negativos y tres abstenciones.

El Frente de Todos respondió con las viviendas construidas y por construir financiadas por el gobierno bonaerense en municipios gobernados por la oposición, como Maipú, Madariaga, Ayacucho, Rauch y Balcarce. Que no pase en General Pueyrredon, interpretó, no es por discriminación, sino por falta de voluntad política y de gestión municipal.

Más oblicuo había sido unos días antes en la Comisión de Industria, cuando el radical Gustavo Pujato exhibió una promesa escrita en el aire, de los tiempos ya inmemoriales en que el kirchnerismo toleraba a Martín Guzmán. 

Aludió al anuncio que hicieron en enero de 2021 la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y el entonces ministro de Economía para ampliar el puerto mediante la construcción de un nuevo espigón. “Fue un invento, sarasa”, dijo Pujato. Nadie le respondió.

En el expediente contestó el presidente del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia. “La dificultad para la construcción de un nuevo espigón fue la falta de recursos propios o financiamiento para su concreción. Es en este marco que se realizaron las gestiones para obtener un crédito del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En la actualidad se continúa trabajando para la aprobación del proyecto, en la gestión de las autorizaciones pertinentes por parte de organismos nacionales y provinciales”, señaló. Y apuntó que “una obra de esta magnitud requiere licencias que se encuentran en trámite”.

Felizia señaló que sería “un acto de irresponsabilidad” precisar en este marco la “fecha de inicio de obra”. Pujato no se dio por satisfecho con la respuesta interna y buscó insistir con su pedido de informes. Esta vez Acción Marplatense jugó para Raverta: con su voto y el del Frente de Todos, el expediente se fue derecho al archivo.