La concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, se refirió a la medida cautelar otorgada por la Cámara en lo contencioso administrativo federal en respuesta a la solicitud de la empresa Telecom, la cual solicitó un amparo legal para no prestar un servicio básico a quienes se constituyen como beneficiarios, tras la promulgación del DNU 690/20, ratificado luego por Ley. “No sorprendió esta situación ya que no modifica lo que venía ocurriendo en la práctica, ya que Telecom incumple la Ley desde hace más de 8 meses” aseguró la edil.

La concejal, quien además desempeña una tarea muy activa como profesional en la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, agregó que “desde hace meses, recibimos reclamos de muchos campanenses quienes le habían solicitado a Telecom la prestación básica, y la empresa la negaba. Esto en nuestra ciudad tiene una implicancia mayor, ya que es la empresa que concentra la mayor cantidad de usuarios locales”.

Carrizo confirmó que “la empresa no respetó la norma, aún sin tener una cautelar que la beneficiara. Por esa razón he derivado cada reclamo vecinal al Enacom, y mantengo un canal abierto de comunicación con el organismo que seguirá interviniendo, interponiendo un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias”.

La edil manifestó: “Es fundamental que, desde el ámbito local, promovamos la defensa de los derechos de los usuarios y usuarias, protegiendo y alentando siempre la competencia, a fin de disminuir la concentración de clientes ya que resulta importante para satisfacer las necesidades comerciales de nuestra ciudad en la temática, que en este momento se intensifican con el teletrabajo y la educación virtual”.

Para finalizar, la Dra. Carrizo comentó el fallo judicial que suspendió la prestación básica universal por parte de Telecom: “Las telecomunicaciones son un servicio público que el estado debe regular. En nuestro país, con 45 millones de habitantes, hay más de 65 millones de celulares con los que se estudia, se trabaja, y nos mantenemos comunicados cuando permanecemos aislados, y eso es esencial para las actividades cotidianas de cada persona. Los jueces que lo desconocen benefician solo a una corporación en perjuicio del conjunto de usuarios que son la parte más débil de la relación de consumo, y por ello el precio en este caso no puede quedar librado simplemente a las reglas de la oferta y la demanda. Necesitamos jueces y juezas que dejen de priorizar y ser custodios de los intereses de las corporaciones, en desmedro de las y los ciudadanos. Las telecomunicaciones son un servicio esencial y por ello deben ser reguladas”, concluyó.