La recesión económica, el crecimiento desenfrenado del gasto público improductivo y las necesidades electorales de un gobierno al que la sociedad le está dando la espalda, constituyen un combo explosivo. Las consecuencias, como no podía ser de otra manera, caen sobre el bolsillo de la ciudadanía.

Ayer se conoció que el kirchnerismo se dispone a cubrir con publicidad oficial los laterales y vidrios traseros de 17.000 colectivos que circulan por el área metropolitana, incluido La Plata. Para eso el Ministerio del Interior y Transporte, a cargo de Florencio Randazzo, alias el “hombre de la eterna sonrisa”, prepara una resolución que impone a las empresas de transporte la colocación de los avisos como requisito para seguir percibiendo los subsidios que mensualmente aporta el Estado, con el dinero aportado por todos los ciudadanos que pagamos los impuestos.

¿Que sucederá si algunos empresarios se niegan a ceder a la extorsión kirchnerista? Dejarán de recibir los subsidios, y no tendrán otra alternativa que dejar de circular o solicitar que los municipios o el gobierno bonaerense le autorice un incremento tarifario. En otras palabras, el gobierno K buscará que el costo político de un eventual tarifazo recaiga sobre la Provincia y los municipios.

Por un lado, existe una necesidad electoral del gobierno K de acaparar todo el espacio público. Pero a eso se le suma que una cuestión económica no menor: la caja que durante años financió el reparto discrecional de subsidios se agotó, producto de las políticas de saqueo del kirchnerismo (ver aparte).

Algunos números hablan por sí solos. En 2012, el gobierno nacional tuvo que destinar la friolera suma de $16.531 millones a empresas de transporte público de pasajeros de corta distancia, mientras en lo que va del año ya se lleva gastado $5.676 millones. Solamente para el área del Gran La Plata, el años pasado se destinaron $162 millones ($50,3 millones en lo que va de 2013), distribuidos en las empresas Línea Siete S.A, Nueve de Julio S.A, Transporte La Unión Línea 202, Unión Platense SRL, Transporte La Unión S.A, Empresa Línea Siete SAT y Empresa Nueve de Julio SAT.

Actualmente, el subsidio que aporta el Estado se cubre el 17% del costo del combustible y 44% del gasto en personal de estas empresas; como así el 9,1% del gasto en renovación de unidades y casi el 5% del mantenimiento, entre otras erogaciones. Por eso, cualquier recorte en el aporte estatal implicará que, indefectiblemente, ese costo extra se traslade al boleto que paga el usuario.

El Indec de Randazzo

Según trascendió, la publicidad oficial en los micros, que llevara el logro de Presidencia de la Nación, apuntará a una campaña de concientización en seguridad vial. Dato llamativo en un gobierno que, por la falta de inversiones en infraestructura vial, tiene el record de accidentes fatales. Hay números escalofriantes: según la ONG Luchemos por la Vida, 112.276 personas murieron en los últimos quince años en accidentes de tránsito ocurridos en el país, lo que representa un promedio de 21 víctimas fatales por día. Solamente, en el año 2012, Luchemos por la Vida contabilizó 7.485 víctimas, mientras que las estadísticas oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio del Interior, sólo llegan hasta 2011. Ese año, según la mencionada ONG, se reportaron 7.517 víctimas fatales, mientras que la ANSV solamente registró 5.040 muertos. Cualquier similitud con el INDEC no es mera coincidencia.

“Cualquier campaña de seguridad vial que se quiera hacer, tendrá un efecto muy limitado si no se acompañan de obras de infraestructura. Y en este aspectos tanto el gobierno nacional, como las provincias, han hecho poco y nada”, le dijo a Hoy el ingeniero Ricardo Lasca, titular de la Comisión Nacional de Usuarios Viales (Conaduv).

Si se toma en cuenta la última década, en la Argentina se construyeron apenas 26 km de autopistas por año, cuando entre 1864 y 1914, con una tecnología absolutamente rudimentaria, se construía un promedio anual de 688 kilómetros de líneas férreas. Las diferencias hablan por sí solas. No por casualidad, hasta mediados del siglo pasado, éramos una de las principales economías del mundo, mientras que ahora la Argentina el único ranking que encabeza es por tener uno de los mayores índices de inflación.

EN FOCO

Los subsidios, una muestra del fracaso K

¿Por qué existen los subsidios? Responder a esta pregunta apunta, directamente, al corazón del sistema kirchnerista.

Los K, al llegar al poder en el año 2003, se encontraron con una situación externa excepcional, con un mundo que comenzó a demandar masivamente los alimentos que se producen en nuestro país. Eso llevó a que, durante casi 10 años, hubiese un viento de cola que generó un excedente de recursos que fue utilizado discrecionalmente. Pero, en lugar de destinar ese dinero para fomentar el aparato productivo, generar valor agregado y crear trabajo genuino, los K optaron por crear una enorme estructura clientelar, haciendo que millones de compatriotas tengan que sobrevivir con las dádivas que reparte del Estado. En otras palabras, el kirchnerismo financió el voto fácil, en lugar de generar nuevas riquezas para que el poder adquisitivo de la población pudiera afrontar lo que realmente cuesta transportarse.

Como el clientelismo condena a las personas a vivir en situación de pobreza, cualquier modificación de las tarifas, especialmente de los colectivos, provoca un verdadero cimbronazo social. De ahí que, actualmente, se esté gastando la friolera suma de 16 mil millones de pesos (casi 3.000 millones de dólares) por año para mantener –artificialmente- el precio del boleto.

La situación se volvió insostenible. Hace más de un año que el país está en recesión económica y los permanentes cambios en las reglas de juego hicieron que los exportadores, los principales generadores de divisas del país, adoptaran una posición conservadora (evitando salir a vender sus cosechas), analizando que más temprano que tarde, producto de la falta de competitividad, sobrevendrá la devaluación.

Al escasear los dólares, las arcas del gobierno también se están secando. El año pasado, el kirchnerismo intentó instrumentar una política de ajuste selectivo, ofreciendo a los sectores de mayor poder adquisitivo renunciar a seguir recibiendo aportes estatales en sus tarifas de gas y luz. Luego, se instrumentó la tarjeta SUBE, que implicó una fuerte suba del costo del boleto para aquellas personas que no cuenta con ese instrumento magnético. De poco sirvió, las cuentas del Estado sigue en rojo.

En definitiva, los ciudadanos que utilizan el transporte público comenzarán a pagar, con su bolsillo, los desaguisados de la política oficial.